La Sala del Senado despachó a tercer trámite el proyecto que reduce plazos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios.
La propuesta forma parte del llamado fast track penitenciario y cuenta con apoyo transversal. Al menos en el Senado, existe el diagnóstico compartido de que la iniciativa ayudará a enfrentar el hacinamiento y la sobrepoblación de reclusos en diversas cárceles a lo largo del país.
El punto lo hizo el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, quien valoró el entendimiento del Congreso.
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La gran mayoría del proyecto fue aprobado por unanimidad. Pero hubo un elemento conflictivo que separó al oficialismo y la oposición: la iniciativa pone nuevos requisitos para impugnar medioambientalmente la ampliación o construcción de una cárcel.
La senadora UDI, Luz Ebensperger, explicó que se pondrá como requisito el tener domicilio en la comuna o comunas colindantes en donde se emplace la construcción de una cárcel, para poder impugnar proyectos en su proceso de participación ciudadana.
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El senador socialista y presidente de la comisión de Medio Ambiente, Alfonso de Urresti, dijo que este requisito contraviene el Acuerdo de Escazú, que va en la dirección de habilitar a todos los ciudadanos y personas jurídicas, el derecho de reclamar medioambientalmente contra cualquier proyecto en todo el país.
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La iniciativa establece reglas especiales para eximir de trámites y reducir plazos para la alteración, ampliación, reparación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, que permitan conseguir una tramitación acorde a la urgencia nacional.
Para ello, se busca que las medidas que se proponen permitan, en la práctica, la ampliación oportuna de plazas regulares, la creación de Centros Penitenciarios Femeninos y módulos de máxima seguridad.