Fotografía: Cedida

0 visitas |


  • Fueron más de 13 mil 300 días los que Héctor Espinosa estuvo en la PDI. O bien 42 años, seis de los cuales fue su director. Trabajó bajo la Presidencia de Bachelet y Piñera; en homicidios e inteligencia; se relacionó con cinco generales directores de Carabineros, tres jefes de la ANI y sus funcionarios y funcionarias enfrentaron el estallido social sin un solo formalizado por violaciones de Derechos Humanos. No tiene que decirlo, pero está orgulloso, porque además las encuestas ubican a la institución como una de las más respetadas. El camino fue largo y complejo para obtener la presea de la opinión pública, reconoce, pero insiste en que siempre se puede más. Ahora que pasó a retiro y su cargo lo asumió Sergio Muñoz, reflexiona sobre los alcances de su gestión y cómo varios temas le quitaron el sueño, entre ellos el combate al crimen organizado y la violencia en Araucanía. En entrevista con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, no esconde su molestia por la investigación que lleva en su contra el fiscal regional de Punta Arenas, Eugenio Campos, por el presunto delito de lavado de activos, porque adquirió una propiedad de alto valor. Dice estar tranquilo, pero cree que el mismo Campos filtró la información.

    – Ahora en su retiro ¿A qué atribuye que la percepción pública de la PDI sea mejor que la de Carabineros?

    – Cuando asumí en 2015, lo que hice fue tomar la decisión. Y lo dije: el país tenía que definirse. ¿Qué se quería de las policías? No podíamos seguir haciendo los dos (junto con Carabineros) lo mismo y que los fiscales trabajaran con una o con otra. Aquí no era una tema relativo a la institución, sino del Estado de Chile, de la sociedad en su conjunto. Y nuestro plan estratégico tenía un eje que era la investigación profesional de los delitos. Y eso es reconocido por la sociedad, por los fiscales y nos fueron dando los casos emblemáticos los fuimos aclarando (DDHH) y hoy en todas las áreas tenemos tremendos resultados. Le daré un dato sobre drogas. El año pasado incautamos 24 toneladas. A la misma fecha que hoy, llevábamos 12 toneladas y a esta fecha, junio de 2021, llevamos casi 24 toneladas. Es decir vamos a llegar a mitad de año con la meta hecha.

    – ¿Cómo se logra?

    – Eso ocurre porque pese a estar en teletrabajo, los detectives están comprometidos. Y lo dicen: nosotros vamos a despedir al director trabajando, haciendo lo que a él le gusta que hagamos. A mí no me gusta que hagan homenajes y me rindan pleitesía. Me gusta que la gente haga la pega y que después la sociedad valore eso. Yo creo que eso lo hemos conseguido.

    – ¿Cuáles a su juicio fueron los mayores alcances de su gestión al mando de la PDI?

    – Yo creo que el liderazgo mío ha sido más que imponer, sino convencer de que era posible que estuviéramos en la primera línea, ser una policía que está por sobre cualquier cosa, que no se achica ante nada, que los casos sean los más complejos, que reciba las presiones que tenga que recibir. Y eso tiene costos, de pronto.

    – ¿Y en lo estratégico?

    – Hicimos una estructura distinta a la que había. Creamos cuatro subdirecciones y dejamos dos de ellas que están en el área operativa. Una dedicada a lo territorial y de regiones. La otra, que es estratégica, es la Subdirección de Crimen Organizado, inteligencia y seguridad migratoria. Esas son estratégicas de la PDI. Además todas las brigadas antinarcóticos del país pasaron a llamarse Brigada Antinarcóticos contra el Crimen Organizado y a capacitarse y creamos estructuras en las zonas norte y sur. Y ahí involucramos a la Brigada de Lavado de Activos, a las de trata de personas, todas las que tienen alguna relación con esto.

    Los malos

    – En los últimos años se ha visto un aumento exponencial del crimen organizado. Si bien es un fenómeno mundial ¿qué tan preparado está Chile para enfrentarlo y también la PDI? Y en ese sentido ¿qué falta? ¿Cuáles fueron los énfasis de su administración en ese sentido?

