El Tribunal Constitucional (TC) deberá comunicar si declara admisible o no, el requerimiento de inconstitucionalidad que presentaron más de 40 diputados oficialistas para que declaren contrarios a la Carta Magna una serie de artículos de uno de los proyectos icono del Gobierno: La nueva ley de Permisos Sectoriales para Inversión.

O como también se conoce, la ley de permisología.

A esta hora, continúa el pleno que deberá revisar el escrito presentado a inicios de julio, generando molestia en el ejecutivo y un gran signo de interrogación en el sector privado, que espera con ansias su publicación en el Diario Oficial.

Ley de permisología enfrenta horas clave

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, dijo que les parece extraño esta postura de los diputados, asegurando que su argumento—que rechaza las nuevas técnicas habilitantes—no implica bajar estándares.

De declararse inadmisible, continúa el control normal de legalidad de parte del TC.

Ahora, si se declara admisible el requerimiento, iniciará un proceso de audiencias para que las partes o terceros intervengan.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, agregó que considerando las personas que están en la informalidad y la tasa de desempleo que se acerca peligrosamente al 9%, este proyecto es clave.

Fue el lunes que el Ejecutivo entregó sus primeros argumentos jurídicos a través de un “téngase presente” de 25 páginas, donde el presidente Gabriel Boric y el ministro de Economía, Nicolás Grau, solicitaron rechazar el requerimiento que impulsa su propio sector.

Uno de los impulsores, el diputado socialista, Daniel Melo, volvió a insistir en su punto y la necesidad de proteger principios y derechos básicos.

En La Moneda plantean que el requerimiento “no cumple” con los requisitos para declararse admisible, agregando que existe una confusión respecto lo que aborda el proyecto y lo que es la discusión de la Ley Ambiental 2.0