Ayer, la contralora General de la República, Dorothy Pérez, adelantó la hoja de ruta del ente fiscalizador a partir del próximo año.

A diferencia del trabajo que se ha hecho en relación a los sumarios por irregularidades en los distintos servicios públicos, en 2026 la tarea será revisar la entrega de beneficios sociales con el fin de comprobar que efectivamente los recursos y la ayuda llegue a quienes más lo necesitan.

En este sentido, el Centro de Estudios Públicos (CEP) publicó un análisis donde se calcula un impacto del orden de US$400 millones al año por malgastos en la entrega de la gratuidad, becas de alimentación, el Subsidio Único Familiar y Aporte Familiar.

Estudio detecta el malgasto en la entrega de beneficios sociales

Durante 15 de los últimos 17 años, Chile ha presentado déficits fiscales estructurales, lo que ha llevado a un aumento sostenido de la deuda pública y a una fuerte reducción de los activos del Tesoro Público.

Ese escenario se repite hoy y por eso la optimización del gasto es parte del debate central, donde investigadores del CEP realizaron un análisis de las áreas que se estaría entregando ayuda a quienes no necesariamente la requieren.

El documento se titula “En busca de espacio fiscal: líneas de acción para contener y priorizar el gasto público” y se identifican mejoras de focalización para beneficiarios de la gratuidad en educación superior, becas de alimentación y el Subsidio Único Familiar y Aporte Familiar Permanente.

Tomás de la Maza, co-autor del estudio e investigador CEP, se refirió a las irregularidades detectadas en el caso específico de la gratuidad.

“Vimos que hay personas de los deciles más altos, del 7, 8, 9, incluso personas que están en el 10% de mayores ingresos del país, que aun así reciben el beneficio”, aseguró el investigador.

Con estos tres pilares que destaca el Centro, calculan un malgasto del orden de US$400 millones por año, sin contar una serie de otros beneficios que no fueron considerados.

Ingrid Jones, Economista de Libertad y Desarrollo, volvió a abordar la necesidad de aplicar cambios al Estatuto Administrativo y reformar los incentivos para que realmente reflejen que se cumplen las funciones en los respectivos servicios.

Según Ingrid, “el problema es que hoy, prácticamente la totalidad de los servicios públicos cumplen con las metas de gestión, lo que significa que las evaluaciones dejaron de ser exigentes y no apuntan al mejoramiento del desempeño de los funcionarios”.

Asimismo, este debate refleja que no se han hecho cambios sustantivos al empleo público desde el Gobierno de Ricardo Lagos. En el periodo de Sebastian Piñera se presentó un proyecto, pero casi al término de su administración, y este gobierno también lanzó su propuesta, pero sin mayor eco.