    – Yo siempre cuando hablo de la seguridad, del crimen organizado, del narcotráfico, yo creo que en Chile no hay un tema de recursos. Tenemos un problema serio de gestión. Son mil los funcionarios que tenemos en crimen organizado y estamos en un 70% de la droga incautada en el país. Es decir que somos sumamente efectivos y nosotros como PDI respondemos a las necesidades de la sociedad.

    – ¿Ustedes hacen control preventivo?

    – No somos preventivos, pero en el tema del crimen organizado si tenemos que adelantarnos y tenemos una relación muy fluida con los países. Tenemos agregados en 40 países, recabando información y eso hace que estemos preparados. Somos miembros de Interpol. Se hizo una diligencia en 12 países donde se incautaron más de 4.000 armas que la comandó precisamente un chileno que estaba en Buenos Aires. Tenemos bastante experiencia. El delito va mutando, es más lucrativo, entonces las nuevas formas de criminalidad van creciendo y en el narcomenudeo pasa lo mismo.

    – ¿Cómo así?

    – Uno puede sacar de circulación un punto de venta de droga, pero aparece otro. Entonces, el desafío que tenemos es tener una estructura que esté más concatenada con otras instituciones. como el SII, Aduanas. L0 estamos haciendo pero falta un trabajo más mancomunado. Incluso la PDI debiera tener más atribuciones, que son básicas. Tenemos algunas informaciones porque si no queda al arbitrio de la decisión que adopta un fiscal.

    – ¿Está en buen pie las relaciones PDI con la Armada y Aduanas?

    – Bien, muy bien. Tenemos convenios de cooperación, hemos hecho mucho trabajo en conjunto y sacado de circulación organizaciones criminales muy grandes .

    – ¿El crimen organizado ya infiltró al Estado o está ahí, esperando su momento?

    – Lo que pasa es que algunos sostienen que el crimen organizado es cuando ya comienza a permear la estructura del Estado. Por ejemplo los jueces, los fiscales, las autoridades y eso en Chile no ha ocurrido. Uno puede estar en desacuerdo con un sector político, pero no tenemos un grado de involucramiento de autoridades en delito. Eso en Chile no ocurre, pero en otros países es más común.

    – ¿Entonces hay que quitarles la plata?

    – La mayor expresión del crimen organizado es el narcotráfico. Si nosotros atacamos con una política de narcotráfico, bajamos considerablemente el crimen organizado. Pero hay una relación armas y crimen organizado, drogas. Lo que hemos sostenido que hay que atacar el patrimonio de las organizaciones. Porque cuando las dejas sin patrimonio les cuesta más rearmarse. De contrario, por ejemplo, dejan un departamento, lo venden y se rearman.

    – ¿Son las cárceles una escuela del delito? Porque los narcos operan desde ahí y siguen controlando. ¿Cree que hay corrupción? ¿Allí se reproducen?

    – A mí no me gusta meterme con otras instituciones. En realidad tampoco me gusta cuando se meten con la mía. Y me gusta que me lo digan a la cara ni criticar por los medios. Porque si hablo, de alguna manera le voy a tirar una crítica a Gendarmería, con quien tengo buenas relaciones. Nos han aportado mucho con inteligencia. Sin embargo, es un hecho público y notorio que hoy las cárceles tienen un alto nivel de hacinamiento, aunque no las conozco, porque las conocí cuando investigaba años atrás. Eso no es bueno para rehabilitar. Imagino que debe ser muy difícil.

    – Pensando en la narcoactividad, viéndola como un negocio. ¿A qué nivel están los narcos o criminales organizados chilenos?

    – Si lo vemos a nivel de otros, estamos más bajo que otros países. Eso no significa que hay que dejarse estar. Porque aunque la gente se queje hay poder adquisitivo. Y eso es un elemento que atrae al narcotráfico.

    – ¿Y entonces?

    – Yo creo que estamos en el momento de tomar decisiones más drásticas. Es el momento para que el país se una por una sola causa. Porque si hay algunos que van a estar de acuerdo y otros no o por un problema ideológico, no se avanzará. Sin embargo es doloroso cuando hay familias enteras cuando en esto y después no pueden salir, eso no lo puede discutir nadie. También, y esto hay que reconocerlo, hay un tema de falta de oportunidades. Pero si vamos a estar echándole la culpa al gobierno y la opinión contra el gobierno, yo creo que así no llegaremos a ninguna parte. Necesitamos políticas de Estado.

