El Gobierno se desmarcó de las intenciones de un grupo de diputados del Partido Socialista de liderar una ofensiva en el Tribunal Constitucional (TC), con el fin de buscar a otros parlamentarios que tengan contratos con el Estado para ser destituidos, luego de lo sucedido con la ahora exsenadora Isabel Allende a propósito de la fallida compra de la casa de Salvador Allende.
Recordemos que un reportaje de The Clinic reveló que al menos cinco legisladores también habrían transgredido el artículo 60 de la Constitución, que prohíbe a los ministros y parlamentarios celebrar o caucionar contratos con el Estado.
Entre los legisladores se encuentra el senador Juan Castro, del Partido Social Cristiano; el senador Luciano Cruz-Coque, de Evópoli; el senador Fidel Espinoza, del Partido Socialista; los diputados Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, y Ximena Ossandón, de Renovación Nacional.
Lo anterior motivó que los diputados Daniel Manouchehri, Tomás de Rementería, Daniela Cicardini, Jaime Naranjo y Nelson Venegas, todos del PS, anunciaran que se encuentran analizando, estudiando los antecedentes, por medio de sus equipos jurídicos, para eventualmente llegar hasta el Tribunal Constitucional (TC).
Consultada al respecto durante una rueda de prensa en La Moneda, la ministra vocera subrogante, Aisén Etcheverry, se desmarcó de la intención de los diputados socialistas.
“Los distintos órganos que componen el Estado son independientes y esa independencia es algo que nosotros respetamos muchísimo, por cierto, y los partidos políticos también tienen todas las prerrogativas para hacer los análisis y tomar sus propias decisiones”, estimó.
“Nosotros como Gobierno recibimos el fallo, lo acatamos como lo hemos dicho en otras oportunidades, lamentamos sus consecuencias, pero seguimos adelante, avanzando en la agenda de Gobierno, que es lo que nos corresponde”, agregó la vocera subrogante.
“Lo hemos dicho ya en reiteradas oportunidades, como Gobierno, por supuesto lamentamos las consecuencias que tiene el fallo por el retiro de la senadora Allende del Parlamento. Sin embargo, lo que nosotros nos corresponde como Gobierno es acatar su contenido”, insistió.
“Respecto de los análisis que puedan hacerse, eso le corresponde a los académicos que estudian el Derecho constitucional”, añadió Etcheverry.
En esa línea, la ministra sostuvo que “es sin duda un fallo que, por su carácter de inédito, va a dar mucho que hablar. Pero en esa conversación, el Gobierno por supuesto no es parte. Nosotros acatamos el fallo y seguimos adelante”.
Por otro lado, respecto a las posibles responsabilidades de funcionarios del Gobierno en la fallida compra de la casa de Salvador Allende, Etcheverry insistió en pasar la página.
“Respecto de las responsabilidades, nosotros estamos enfocados en la tarea de Gobierno, en avanzar en las distintas reformas y también en continuar colaborando con las distintas instancias donde esta materia también se está investigando”, señaló.
“Y en caso de establecerse responsabilidad en esos espacios, igual, como hacemos con el fallo del Tribunal Constitucional, acatar los resultados”, concluyó.