La Contraloría General de la República lanzó una ofensiva inédita contra la corrupción en el aparato estatal. A través de un oficio firmado por Dorothy Pérez, se instruyó a ministerios, municipalidades, gobiernos regionales, universidades estatales y empresas públicas entregar, en un plazo de 10 días hábiles, un detalle de las medidas de control interno aplicadas frente a hechos que ya están siendo investigados por la justicia.
El documento enumera una serie de episodios que han sacudido a distintas reparticiones públicas y que fueron detectados gracias a denuncias o pesquisas de las propias instituciones. En Calama, un funcionario fue acusado de cohecho por filtrar fiscalizaciones de patentes de alcoholes; otro utilizó una vivienda fiscal para guardar armas y dar refugio a una banda delictual.
En Chillán, un empleado público fue detenido por la PDI tras ser sorprendido traficando drogas que recibía para su incineración. En la región de Tarapacá, 13 funcionarios cayeron por corrupción: cobraban a personas para no realizar los controles exigidos por ley.
Los casos se repiten en otras zonas. En Santiago, un funcionario fue detenido por cohecho, asociación criminal y ejercicio ilegal de cargo público, mientras otro fue condenado por negociación incompatible y cohecho, tras recibir pagos por adjudicar directamente obras municipales.
La lista que exhibe Contraloría es amplia: Nueve funcionarios detenidos en la capital por soborno, cohecho y falsificación de instrumento público, al lucrar con la incautación y retiro de vehículos. Tres funcionarios capturados en Puerto Aysén cuando retiraban una encomienda con droga. Cinco funcionarios de la Fuerza Aérea sorprendidos usando aeronaves institucionales para transportar droga desde Iquique a Santiago. Seis funcionarios del Ejército detenidos por dar cobertura a una banda de narcotráfico. Un funcionario denunciado por la PDI tras ingresar droga desde Perú por un paso fronterizo.
Ante esta seguidilla de hechos, la Contraloría exige que cada institución detalle sus controles preventivos, detectivos y correctivos, además de precisar fechas de ocurrencia, número de involucrados, procesos sumarios y sanciones aplicadas. Quienes conocen de estas fiscalizaciones a los estamentos estatales explicaron a Radio Bío Bío que “no se trata de perseguir a los funcionarios públicos”, sino de constatar cómo funciona el control administrativo frente a irregularidades que sí han sido descubiertas e investigadas.
El concepto “Alguien te mira”, en referencia a la teleserie de 2007 de TVN, es la forma en que algunos describen las decisiones que está tomando la Contraloría General de la República.
La entidad ha comenzado a revisar de manera sistemática el funcionamiento administrativo de las reparticiones estatales, especialmente en aquellos casos en que la institucionalidad ha reaccionado denunciando las irregularidades. Sin embargo, la pregunta de fondo que busca responder es otra: ¿qué se ha hecho para evitar que vuelvan a ocurrir?