Tras el fallido nombramiento de Dobra Lusic en la Corte Suprema, una serie de cuestionamientos se han suscitado a propósito del método de nombramiento de los jueces, especialmente por la participación de operadores judiciales.
Al respecto, el Ministerio de Justicia se encuentra trabajando en una propuesta que pretende solucionar estos problemas.
Recordemos que actualmente, ya sea para primera o segunda instancia, el Presidente de turno recibe una terna elaborada por el Poder Judicial y designa al juez, nombre que debe ser ratificado por el Senado.
No obstante, aquello cambiaría con esta modificación, para la cual se entregaron dos propuestas.
Según una minuta de 11 páginas emitida en abril por el Ministerio de Justicia, documento al que tuvo acceso La Tercera, la primera forma aboga por la creación de un consejo autónomo por orgánica constitucional.
En detalle, tendría cinco integrantes electos por el jefe de Estado, el Senado, Alta Dirección Pública (ADP), gremios de jueces y facultades de Derecho.
La segunda forma, en tanto, propone que tal consejo sea dependiente del Ejecutivo, presidido por el titular del Ministerio de Justicia y conformado por profesionales provenientes de la ADP y un representante de facultades de derecho de planteles del Consejo de Rectores.
En la primera propuesta, el consejo llama a concurso y elige las primeras 10 calificaciones. Tras ello, el tribunal respectivo nomina una terna de la cual el mismo consejo designa al juez.
En la segunda, por otro lado, la Corporación Administrativa del Poder Judicial llama a un concurso tras el cual propone una terna, lista de la cual el consejo elige al juez.
Eliminación del lobby
Si el lobby fue uno de los puntos negros de la nominación de Dobra Lusic a la Corte Suprema, luego que se conocieran diálogos con el notario suplente de San Miguel y operador político de la derecha en tribunales, John Campos, aquello no volvería a pasar.
Sea cual sea el modelo que se elija, la cartera tiene por objetivo eliminar a cualquier interesado que incurra en tales prácticas y sancionar a cualquier magistrado que autorice alguna reunión.
Sumado a lo anterior, la reforma también buscaría extender al Poder Judicial las disposiciones de la Ley Lobby.
Aquello significaría que los jueces tendrían por obligación transparentar sus agendas, viajes y regalos.
Pese a que esta modificación se originó en 2018, para la cual Sebastián Piñera pidió una nueva mesa de expertos, la crisis al interior de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que tiene jueces investigados por prevaricación y tráfico de influencias, reavivó su discusión.
Políticos apoyan las medidas
A pesar de que aún no se conocen los detalles del proyecto, la idea ha suscitado un apoyo transversal tanto del mundo político como académico.
El senador y excandidato presidencial, Alejandro Guillier, respaldó la iniciativa, señalando que el actual método corresponde a uno binominal y desajustado a los tiempos.
“Eso probablemente algún sentido tuvo al comienzo de la transición, donde claramente habían visiones diferentes de Chile y había que tener un nuevo criterio frente a violaciones de Derechos Humanos y todos los cambios que se han ido produciendo en la teoría del Derecho a nivel internacional, así que eso era explicable”, señaló.
En tanto, el senador de la Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma, también apoyó la medida, aprovechando además de hacer un llamado a la oposición de que apruebe el nombramiento de María Angélica Repetto como jueza de la Corte Suprema.
“Si la oposición actual quiere ser coherente, entonces yo llamo a apoyar el nombramiento que el Gobierno ha planteado, porque precisamente el Gobierno ha hecho las cosas como la oposición las pidió, que no hubiera conversaciones previas”, afirmó.
Desde el Ministerio de Justicia, eso sí, llamaron a la calma ya que la publicación del matutino aún no es oficial, señalando que lo único concreto hasta ahora es una propuesta extraoficial que ya se le hizo llegar al presidente Sebastián Piñera.