El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, dijo este domingo que “algunos incendios del último tiempo están asociados al tema de la causa mapuche”, lo que causó polémica entre la oposición. Al respecto, el Gobierno respaldó sus argumentos.
El Ministerio del Interior emitió un comunicado para exponer aquellos hechos que avalarían los dichos del subsecretario.
Según el documento, el día 7 de febrero de 2019, la Intendencia de La Araucanía se querelló contra quienes resulten responsables de un incendio forestal que afectó a un predio de eucaliptos de la forestal Arauco, en la comuna de Ercilla, provincia de Malleco.
Respecto de este suceso, el Gobierno asegura que la Conaf cuenta con “antecedentes concretos que permiten determinar que en el acceso al predio se instalaron letreros con consignas alusivas a la recuperación de tierras por parte de comunidades mapuches“.
El segundo caso que argumenta el Ejecutivo ocurrió el 13 de febrero a las 15:00 horas. En dicha ocasión, una avioneta de la empresa CMPC recibió un proyectil mientras combatía un incendio forestal en el fundo Miramar, entre Contulmo y Tirúa, en ls provincia de Arauco.
Luego, a las 17:00 horas, en el mismo sector, el conductor de una camioneta de la empresa Cambium fue atacado por desconocidos que quemaban pastizales en la zona. El Gobierno señaló que el vehículo fue sustraído con ayuda de armas de fuego y luego fue quemado.
Finalmente, el mismo domingo 17 de febrero se registró “el ingreso de 100 comuneros en 60 vehículos” a un fundo en Victoria. El terreno, ubicado en el kilómetro 8 de la Ruta CH-181, fue reclamado por los manifestantes, quienes izaron una bandera mapuche.
La cartera indicó que Fuerzas Especiales de Carabineros desalojó a los ocupantes, “quienes se opusieron lanzando piedras y objetos contundentes“, dice el comunicado.
Al mismo tiempo, el Gobierno se refirió a aparición de focos de incendio en diferentes puntos del predio tomado, provocados de forma simultánea, lo que -según la dueña afectada- comprometió unas 40 hectáreas.
Ante estos argumentos, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, entregó los antecedentes a la Fiscalía y determinó que las intendencias respectivas presenten querellas “para que se investigue lo sucedido y se determinen las responsabilidades del caso”, concluyó.
Cabe mencionar que estas pruebas no necesariamente son incriminatorias y que será la Justicia quién determine hacia dónde responderán las acciones legales que presente el Gobierno.