A raíz de una columna de opinión del exministro Pedro Pablo Errázuriz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones durante el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera, publicada en Ex-Ante, donde planteó que el transporte público arrastraría una “deuda oculta” que heredará el próximo gobierno, se abrió nuevamente la discusión sobre la forma en que se financia el sistema Red y la real magnitud de su déficit.
Un informe de gestión del Directorio de Transporte Metropolitano de 2024 reveló esta dependencia. El Subsidio Nacional superó los $1.100.000 millones, superando con creces los ingresos por tarifas de $550.000 millones.
Desde el Ministerio de Transportes descartaron que exista una deuda heredable y afirmaron que el sistema opera bajo un esquema de subsidios definidos por ley.
La directora del Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, recalcó que el modelo chileno sigue la lógica de las grandes capitales del mundo, donde el transporte se subsidia para asegurar un servicio digno, especialmente para los sectores de menores recursos.
Asimismo, agregó que todos los recursos están previstos en la normativa vigente y que las mejoras recientes se han financiado dentro de ese marco.
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El exministro de la cartera, durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, Andrés Gómez-Lobos tampoco compartió el diagnóstico de Errázuriz. En ese sentido, señaló que no existe una deuda no abordada y cuestionó algunos puntos técnicos de la columna, como la idea de que los subsidios se concentran en los buses, recordando que la estructura contractual del sistema garantiza a Metro los dineros necesarios para cubrir sus costos.
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Gómez-Lobos apuntó también a que varias problemáticas citadas vienen desde administraciones anteriores y sostuvo que la discusión central es el nivel de calidad que se quiere para el sistema, si se busca un transporte robusto, con Metro en expansión y buses eléctricos, el subsidio seguirá siendo clave.
Con matices distintos, las autoridades actuales y exministros coincidieron en que el financiamiento del transporte responde a un modelo legal de subsidios y no a una “deuda oculta” que vaya a caer sobre la próxima administración.