Este martes el Gobierno buscará ingresar al Congreso el proyecto para modificar la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, con el fin de permitir que funcionarios de esas instituciones puedan salir a resguardar infraestructura crítica del país.
La idea del Ejecutivo es permitir que militares se hagan cargo de la seguridad en puntos estratégicos, pero sin decretar estados de Excepción Constitucional como ocurrió al comienzo del estallido social.
En concreto, La Moneda busca garantizar el resguardo de hospitales, aeropuertos, comisarías de Carabineros e instalaciones de empresas que suministran de electricidad, gas y agua potable a la población.
En voz del ministro de Defensa, Alberto Espina, el Gobierno indicó que las FF.AA. actuarán en apego a la normas que regulan la legítima defensa y las reglas del uso de la fuerza, apuntando a la proporcionalidad y gradualidad.
En paralelo, aseguró que los uniformados tendrán todo el apoyo legal en el procedimiento que utilicen, porque las reglas de uso de la fuerza serán perfeccionadas.
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En esa misma línea, la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, insistió en que las reglas del uso de la fuerza van a cambiar en base a la discusión que se lleve a cabo en el Parlamento.
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En tanto, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, se mostró a favor de apoyar la tramitación del mensaje presidencial, indicando que en el debate parlamentario se deberán establecer los alcances para permitir la protección, por ejemplo, del Metro.
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En la otra vereda, el senador y presidente del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, aseguró que en la oposición no se entiende el proyecto del Gobierno.
Lo anterior, indicó el legislador, porque actualmente el Presidente tiene la opción de decretar Estados de Excepción Constitucional para garantizar el resguardo de la infraestructura crítica con militares y adelantando posibles vicios de inconstitucionalidad en la propuesta de La Moneda.
Al mismo tiempo, el timonel del PS indicó que a su juicio “el presidente sigue sin dimensionar lo que está pasando en Chile”.
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Desde la oposición insistieron en que el Ejecutivo debe entregar más antecedentes de la iniciativa para someterla a evaluación, mientras que se adelanta que la tramitación de la misma tendrá más de algún inconveniente en el Congreso.