El Fiscal de Alta Complejidad de Antofagasta, Eduardo Ríos Briones, presentó un recurso de apelación en contra de la resolución del juez Hans Eladio Durán, quien acogió un incidente de incompetencia planteado por la defensa del gobernador metropolitano Claudio Orrego Larraín en la investigación del caso Procultura. El fallo derivó la causa al 7º Juzgado de Garantía de Santiago y condenó en costas al Ministerio Público, lo que abrió un nuevo flanco judicial.
De acuerdo con el documento al que accedió de forma exclusiva La Radio, el Ministerio Público expresa sus dudas sobre la definición del juez de cambiar la competencia del caso a la capital. La Fiscalía se pregunta por qué el magistrado prefirió el tribunal capitalino para que conociera y resolviera esta causa.
En el documento, la entidad persecutora solicita a la Corte que reevalúe la decisión. “Su Señoría Ilustrísima, nos encontramos nuevamente en una evidente infracción al deber de fundamentación del artículo 36 del Código Procesal Penal”, se lee en el texto.
Además, el escrito agrega que en el considerando del Tribunal se resolvió que la oposición del Ministerio Público “carecía de sustento normativo suficiente y resultaba manifiestamente infundada”. Desde el punto de vista legal, la Fiscalía busca impugnar el criterio que determinó el traslado de la causa a Santiago.
Recurso de apelación por traslado de caso ProCultura
La apelación sostiene que la decisión carece de fundamentación suficiente y comete errores de derecho. En primer lugar, acusa que el tribunal resolvió la incompetencia en una etapa procesal impropia, adelantándose indebidamente al debate del desafuero, requisito previo para seguir la causa contra una autoridad aforada. Se alega confusión entre fuero y competencia, instituciones jurídicas distintas que el juez habría tratado como equivalentes.
En segundo término, se reprocha que la resolución desconoce la regla de prevención judicial prevista en el artículo 159 del Código Orgánico de Tribunales, que permite radicar en un solo tribunal las investigaciones de delitos complejos y multiterritoriales, como los que se indagan en Procultura por fraude al fisco, corrupción y lavado de activos. El propio tribunal de Antofagasta, se subraya, había autorizado diligencias intrusivas desde 2023, lo que consolidaba su competencia.
Otro punto controvertido es la incorporación en el fallo de expresiones nunca vertidas por la Fiscalía, como la supuesta “conveniencia” para alterar la competencia. El Ministerio Público advierte que esas palabras no fueron pronunciadas en audiencia y, pese a solicitar su rectificación, el juez se negó a corregir el error, lo que a juicio de la apelación constituye una falacia argumentativa que vicia el razonamiento.
La Fiscalía también denuncia que no hubo respuesta clara sobre por qué se escogió específicamente al 7º Juzgado de Garantía de Santiago, descartando otros tribunales de la capital que podrían haber asumido la causa. Para el ente persecutor, se trata de una decisión arbitraria que carece de motivación, infringiendo el deber de fundamentación de las resoluciones judiciales.
Ahora será el mismo tribunal que deberá analizar la apelación del Tribunal.