    De México con amor

    – ¿Cree usted que la pandemia volvió más inteligente a la mafia nacional? Se lo pregunto en términos de que debieron buscar otras técnicas para delinquir.

    – Hablemos primero del estallido social. Yo creo que las personas pueden tener demandas legítimas. La gente tiene que expresarse, incluso compartimos muchas de ellas, pero otra cosa muy distinta es atacar a todo lo que aparezca por el frente. Eso ya es vandalismo y delitos y saqueos. Como policías estamos comprometidos con la paz social. Y ninguna policía del mundo está preparada cuando todos salen a saquear y destruir todo. A mí me preocupa cuando la violencia no es rechazada venga de donde venga.

    – ¿Y el tema Derechos Humanos?

    Nosotros estamos absolutamente comprometidos con la defensa de los Derechos Humanos. Fíjese que desde el 18 de octubre a la fecha la PDI no tiene ningún condenado ni formalizado por violación de DDHH y eso son pocas las policías que lo pueden decir. Pero nadie reconoce. Somos la policía que investiga las violaciones de Derechos Humanos desde hace mucho tiempo y los costos han sido altísimos. Y hoy tenemos una gran cantidad de investigaciones por violaciones de DDHH cometidas por agentes del Estado y tenemos que investigarlas. Tenemos que hacerlo porque la sociedad espera que hagamos nuestro trabajo. Por eso a mí me preocupa esa relatividad con lo que ocurrió el 18 de octubre. Porque si nosotros estamos trabajando cien por ciento para indagar las violaciones de Derechos Humanos, también debieran exigirnos que estuviéramos trabajando cien por ciento por los delitos comunes que se cometieron.

    – ¿Es decir que usted no cree en los llamados presos políticos del estallido social?

    – Es que es gente que cometió delitos. Por lo menos la PDI no ha detenido nunca a una persona que piensa distinto. Nosotros cumplimos órdenes de los tribunales, instrucciones particulares de los fiscales: cumplimos.

    – Pero le reitero la pregunta. ¿La criminalidad organizada se volvió más inteligente?

    – Es que toda la tecnología, las redes sociales influyen mucho. Hoy es mucho más rápido comunicarse. Cuando salí de la escuela no había celulares. Para llamar a alguien tenía que llamar desde un teléfono público. No lo podía seguir, las escuchas eran lentas. Entonces hoy es más dinámico, más rápido, más instantáneo. Ellos hoy tienen un grupo de WhatsApp y dan instrucciones y las saben de inmediato. También se cuidan de los medios de comunicación y si los identifican o no. Es lo que hay y se debe tener capacidad de sobreponerse. Hoy es más difícil ser policía, pero también se nos exige no violar los Derechos Humanos. Entonces hay que trabajar protegiendo los derechos y la dignidad de las personas y eso es muy importante.

    – ¿Los delincuentes respetan a la PDI?

    – Nos tienen respeto, porque es imposible que tengamos una alta valoración si los delincuentes no nos respetaran. Además que nos hacemos respetar, por eso he sido firme y duro en defender a mi institución por hechos falsos cuando han inventado cosas. Porque sé lo que hacen los detectives en la calle y no tienen nadie que los defienda.

    – Usted habló de problemas de gestión, pero plata siempre falta. ¿Qué es lo ideal para la PDI?

    – Por eso he dicho que hay que definirse con el rol de las policías. Si usted lo hace, puede sacar cálculos. Actualmente no sé cuántas investigaciones vamos a hacer nosotros y cuántas Carabineros, pero si nos definimos podemos sacar el cálculo. Mire, este ejercicio se ha hecho en otros países. Si hay una policía que debe hacer la parte preventiva tenga por seguro que los delitos bajarán un 20%. No estamos hablando de cuánto necesitamos. Si tenemos una policía dedicada al rol preventivo ahí vamos a ver un porcentaje altísimo a la baja, por lo menos en los delitos de alta complejidad. Porque nosotros estudiamos para investigar. No estudiamos para prevenir. No sabemos cómo hacerlo. Es cuestión de ver la malla curricular. Por supuesto que cuando sacamos una banda de circulación se produce una prevención que le llamamos una prevención estratégica, pero eso otra cosa. Por eso el país debe definirse.

