La justicia acogió a trámite una querella criminal por el presunto delito de fraude al fisco presentada por el director de El Diario de Antofagasta, Cristian Reyes Herrera, en contra del alcalde de la comuna, Jonathan Velásquez.
La acción judicial se relaciona a la utilización de abogados del municipio para brindar asesoría legal al jefe comunal en una causa de índole personal, ajena a sus responsabilidades oficiales.
De acuerdo a los antecedentes, los abogados Eduardo Astudillo Borlando y Marcelo Pizarro San Martín asumieron de forma injustificada la defensa y representación de Velásquez ante la Corte de Antofagasta.
Lo anterior, a propósito de diversas alocuciones de Velásquez en redes sociales con ofensas al periodista y el medio de comunicación, caso que también se encuentra judicializado por el eventual delito de injurias con publicidad.
En relación a este caso, la Contraloría Regional concluyó que no resultaba procedente que la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, por medio de sus abogados, hayan asumido la defensa jurídica del alcalde.
Esto, ya que los actos que motivaron acciones de protección en su contra no dicen relación con actuaciones propias de su cargo o del quehacer municipal, ni tampoco se asimilan a las funciones municipales.
Por lo tanto, para la parte querellante esta situación puede representar un uso indebido de recursos públicos.
Piden 3 años de cárcel para alcalde de Antofagasta
Cabe recordar que el alcalde Jonathan Velásquez ya enfrenta otra querella por fraude al fisco. En este caso, por la supuesta alteración de un contrato ya firmado de recolección de desechos domiciliarios y asimilables.
La pena que solicita la parte querellante por la comisión del delito es de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, además de la suspensión de cardo durante el tiempo que dure la condena.
La abogada querellante, Karina Ibarra, indicó que “es esencial que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y para el beneficio de toda la comunidad de Antofagasta. Nuestra intención no es entrar en un conflicto, sino que asegurar que se mantengan los estándares de integridad en la administración pública”.