El exdirector del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso hasta abril de 2022, Tomás Ochoa, será investigado por el Ministerio Público tras la admisión de una querella en su contra en la arista ProCultura del Caso Convenios.
El documento apunta a que la Fundación de Alberto Larraín no contaba con la capacidad técnica para desarrollar las tareas comprometidas. Esto, tras alcanzar un acuerdo en la gestión de recursos en el marco del Programa de Asentamientos Precarios.
Se trata de un nuevo nombre revelado en el marco de la investigación de la arista ProCultura del Caso Convenios. La admisión de la querella develó los nexos entre la Fundación de Alberto Larraín y Tomás Ochoa.
Exdirector del Serviu Valparaíso habría gestionado recursos para ProCultura
La acción judicial apunta a que la exautoridad gestionó recursos públicos para un convenio del Programa de Asentamientos Precarios con la institución, sin contar con la capacidad técnica para desarrollar las tareas comprometidas en el proyecto.
Para ser más precisos, dichos recursos habrían sido solicitados para un proyecto en campamentos de Villa Alemana para hacer diseños de urbanización.
A modo de ejemplo, se desglosa el convenio llamado “Diseño de loteo, especialidades, obras de confianza y expediente de expropiación”: más de 93 millones de pesos para la intervención en el campamento Lomas de Bellavista, casi 83 millones de pesos para el campamento Manzana 33 y alrededor de 71 millones de pesos para el campamento Las Viñas de Irene Frei.
De hecho, el director de Chile Transparente, Michel Figueroa, resaltó que esto representaría el modus operandi de la Fundación, que realizaba acuerdos en contextos incompatibles con su capacidad operativa.
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En tanto, el abogado y académico de la Universidad Central, Silvio Cuneo, explicó los pasos a seguir en este proceso investigativo, enmarcado por el presunto delito de fraude al fisco.
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Se detalla, además, que tras dejar su cargo en el Serviu, Ochoa constituyó una empresa privada, la cual fue contratada por Procultura. Es decir, terminó prestando servicios en un proyecto que él mismo había impulsado desde el Estado.
Iniciativa que fue pagada, sin trabajos completados, con retrasos y faltas administrativas. Ya con el término del convenio se exigió a Procultura devolver más de 108 millones de pesos, lo que aún no ocurre.
Por lo anterior, se acusa que Ochoa defraudó al fisco, afectando el patrimonio estatal, lo que posterior a la admisión de esta querella en el Juzgado de Garantía de Valparaíso está siendo investigado por el Ministerio Público.