    – Recientemente la PDI infiltró a un enviado del Cártel de Sinaloa que operaba en Iquique y aparentemente en Santiago. Su idea era sacar del país con destino a Europa varias toneladas de cocaína. ¿Otros cárteles han intentado lo mismo o son más bien nuestros vecinos y lo de México fue una excepción?

    – Han habido. Pero hemos hecho un trabajo súper acucioso y hemos desbaratado muy luego esos carteles. Pero lo importante es que nosotros tenemos la información e identificado blancos investigativos y además hemos visto en las últimas operaciones que hemos hecho, colombianos, peruanos, bolivianos, eso es lo que más sale. Por eso a mí, hablar de carteles, para mí mediría un poco eso.

    – ¿Más hacia arriba en términos de número o más hacia abajo?

    – Yo diría que cárteles no hay muchos en Chile. El mexicano no viene a Chile. De Colombia viene más y en todas las organizaciones criminales ya no hay las que no tienen un extranjero. Eso ya no existe.

    – ¿Y de Europa?

    – Ahí hay más nexos de envío de drogas, pero europeos, más bien chilenos vinculados con una organización extranjera.

    Área operativa

    – Actualmente se tramita un proyecto de Ley del gobierno para normar de mejor manera la lucha contra el crimen organizado. ¿Entrega mejores herramientas o es lo mismo que lo que usa hoy?

    – Yo creo que ya es hora, al menos para la PDI, que se le den más facultades investigativas. Como de pronto iniciar algunas investigaciones y no depender tanto de los fiscales. Sobre todo en delitos complejos como el crimen organizado. Porque a veces uno puede partir con algún antecedente que tiene y lo puede ir desarrollando y es bueno que la policía tenga esa facultad, un poquito más autónoma.

    – ¿Qué ocurre en otras partes del mundo?

    – En otros países lo hay. Y nosotros ya hemos mostrado que somos eficientes en el combate al delito y yo creo que es momento para irlo pensando.

    – Pero hoy ocurre que debe contárselo primero al fiscal y de ahí en adelante es todo con autorización judicial.

    – Sí, pero uno podría sacar mucha información básica y puede evitar que pierda tiempo el fiscal. Y nosotros podíamos llevar una conclusión mucho más efectiva.

    – ¿Pero cómo se podría controlar eso?

    – Los jefes de unidad son los que responden. Es como se hace en inteligencia. Ahí se pide autorización al ministro de Corte que corresponda y ahí recién empieza a investigar autónomamente. Y luego se le informa al ministro los resultados. Es para investigar antes de.

    – ¿Qué ha hecho la PDI en materia de procedimientos de control para que los funcionarios de la PDI no sean cooptados por el crimen organizado?

    – Nosotros tenemos una inspectoría general que es un área que tienen las regionales y que son los encargadas de ir viendo cualquier conducta indebida que pueda ocurrir y eso ha funcionado bastante bien. También hay que decir que somos pocos. En Carabineros, creo yo, debe ser mucho más difícil, porque son más, creo yo. En nuestro caso somos 9 mil más o menos y tenemos la contrainteligencia y el Departamento Quinto que van contrachequeando la información para evitar cualquier desviación.

    – ¿Los profesionales que ingresaron a la PDI, le hicieron bien a la institución?

    – Si tuviera que hacer una análisis yo creo que fue muy provechoso, porque le dio otra visión a la policía. Un profesional que tiene otra experticia y se le reentrena para investigar, siempre será un aporte. Ahora bien, podríamos ver qué carreras son las que sirven más, pero en general hay oficiales policiales que han sido un gran aporte.

    Llevarse bien

    – ¿Con cuál de los gobiernos se llevó mejor como director? ¿El de Michelle Bachelet o el de Sebastián Piñera?

    – Yo me llevo bien con todo el mundo y siempre me he llevado bien.

    – ¿No hubo diferencias?

