La reciente declaración de estado de emergencia en la frontera sur del Perú ha puesto en cuestión la estabilidad de las históricas relaciones diplomáticas entre Lima y Santiago, mientras ambos países enfrentan tensiones derivadas del incremento en la migración irregular.
La medida adoptada por el gobierno peruano responde a un flujo constante de migrantes, en su mayoría venezolanos, atrapados entre el complejo de Chacalluta en Chile y la región de Tacna en Perú, una situación que, según expertos y diplomáticos, podría reavivar tensiones bilaterales adormecidas durante años de cooperación política y económica.
Desde la decisión peruana de reforzar los controles y desplegar fuerzas del orden en las zonas limítrofes de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, la frontera ha adquirido un carácter de sensibilidad diplomática.
Ambos países han puesto en marcha patrullajes conjuntos para “fortalecer la capacidad de respuesta operativa y la cooperación policial”, mientras la Comisión Binacional de Cooperación Migratoria intenta establecer criterios técnicos para la verificación migratoria y el tratamiento de personas en situación irregular.
En medio de la incertidumbre generada por los discursos políticos en Chile y el endurecimiento de la política migratoria al sur del continente, el estado de emergencia peruano refuerza una tendencia regional: el uso de medidas ejecutivas y fuerzas militares para frenar el avance de migrantes que buscan opciones en contextos de crisis humanitaria, especialmente provenientes de Venezuela.
Diálogo bilateral
Fernando Rojas, exembajador de Perú en Chile, se refirió en RPP Noticias a la necesidad de preservar el tono constructivo y el avance alcanzado en la relación bilateral.
“Sería un desastre para las relaciones entre los dos países, que hemos avanzado tanto en los últimos años,” advirtió, tras añadir que la situación actual “está por lo menos ahora bastante más controlada con la creación de este comité”, en referencia a los mecanismos binacionales que han empezado a operar en conjunto con las cancillerías y los ministerios del Interior y de Justicia.
Rojas señaló que la narrativa de un corredor humanitario, utilizada por algunos sectores políticos chilenos, resulta errónea y peligrosa. “Ese es un término que está reservado en el lenguaje multilateral para evacuación de gente en zonas en peligro por guerras. No es el caso,” puntualizó.
El exembajador enfatizó la importancia de recordar que el centro del problema son las personas y recalcó: “Si un país expulsa a una persona que está en su territorio por considerar que no cumple con sus normas migratorias, entonces ese país tiene que hacerse responsable del envío de esa persona a su país de origen.”
Estadísticas y contexto
Según cifras oficiales, el éxodo venezolano supera los siete millones de personas en la región, situando a Chile y Perú entre los principales destinos.
Solo en territorio chileno, unos 1,9 millones de residentes son extranjeros, y por lo menos 330.000 viven en condición irregular.Las nuevas restricciones y el cierre simultáneo de controles entre Arica y Tacna en los últimos años han incrementado el riesgo y la vulnerabilidad de quienes quedan atrapados en la zona, generando acumulaciones de personas sin estatus legal claro ni posibilidades inmediatas de regularización o retorno.
En el plano operativo, las autoridades chilenas y peruanas han confirmado el refuerzo de la seguridad con patrullaje permanente, intervenciones selectivas y monitoreo por drones, admitiendo a la vez que no existen, hasta el momento, medidas precisas para facilitar el tránsito seguro o el retorno ordenado de los migrantes hacia Venezuela.
“No tenemos las condiciones, ni las capacidades para recibir más migrantes,” afirmó el canciller peruano Hugo de Zela en una reciente conferencia de prensa.¿Tensiones políticas?
El impacto de la coyuntura migratoria no se limita a Perú y Chile. El diplomático Rojas subrayó que parte de la complejidad se debe a la falta de una respuesta articulada entre los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú y Chile, especialmente ante la imposibilidad de garantizar corredores legales y el desafío logístico de repatriar a ciudadanos de Venezuela.
