El Ministerio de Salud confirmó que fueron destituidos de sus cargos los cuatro funcionarios involucrados en las torturas y vejámenes a un extrabajador con TEA en el Hospital de Osorno, en la región de Los Lagos. Estos hechos ocurrieron entre 2018 y 2020.
A través de un comunicado, el Minsal reiteró su condena a estos actos que dio a conocer el martes Denuncias BBCL y Radio Bío Bío en Osorno. Una serie de registros daban cuenta de las agresiones que sufrió el hombre y que, pese a un sumario abierto tras una denuncia presentada por el propio afectado, la instancia no arrojó responsables.
De acuerdo a lo expuesto en el comunicado, la misma jornada que salió a la luz este hecho, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ofició al Servicio Salud de Osorno para que entregara todos los antecedentes y se adoptaran las primeras medidas.
Con la evidencia a la vista, se instruyó al Servicio de Salud ejecutar de manera inmediata las sanciones establecidas en los sumarios administrativos, que “se traducen en la destitución de los cuatro funcionarios involucrados en estos graves episodios”.
También se resolvió la designación de un enviado especial al hospital, correspondiente a un abogado del gabinete de la ministra.
Se dispuso que todos los antecedentes del sumario administrativo y la denuncia se entregaran al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
En paralelo, se ordenó la apertura de un sumario administrativo por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales por omisión de denuncia a Fiscalía de los directivos de la época y revisión de los procedimientos administrativos que habían concluido en su oportunidad en el sobreseimiento de los involucrados.
Videos de vejámenes no habían sido denunciados
La Fiscalía desmintió lo declarado por la Dirección del Hospital de Osorno y el Servicio de Salud respecto al caso de torturas a un exfuncionario con TEA, ya que los videos de los vejámenes no habían sido denunciados con anterioridad. Por ello, el Ministerio Público resolvió abrir una investigación de oficio.
El miércoles, los directores tanto del hospital como del Servicio de Salud realizaron un punto de prensa, donde aseguraron que, tras conocer de este registro en 2024, presentaron una denuncia en el Ministerio Público. No obstante, la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, aclaró que no estaban en conocimiento de esos registros.
“Los nuevos antecedentes conocidos esta semana a través de los registros audiovisuales, que no habían sido denunciados con anterioridad, nos han permitido iniciar esta nueva investigación”.
La persecutora además reveló que, de momento, no se descarta el delito de tortura por parte de los acusados y que la Fiscalía ya tomó contacto con la víctima.
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También confirmó que la víctima presentó una denuncia en 2020 por el delito de lesiones menos graves en contra de un funcionario, caso que es distinto a los conocidos esta semana y cuyo proceso dejó a un imputado formalizado.
Pero debido a la gravedad de los nuevos antecedentes, la Fiscalía instruyó las diligencias investigativas a un grupo multidisciplinario de la PDI.