El Tribunal Constitucional (TC) deberá revisar la admisibilidad del requerimiento de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, sobre el caso de una profesora jubilada que busca retirar sus ahorros previsionales. Desde el Gobierno y las AFP cuestionaron este tipo de acciones.

La segunda sala del Tribunal Constitucional acogió a trámite por unanimidad el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que elevó la Corte de Apelaciones de Antofagasta, para que el TC dirima si el decreto Ley 3.500 que creó el sistema de pensiones se contrapone a derechos fundamentales como el derecho a propiedad.

Lo anterior, luego que una profesora jubilada de Antofagasta, María Ojeda, presentara un recurso de protección al tribunal de alzada luego que la AFP Cuprum se negara a entregarle sus ahorros previsionales, los cuales ascienden a 46 millones de pesos, con el que busca pagar un crédito hipotecario.

Ojeda argumentó que en su último año laboral su sueldo era de $1,2 millones, sin embargo actualmente su jubilación no supera los $185 mil mensuales.

La docente señaló que los cotizantes no tienen verdadera propiedad sobre sus ahorros, agregando que el tema de fondo son los bajos sueldos y la baja cotización.

“Te dicen ‘tus ahorros’, ‘tus fondos previsionales’, pero en el fondo es una falacia, no tenemos ninguna injerencia los trabajadores en determinar más que cambiarte de fondo, cambiarte de AFP. O sea eso es lo que tú puedes decidir con tus ahorros”, indicó.

“Nuestros sueldos de los profesores cuando empezamos a trabajar eran bajos, entonces hay poca capitalización. Y aparte como ser mujer voy a vivir más que los hombres, entonces obvio que me va a salir más baja mi pensión”, cuestionó.

Gobierno critica “judialización” de No + AFP

Desde el Gobierno, en tanto, hubo críticas a una campaña del movimiento No + AFP que ha presentado distintos recursos ante la justicia.

Según señaló el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, hay una lógica política detrás agregando que las peticiones no tienen fundamentos.

“En esto no hay dos opiniones, tanto el Tribunal Constitucional, como el ordenamiento jurídico y los tribunales de justicia, han defendido el derecho de propiedad de estos fondos. Y este derecho de propiedad garantiza que estos recursos se usan para pensiones, de tal manera que estos recursos no han tenido fundamento, ni tendrán fundamento alguno, más bien persiguen otros objetivos de tipo político”, sentenció.

En esa línea, el gerente general de la Asociación de Aseguradoras de Fondos de Pensiones, Fernando Larraín, señaló que dar la razón en este caso quebraría la lógica del sistema de cotización obligatoria que administran estas entidades.

“Nosotros acá tenemos que resguardar el mandato legal que tenemos por parte de las AFP, es resguardar los fondos de los trabajadores, para que después sean usados para temas previsionales. Son los únicos bienes de las personas que son inembargables, son heredables y eso es lo que tenemos que resguardar en nuestro sistema de pensiones”, enfatizó.

“A lo que nos están llevando es a quebrar un sistema y hablar otra cosa que deje de ser un sistema de pensiones”, insistió.

Expertos advierten riesgos de retirar fondos

Para el expresidente de la comisión asesora en materia de pensiones, David Bravo, la posibilidad de retirar los ahorros previsionales es riesgoso.

“Una vez que uno abre la puerta, es difícil cerrarla. Por eso es que en general estos mandatos son bien estrictos y creo que eso de alguna manera es importante, especialmente cuando hay recursos fiscales involucrados”, explicó.

“Hay recursos fiscales porque obviamente el Estado no va a hacer caso omiso si es que una persona llega a la indigencia. Cuando una persona deja de ahorrar o se consume sus ahorros, en la práctica lo que está haciendo también es imponer un costo fiscal”, detalló.

Este caso se conoció mientras aún está en curso la discusión de la reforma de pensiones, en donde se propone aumentar un 4% la cotización individual, con cargo al empleador, montos que un organismo público licitará para su administración.

Según explicó la subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, la reforma plantea una opción de retiro de ahorros diferente a lo que se busca con los recursos ante la justicia.

“Hoy en día la ley que se está tramitando en el Congreso está dando por primera vez la posibilidad de retirar parte de esos fondos cuando yo he postergado mi edad de jubilación, y cuando estoy hablando de un 50% de ese mayor ahorro que he tenido durante ese año, eso es lo que se está abriendo el Gobierno. En Chile tenemos una legislación que no permite el retiro de los fondos”, puntualizó.

Tras la presentación del recurso, el Tribunal Constitucional deberá definir si declara admisible o no el requirimiento para eventualmente ir al fondo.

En tanto, el movimiento No Más AFP afirmó que estarán pendientes de resolución, ya que además de Antofagasta, hay otros cinco requerimientos más en distintos tribunales de alzada.