En medio de las tensiones que se han generado respecto del empleo fiscal en Chile, se sumó otro flanco que dificulta aún más la relación entre el Ejecutivo y los movimientos sindicales: la ley de reajuste del sector público.
La posibilidad de congelar los sueldos encendió las alertas entre los gremios, que calificaron de “inaceptable” la idea y que no tolerarán que los trabajadores “paguen los costos” de la necesidad de ahorro en la billetera fiscal.
Mientras el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, insistió en que las conversaciones “deben darse en las instancias que corresponden”, los funcionarios emplazaron que se transparente lo que señala la Ley de Presupuesto 2026 respecto a sus remuneraciones.
Pugnas en medio de necesidad de prudencia fiscal
El Presupuesto 2026 incorpora el concepto de “prudencia fiscal”.
De ahí que una de las medidas adoptadas sea el que las remuneraciones del sector público se mantengan “en valores nominales 2025”.
El año pasado el reajuste fue de 4,9%.
Pero ante la polémica, el Gobierno aseguró que “hay distintos mecanismos para contener el gasto” y uno de ellos, por ejemplo, es limitar las nuevas contrataciones, es decir, solo se repondrá uno de cada tres funcionarios que se acojan a un beneficio de retiro.
La molestia en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) fue inmediata. Advirtieron que no aceptarán una negociación “con el sueldo congelado”.
El presidente de la Central, José Manuel Díaz, dijo que los funcionarios “no deben pagar los ajustes del Estado” y que sería inaceptable cerrar el periodo sin un alza real de sueldos.
El ministro Boccardo salió a poner paños fríos, pidiendo no adelantarse a una conversación que se dará “como cada año”.
Por su parte, la economista y directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, advirtió que el Gobierno debe aclarar si existen recursos para un eventual reajuste o no.
La negociación del reajuste del sector público se iniciará durante la última semana de noviembre, aunque este año, los trabajadores públicos pretenden partir antes, dado el contexto electoral.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha asegurado estos últimos días que “no es cierto que este Gobierno haya contratado 100 mil funcionarios públicos”, luego de los cuestionamientos del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.
Lo anterior ocurrió, a su vez, luego que Kast dijera que de llegar a La Moneda, realizará un recorte fiscal de US$6 mil millones.