Un “conocedor del sistema penitenciario” y “líder negativo al interior del módulo”. Así fue descrito por autoridades de Gendarmería un interno de apellido Cantillana que se encontraba en prisión preventiva por los delitos de tenencia de armas prohibidas, disparos injustificados en la vía pública, amenazas, daños simples y homicidio.

El contexto de la caracterización del imputado, fue una segunda solicitud por parte del alcaide de la cárcel de Rancagua a la Dirección Nacional para trasladar al imputado a un centro de mayor seguridad, ante el peligro que significaba para los funcionarios. Y es que el nombre de Cantillana formaba parte de una larga lista de partes al encontrársele municiones de armas, verse envueltos en riñas y apuñalamientos entre internos –en un caso produciéndole la muerte a uno–, ataques y amenazas a guardias, etc.

Menos de un mes después de la solicitud, y estando el interno en aislamiento, este comenzó una huelga de hambre. Once días después, mientras se encontraba siendo trasladado al hospital penal, apuñaló a un guardia con un puñal casero. Recién posterior a este hecho, fue trasladado hacia La Serena.

Los meses entre la primera solicitud y el traslado definitivo significó un estado de alarma para los gendarmes, preocupados por la falta de escucha desde la Dirección Nacional frente a una situación que ponía en riesgo su vida, ante la que solo se actuó después del efectivo ataque.

Un pedido de ayuda

De 1,73 metros de altura, pelo oscuro y el torso y brazos con cicatrices de puñaladas y tatuajes, la cárcel no es un terreno ajeno para Cantillana. Así se describe en los distintos informes que dan cuenta de su comportamiento en los penales en los que ha estado en distintas regiones del país.

En la cárcel de Valdivia se había informado de la agresión del imputado a otro interno, el cual habría fallecido media hora después. Durante un procedimiento en junio de este año, se encontraron 10 municiones de calibre para un arma de 9mm asociadas al interno, por lo cual se solicitó por primera vez su traslado desde la cárcel de Rancagua por razones de seguridad. El mes siguiente, participó en un hecho registrado en que varios reos se encontraban dándole patadas a una reja de acceso al patio, insultando al personal y mostrando elementos cortopunzantes. Al registrar los sectores del patio, se encontraron 25 puñales caseros.

Después se registraron otras agresiones a internos, oposiciones a órdenes del personal y “actitud desafiante”, por lo que se le ingresó a un módulo de aislamiento. Diez días después, envió una serie de cartas a autoridades carcelarias y al Juzgado de Garantía de San Bernardo –en el que se lleva su causa– para informar que a raíz de estar aislado e incomunicado, comenzaría una huelga de hambre.

Casi dos semanas después de su inicio, se identificaron problemas de salud relacionados a la protesta, por lo que un gendarme empezó a trasladarlo al hospital penal de la cárcel. Durante el traslado, en uno de los pasillos, el interno sacó un puñal casero de aproximadamente 50 centímetros y comenzó a atacar al gendarme, enterrándoselo en el dorso. El funcionario comenzó a pedir ayuda, llegando un segundo funcionario, quien casi fue atacado. Todo esto mientras el interno decía “los voy a matar pacos conche…” y “con ustedes me hago la salía’ de esta cana”.

Finalmente, un tercer funcionario utilizó una escopeta antidisturbios, realizando un tiro hacia los pies del interno, cayendo este al suelo. El teniente herido, por su parte, se dirigió a un hospital externo sin riesgo vital.

La situación generó indignación en los funcionarios del penal, quienes ya habían llamado la atención sobre las condiciones de trabajo riesgosas que estaban enfrentando por la presencia de este interno, del que ya habían recibido amenazas y sospechaban del potencial acceso a un arma.

De acuerdo a fuentes internas, finalmente, posterior al ataque, el interno fue trasladado a La Serena.