Las tiranteces entre el gobierno provincial y el municipio quedaron en evidencia tras el frustrado desalojo de un campamento junto a la ruta al mar en Osorno, donde si bien se llegó a un acuerdo que depuso nuevas órdenes de retiro de asentamientos desde terrenos municipales, quedó de manifiesta la falta de trabajo conjunto en la materia.

Lo anterior, entendiendo que una vez ejecutada la acción, desde el municipio se confirmó que se solicitó el desalojo, pero quien autoriza es el gobierno provincial. Ante esto, el gobernador Daniel Lilayu apuntó al municipio como responsable del procedimiento.

“Yo tendría entonces más poder que el alcalde”, argumentó, destacando que el legítimo dueño de los terrenos es el municipio.

El acuerdo garantiza paralizar las solicitudes de desalojo desde terrenos municipales pero, al ser consultado sobre otros espacios que corresponden a otros servicios, Lilayu no descartó desalojos. Sin embargo, enfatizó en que se privilegiará el diálogo.

Ante la “mezquindad política” acusada por el alcalde Jaime Bertin, quien acusó lentitud en materia de construcción de viviendas sociales, el gobernador declinó profundizar en una polémica. Afirmó sin embargo no compartir los dichos del alcalde DC.

Recordó que el municipio fue encabezado por mucho tiempo por representantes de dicho partido, cuestionando que en todo ese tiempo no se hayan hecho cargo de la falta de viviendas en la zona.

Desde el estallido social de octubre pasado son 34 las tomas que protagonizaron familias que piden apoyo para acceder a la casa propia, de las cuales 17 espacios se han recuperado.