Desde el sector empresarial habían surgido varias críticas hacia la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Tras ello, sumado a una consulta pública al respecto, el Gobierno decidió que no avanzará en la creación de un primer listado de sitios prioritarios para conservación ambiental.
Previamente, la autoridad había propuesto definir como sitios prioritarios unas 99 ubicaciones. Una decisión que a juicio, por ejemplo, del sector minero, no contaba con suficiente sustento técnico.
La noticia fue dada por el Ministerio de Medio Ambiente, desde donde afirmaron que la ministra Maisa Rojas y el director del SBAP, Aarón Cavieres han sostenido diálogos constantes con gremios productivos y la sociedad civil.
Gobierno desiste de avanzar en definición de sitios prioritarios
De momento, la definición de sitios prioritarios queda “en pausa” hasta que la información correspondiente sea analizada en profundidad.
Así, distintos sectores salieron a reconocer la medida.
Por una parte, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), valoró el anuncio que a juicio del presidente gremial, Jorge Riesco, era “absolutamente necesaria y da cuenta de que el Gobierno ha comprendido la importancia de construir políticas públicas equilibradas que protejan la biodiversidad sin sacrificar el desarrollo económico que el país requiere”.
“Esperamos que se conformen las mesas de trabajo y el diálogo necesario para lograr hacer un análisis técnico acabado sobre este tema”, agregó Riesco, asegurando que están dispuestos a seguir colaborando en la revisión de los posibles sitios prioritarios.
Por su parte, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) también se refirió al asunto, destacando la medida.
Mediante una declaración firmada por el presidente del gremio de la construcción, Alfredo Echavarría, “insistir en esta línea pone en riesgo la mantención de proyectos y el inicio de otros, afectando con ello la inversión y el empleo”.
Con todo, señaló que sienten “gratificante” que la cartera de Medio Ambiente “priorice un proceso colaborativo con la sociedad civil y los gremios productivos, en el entendido que la institucionalidad ambiental está llamada a proteger la biodiversidad, pero también a permitir el desarrollo”.
La CChC concluyó su escrito asegurando su voluntad de “seguir aportando en un diálogo que tiene como propósito el bienestar de las personas”.