En el marco de la reciente resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, concejales de San Antonio advirtieron sobre las dificultades para ejecutar la orden de desalojo de la Megatoma del Cerro Centinela.

De acuerdo a los concejales, la falta de recursos e infraestructura del municipio complica el desalojo de más de 10.000 personas que ocupan el asentamiento irregular.

En concreto, las autoridades señalaron que el desafío no se limita a cumplir con la orden judicial, sino que a garantizar una reubicación adecuada para las más de 4.000 familias afectadas, lo que implicaría un reto social y logístico de gran magnitud.

En esa línea, el concejal de San Antonio y presidente de la Comisión de Territorio del Concejo Municipal, Milko Caracciolo, recalcó que la situación se vuelve insostenible a largo plazo, principalmente por la cantidad de albergues necesarios para realizar el desalojo.

“Estamos hablando alrededor de 10.000 personas, estamos hablando de sobre las 4.500 familias. Es imposible que el municipio de San Antonio tenga la infraestructura y menos los recursos económicos para cumplir lo que señala la justicia”, indicó.

Además, comentó que estas negociaciones “han sido negociaciones fallidas porque se ha puesto el derecho económico, el lucro”.

Por su parte, el concejal José Ibarra, también remarcó la complejidad de esta situación y aseguró que el municipio no tiene albergues disponibles para recibir a las personas afectadas por el desalojo.

“Es complejo el tema. El mismo alcalde también ha mencionado que una situación de desalojo, el municipio no tiene donde eh albergar, entendiendo que las personas quedan sin su hogar. Albergar todas estas personas y en una situación bien compleja”, dijo.

A raíz de esta situación, el edil sostuvo que el próximo lunes se reunirán en el municipio para conversar sobre la megatoma.

Asimismo, el director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Fernando Martínez, comentó que
comenzarán a acercarse de forma progresiva el proceso, a medida que se vayan conociendo los plazos del mismo.

“Hemos oficiado a las entidades correspondientes y nos han contestado señalando, entre otras cosas, que estaba vigente un proceso de negociación entre los pobladores, el Ministerio de la Vivienda y los propietarios”, detalló Martínez y agregó que se realizará un seguimiento “y nos acercaremos al proceso de desalojo cuando se vayan conociendo las fechas”.

Se convocó una reunión de trabajo para este lunes a las 9:00 con la participación de todos los concejales de San Antonio. El encuentro buscará analizar las medidas a tomar frente al desalojo y la reubicación de los afectados.