La investigación de la Contraloría General de la República contra siete generales del alto mando de Carabineros, para determinar responsabilidades administrativas por las violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social, abrió el debate -especialmente en la derecha- sobre las atribuciones del organismo fiscalizador.
La causa se inició, debido a una serie de denuncias presentadas por distintas organizaciones.
Esta investigación ha sido criticada por dirigentes de Chile Vamos, que acusan a la Contraloría de tomar acciones que irían más allá de sus competencias.
La senadora UDI que integra la comisión de Constitución, Luz Ebensperger, sostuvo que al organismo no le corresponde involucrase en casos que están siendo investigados por los tribunales de Justicia.
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La abogada y académica de Derecho Administrativo de la Universidad del Desarrollo, Constanza Tobar, dijo que la participación de la Contraloría se explica, en parte, por la falta de un sistema de control intragubernamental, presente en países como Argentina y Perú.
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El abogado de la Universidad de Chile, Tomás Jordán, afirmó que la Contraloría está actuando acorde a lo establecido en la Constitución, que la faculta a perseguir eventuales responsabilidades administrativas.
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El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Diego Portales, Pablo Soto, reforzó este argumento, señalando que es deber de la Contraloría determinar la legalidad de la actuación de los funcionarios.
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Contraloría informó -según información publicada por El Mercurio- que en los últimos meses las auditorías realizadas crecieron un 32%, las denuncias y sugerencias de fiscalización recibidas se incrementaron en un 249%, y los requerimientos de parlamentarios, un 17%.