Luego de cinco años de que quedase al descubierto, este lunes se desarrolló la primera jornada de formalización del caso denominado “Papaya Gate” en el Juzgado de Garantía de La Serena, que tiene en el centro de la atención a la exintendenta de la UDI, Lucía Pinto.

Durante la instancia, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, imputó los cargos a la exintendenta de Coquimbo durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera; además de su exadministrador regional de aquel entonces, José Cáceres.

A ellos se suma el gerente general de la Inmobiliaria Guayacán, Pablo Bracchitta. A todos se les imputó el delito de fraude y en el caso particular de José Cáceres se le añade el delito de negociación incompatible.

Adicionalmente el Ministerio Público busca demostrar varios delitos tributarios para los empresarios Lorenzo Iduya; Nicolás Bakulic; Karim Daire, Manuel Daire y Luis Iver.

En concreto, el caso da cuenta de la compra de terrenos por parte del Gobierno Regional de Coquimbo para la creación de un centro deportivo en el sector denominado San Ramón por más de 9.800 millones de pesos, pese a que el valor real de estos no superaría los 4 mil millones.

La intención era suplir la carencia de espacios deportivos tras la construcción del Hospital de La Serena.

Pese a que Contraloría rechazó cuatro contratos para la compra que pretendían realizar la otrora intendenta, Lucía Pinto, ésta de igual manera ingresó en una notaría de la ciudad un nuevo contrato sin que este pasara por Contraloría y su “toma de razón”, por el abultado monto, lo que determinó una investigación del Ministerio Público.

De acuerdo con lo explicado durante la audiencia, José Cáceres estuvo involucrado en un conflicto de interés en la operación, dado que desde 2016, mantuvo una relación comercial con varios socios de la inmobiliaria Guayacán, lo cual ocultó durante el proceso de compra.

Pese a lo anterior, la operación de igual manera fue realizada con conocimiento de la exintendenta, lo que llevó a un perjuicio patrimonial significativo ya que los seis lotes adquiridos fueron comprados en condiciones desfavorables, a un precio muy por encima del valor de mercado y sin considerar otras opciones disponibles.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, sostuvo que se trata de una decisión “irracional” dado el alto costo y la naturaleza del proyecto.

El fiscal Claudio Reveco, persecutor jefe de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, detalló los vínculos de José Cáceres con los empresarios aludidos en el millonario negocio, explicando que desde 2016 mantenían vínculos de carácter comercial. Todo esto, estando al tanto la exintendenta Lucía Pinto.

En la causa, actuó hasta este lunes como querellante el senador PC, Daniel Núñez, y el concejal de La Serena, Camilo Araya, quienes quedaron fuera del caso por disposición de la jueza Carolina Baroncini, la que consideró que los intereses de los persecutores y de los otros querellantes, como el Consejo de Defensa del Estado, son los mismos, lo que resultaría en una mayor desventaja para la defensa.

Durante la primera jornada, la Fiscalía solicitó el arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para los imputados vinculados al delito de fraude al fisco, es decir, para la exintendenta Lucía Pinto, su exadministrador regional, José Cáceres, y el empresario Pablo Bracchitta.

Respecto del delito tributario para el resto de los empresarios, se solicitó firma mensual y arraigo nacional, pese a que el Consejo de Defensa del Estado, pidió prisión preventiva para todos, lo cual fue valorado por el senador comunista, Daniel Núñez.

Este lunes, el tribunal autorizó a uno de los imputados, Nicolás Bakulic, a ausentarse del país hasta el 30 de junio fijándose una caución de 10 millones de pesos.

Esta jornada el tribunal deberá determinar si accede a las solicitudes de la Fiscalía y los querellantes, informando adicionalmente el plazo de investigación.