La Contraloría solicitó un informe al Ministerio de Desarrollo Social y Familia tras las graves denuncias que pesan sobre la titular de la cartera, Karla Rubilar, en cuanto a una presunta utilización de recursos públicos para la campaña a diputado de su pareja, Christian Pino.
Mediante un reportaje emitido por T13, se conoció la queja por parte de funcionarios del ministerio. A través de un chat institucional, habrían recibido instrucciones para beneficiar a Pino, quien postula por el Distrito 8 de la región Metropolitana.
A ello se suma una intervención del diputado Gabriel Ascencio (DC), quien envió un oficio de fiscalización al contralor general de la República, Jorge Bermúdez, solicitando una inmediata investigación por intervencionismo electoral.
“Habría una abierta infracción a las normativas de probidad administrativa y a las claras instrucciones que ha dado Contraloría respecto a la participación de funcionarios públicos en campañas electorales, lo que debe ser siempre fuera de horario laboral”, señaló el parlamentario.
A través de su cuenta de Twitter, el organismo declaró que “tras los hechos difundidos, tanto en prensa como en redes sociales, hemos recibido denuncias ciudadanas y parlamentarias. Sobre el caso, se solicita informe al Ministerio de Desarrollo Social”.
En este caso, se habría incumplido abiertamente el artículo 62 de la Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado; 61 y 84 de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo; y el inciso primero del artículo 8° de la Constitución que indica: “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”.
Durante las próximas horas, se espera que la propia ministra Rubilar entregue su versión de los hechos desde el Palacio de La Moneda.