La Corte de Apelaciones de Valparaíso, decretó que se cumpla la solicitud de desalojo efectuada por los dueños del terreno en que se ubica la megatoma de San Antonio.

En la resolución respectiva, se precisa que en caso de concretarse el desalojo en cuestión, el municipio de la comuna deberá coordinarse con los ministerios del Interior, Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales y Desarrollo Social.

Esto último, para que implementen “de manera transitoria un recinto que reúna las condiciones adecuadas donde las personas desalojadas sean albergadas o cobijadas con posterioridad al lanzamiento”.

El pasado lunes, en conversación con Radio Bío Bío de Valparaíso, Diego Pereira, abogado de la Inmobiliaria San Antonio S.A; empresa que representa a los dueños del terreno donde se emplaza la megatoma, afirmó que no están dispuestos a negociar con “los usurpadores”.

En esa línea, declaró que “nunca hemos estado disponibles para negociar con los usurpadores porque, precisamente, ellos atentaron en contra del derecho de propiedad de mis representados, y nunca ha sido una situación que se haya pensado en circunstancia”.

“Nosotros solamente accedimos a sentarnos a negociar con el Gobierno a propósito de la mesa de negociación, pero nunca con los usurpadores“, recalcó el defensor, añadiendo que actualmente “no existe ningún diálogo abierto con el Ministerio de Vivienda”.

El abogado precisó, además, que el último mes han solicitado reuniones de lobby tanto con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, como con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.

Lo anterior también con “la gente de la delegación presidencial y con el gobernador provincial; todas las cuales han sido rechazadas o no contestadas. Por tanto, a la fecha, no tenemos ningún diálogo abierto con ninguna autoridad de Gobierno en orden de poder arribar a un acuerdo o acercar posiciones sobre el tema”.

Pereira recordó que el pasado 11 de septiembre, ingresaron un escrito solicitando el cúmplase del fallo del caso. “Obviamente, esto se ingresó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Posteriormente, la Corte solicitó a cada uno de los actores involucrados respuesta respecto de las gestiones que se han realizado tendientes al cumplimiento del fallo, esto del desalojo“, explicó.

Cabe recordar que son 10 mil las personas que viven en el asentamiento ilegal ubicado en la región de Valparaíso.