A dar vuelta la página y concentrarse en la próxima reunión que retome el diálogo constitucional. Esa fue la decisión de todos los partidos políticos, luego del impasse ocurrido ayer, donde cuatro parlamentarios no fueran avisados de la suspensión de la instancia multilateral y denunciaran un intento del oficialismo de entorpecer el diálogo.
En concreto, los diputados de RN, Diego Schalper; de Evópoli, Francisco Undurraga; de la UDI, Guillermo Ramírez; y de la DC, Eric Aedo, denunciaron a través de un comunicado esta situación, incluso algunos de ellos traspasando esa responsabilidad al Gobierno.
Hoy, el presidente de la UDI, Javier Macaya, bajó el tono y sostuvo que el diálogo no puede complicarse por este tipo de cosas.
“No nos hemos parado de la mesa y seguiremos conversando en esa mesa de diálogo hasta obtener un buen resultado. Todo el diálogo que sea necesario para tener un buen resultado, una nueva Constitución, no queremos exacerbar los ánimos (…). Vamos a estar disponibles a que ese diálogo continúe de buena forma”, señaló Macaya.
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“No hay intento de parálisis”
El presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, aseveró que las conversaciones se retomarán y dijo que la reacción de los parlamentarios fue exagerada.
“Eso fue una descoordinación más de forma que de fondo. Yo creo que se sobreexageró. No hay ningún intento de parálisis de las conversaciones”, aclaró Latore.
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Quienes también pusieron paños fríos fueron los presidentes del Senado, Álvaro Elizalde y de la Cámara Baja, Raúl Soto, que aludieron a una descoordinación que no tuvo una intención política.
“Fue una descoordinación. Yo no le daría una connotación mayor. No creo que haya una intencionalidad política”, precisó Elizalde.
Mientras que Soto lamentó “la descoordinación”, pero dijo que “evidentemente está la voluntad de todos los actores para retomar esta conversación”.
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Cabe mencionar que es muy probable que las reuniones multilaterales se retomen mañana temprano, para seguir acercando posturas respecto de las diferencias que quedan, el mecanismo por un lado y el organismo fiscalizador de los principios institucionales, por otro.