“Hablar de cosas como un corredor a través de buses me parece algo completamente ridículo. Estamos hablando de adultos mayores, niños y de un viaje que tomaría varios días. No se puede meter a un grupo de personas en un bus para que estén varios días circulando tres países. O sea, es inhumano,” sentenció.
Al analizar la posición del gobierno de Nicolás Maduro, Rojas describió un panorama poco prometedor para la repatriación ordenada: “Maduro no va a poner el más mínimo interés en hacer nada sobre esto. Además, los acontecimientos que se están produciendo en Venezuela con el presidente Trump son relativamente lentos, aparentemente, para la magnitud del asunto y la decisión que tiene que tomar.”
Relaciones bilaterales
El internacionalista Gattas Abugattas destacó que las relaciones comerciales y humanas entre Perú y Chile mantienen una solidez difícil de romper, aun bajo escenarios de tensión migratoria e incertidumbre política.
“Somos, desde el punto de vista económico, dos economías complementarias, desde el punto de vista humano, dos pueblos finalmente muy unidos, incluso luego de una guerra, hay muchos vínculos humanos, sobre todo en el sur del Perú con el pueblo chileno,” sostuvo.
Abugattas recordó que después del fallo de la Corte Internacional de Justicia en 2015, ambos países avanzaron hacia relaciones más transparentes y de buena vecindad, respaldadas por acuerdos migratorios diferenciados, redes empresariales y una importante colectividad peruana asentada en Santiago.
Rojas, por su parte, agregó que la comunidad peruana en Chile “es una colectividad que ha hecho muchísimo por la relación bilateral entre los dos países,” lo que podría amortiguar tensiones en contextos de mayor sensibilidad política.
Dimensión regional
El análisis publicado por Sebastián Casanova Díaz en CIPER Chile advierte sobre un riesgo creciente en la política migratoria sudamericana. La militarización de fronteras genera una “zona de fricción casi permanente” que transforma la frontera entre Arica y Tacna en un escenario de tensión constante donde la población migrante queda al margen de los derechos de residencia y circulación.
El concepto de “apartheid jurídico” ilustra la paradoja en la que los migrantes, aunque protegidos en teoría por acuerdos internacionales, quedan en la práctica fuera del marco de derechos básicos reservados para ciudadanos nacionales.
Casanova Díaz subraya que “el populismo de seguridad hace dos cosas a la vez: ofrece soluciones instantáneas de bajo costo fiscal —leyes más duras, despliegues militares, nuevos delitos— y desplaza el debate desde las capacidades reales del Estado hacia la voluntad de castigar.”
En este sentido, el uso reiterado de estados de emergencia, tropas y vigilancia aérea busca enviar el mensaje de un control inmediato, pero no soluciona ni regula de fondo los flujos migratorios ni garantiza alternativas seguras para la movilidad.
Cooperación y alternativas
La puesta en marcha de la Comisión Binacional de Cooperación Migratoria representa un intento formal por dotar a la frontera peruano-chilena de mecanismos tecnocráticos y protocolos de verificación, aunque las acciones específicas para la devolución o traslado de personas en condición irregular siguen sin definirse públicamente.
Mientras tanto, el flujo de personas, la presión sobre los sistemas de acogida y la incapacidad de los gobiernos nacionales para absorber o retornar a los migrantes ubican a la región en un desafío más amplio de política pública.
Experiencias de países como Colombia o Brasil demuestran que el establecimiento de estatutos temporales, rutas de regularización y coordinaciones regionales pueden ofrecer alternativas para descomprimir las fronteras y proteger derechos elementales.
En la región de Tacna, el gobierno peruano ha reiterado que no permitirá la entrada de más migrantes en situación irregular y ha afirmado que la protección de la frontera nacional es prioritaria.
Desde el ámbito diplomático, predomina la preocupación por el equilibrio entre las necesidades de control y el respeto a los derechos humanos, en un contexto donde la cooperación entre Perú y Chile es puesta a prueba frente a los desafíos migratorios y el debate sobre sus estrategias y respuestas.