El Ministerio Público interpuso una contienda de competencia ante la Corte de Apelaciones de Iquique. La acción busca resolver la negativa de la Fiscalía de Aviación a entregar antecedentes sobre los cinco funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) detenidos por presunto tráfico de drogas. Los hechos ocurrieron cuando los uniformados intentaron trasladar sustancias ilícitas en un vuelo institucional desde Iquique a Santiago.
La Fiscalía Regional de Tarapacá, a cargo de María Trinidad Steinert, requirió información urgente a la Fiscalía de Aviación el pasado 4 de julio de 2025. Mediante un oficio solicitó detalles del procedimiento interno que detectó a los militares con drogas. El documento exigía una respuesta en 24 horas.
Recordemos que la FACh confirmó que el hallazgo ocurrió durante un control interno y que los cinco implicados quedaron detenidos. La institución afirmó que “rechaza categóricamente este tipo de hechos, reafirmando su compromiso con la probidad”.
En esa línea, la Fiscalía de Aviación respondió al oficio del Ministerio Público este 7 de julio. Carlos Yáñez, fiscal del organismo aéreo, justificó la negativa: “No le es lícito informar, comunicar o remitir antecedentes relativos a hechos sometidos a un Tribunal Militar“. Argumentó competencia exclusiva de la justicia castrense.
Fundamentos legales y urgencia
El Ministerio Público rechazó los argumentos de la Fiscalía de Aviación. En la contienda presentada a la Corte de Apelaciones de Iquique, la Fiscalía sostuvo que el acceso a los antecedentes es “indispensable” para determinar si el caso corresponde a justicia ordinaria o militar. Subrayó que los hechos involucran delitos comunes: tráfico de drogas y posible uso indebido de recursos públicos.
La Fiscalía Regional enfatizó que la información militar es crucial para identificar redes criminales externas. Advirtió que la reserva obstaculiza investigar si existen cómplices civiles. El escrito señala: “El no acceso a la información impide que el Ministerio Público ejerza sus facultades constitucionales“.
La presentación judicial cita el Artículo 19 del Código Procesal Penal. Este obliga a todas las autoridades a colaborar con el Ministerio Público. Agrega que la Ley 20.000 —sobre tráfico de drogas— establece que solo el Ministerio Público o las policías pueden investigar estos delitos.
Steinert recordó jurisprudencia de la Corte Suprema: “La competencia de la justicia militar debe interpretarse de forma restrictiva”. Destacó que los tribunales supremos han limitado el fuero militar a delitos propios del servicio, no a crímenes que afecten bienes civiles como la salud pública.
Solicitud formal a la Corte
Así las cosas, la Fiscalía Regional pidió a la Corte de Iquique ordenar la entrega inmediata de los antecedentes. Insistió en que la negativa viola el principio de colaboración entre órganos del Estado (Artículo 5 de la Ley 18.575). El escrito recalca: “La colaboración es una condición necesaria para abordar fenómenos criminales complejos”.
El Ministerio Público aclaró que no cuestiona a la justicia militar, pero exige delimitar competencias. Su objetivo es evitar investigaciones paralelas y definir si los hechos —por su gravedad y uso de medios estatales— corresponden a tribunales ordinarios.
La contienda subraya que la Ley 20.000 garantiza secreto investigativo. Así, la Fiscalía de Aviación no podría alegar riesgos de divulgación. El texto cita el Artículo 38: “La investigación será siempre secreta para terceros ajenos al procedimiento”.
Cabe recordar que la FACh informó que los cinco funcionarios están detenidos, pero no reveló el tipo de droga incautada ni detalles operativos.
La Fiscalía Regional, en tanto, advirtió que el uso de infraestructura estatal para fines delictivos agrava los hechos. Señaló que esto compromete “probidad institucional y bienes jurídicos esenciales como la seguridad pública”.