La Corte Suprema acogió el recurso presentado por la Asociación de Contratistas Forestales de la Zona Centro Sur, denunciando en este caso puntual a la Intendencia de La Araucanía por la inseguridad en el desarrollo de su actividad a raíz de los ataques contra camiones y conductores del sector.

El abogado del gremio, Rodrigo Ruiz, confirmó la sentencia que dijo obliga al hoy intendente Victor Manoli y a los gobernadores de la región a adoptar las medidas que permitan la actividad forestal en seguridad y sin riesgo para sus trabajadores.

Las dos órdenes entregadas por el máximo tribunal incluyen que la autoridad regional deberá tener un registro de las empresas forestales contratistas y sus empleados, y también implementar una mesa de trabajo donde se coordinen conjuntamente las medidas de prevención para evitar los ataques y atentados contra camiones.

Para el abogado de los contratistas forestales, se trata de una resolución inédita de la Corte Suprema que reconoce la responsabilidad en este caso de los intendentes para que velen porque las actividades económicas se desarrollen con seguridad y sin amenazas.

Un recurso de protección similar contra la Intendencia del Bío Bío terminó con un acuerdo entre la Asociación de Contratistas Forestales y el intendente Sergio Giácaman, justamente en la línea de lo que ahora ordenó la Suprema por similar situación en La Araucanía.