    – Me llevaba bien muchos ministros. Por ejemplo con Jorge Burgos me llevaba un siete. Con Mario Fernández, igual. Y como era profesor de Derecho Constitucional algunas cosas las aclaraba con él e incluso tengo hasta documentos que me envió. Con Andrés Chadwick una relación extraordinaria.

    – ¿Mientras estuvo en el cargo de director sintió apoyo constante del gobierno o bien debió lidiar?

    – Sí, en todo. Además como se ha hecho este cambio de imagen de la PDI y ser valorada por la ciudadanía es difícil que no nos apoyen.

    – Cuando hay casos muy mediáticos ¿Presionan los gobiernos para buscar resultados rápidos?

    – Yo hacía clases en la Escuela de Investigaciones y siempre he sostenido que las investigaciones deben ser prudentes, silenciosas y reservadas: esa es la clave. Porque a veces se puede pensar que una persona está involucrada en un hecho y causar un tremendo daño y al final nadie pide disculpas. En este país pasa eso. Por eso, el respeto hacia la dignidad de las personas tiene que ser absoluto. Dicho eso, cuando las investigaciones se van complejizando o se politizan, empiezan las opiniones, se cargan para un lado y se pierde la objetividad. También cuando se difunden profusamente por los medios. Ahí el auditor o el telespectador empieza a pedir diligencias. Que la policía no ha hecho esto o aquello y al final los policías terminan haciendo cosas para que la gente no diga más.

    Y lo otro es cuando hay dos instituciones investigando un mismo hecho. Como el caso Matute. Yo conocí a sus padres y tuve una gran cercanía con ellos y una de las cosas que falló allí fue por eso, porque había un grupo de Carabineros y otro de la PDI y ninguno de los dos conversaban. Entonces, al final, no se llegó a ninguna cosa. El último caso es lo que ocurrió con el tío abuelo de “Tomasito”. Ese hombre ahora no puede salir a la calle y a lo mejor no tiene nada que ver o tal vez sí, porque no se hizo bien la pega.

    – ¿Cómo fue su relación con Carabineros?

    – Nunca he tenido mala relación con Carabineros. Y donde he estado he tenido buenos amigos. Han habido momentos difíciles, de tensiones, de miembros de otras instituciones que a veces complican un poco, pero han sabido entender que es parte del rol que debemos cumplir.

    – ¿Entonces nunca hubo momentos álgidos, malos?

    – No. Y yo trabajé con cinco generales directores.

    Human Rights

    – Durante el estallido social, Carabineros fue altamente cuestionado por casos de violaciones de Derechos Humanos. A ustedes como institución le correspondió indagarlos. Sus informes en una parte importante de los casos permitieron formalizaciones. ¿Tuvo problemas con ellos?

    – La instrucción que di fue que trabajáramos lo más profesional posible, independiente de quiénes sean los autores. Por eso me molesta cuando sin medios de prueba, se nos carga un delito sobre en temas de Derechos Humanos. En eso he sido enérgico en defender a mi gente. De hecho a veces nosotros podemos llevar a las personas a los tribunales, como también proteger a un inocente. Y eso pasó cuando se detuvo a un oficial de Ejército en Curicó y descubrimos que no era el autor de un disparo. Nos decían que estábamos cargados para un lado. Pero estamos cargados hacia la verdad. Y la verdad es una sola y no tiene color político.

    -¿La PDI manejaba información previa al estallido social sobre lo que ocurriría? Se lo pregunto porque la ANI entregó varios informes al gobierno que nunca fueron tomados en cuenta.

    – Sí. Manejábamos información, no del estallido social principalmente, pero sí de una evasión masiva que podía ocurrir y se informó en su momento.

    – ¿Al ministerio?

    – A donde corresponde. La persona indicada lo informó donde correspondía. Y sé que así fue. Pero era sobre una evasión masiva en el Metro.

    – En perspectiva era difícil imaginarlo, ¿pero nunca estuvo dentro de los escenarios potenciales el estallido?

    – Por lo menos yo no lo tenía en mi carpeta. Sabía que era una acción delicada, esto de la evasión masiva. Y estaba ocurriendo en otros países así que era obvio que ocurriría. Ahí hubo una estrategia que pudo haber fallado en cómo se evita la evasión

    – ¿Entonces no los tomaron en cuenta cuando envió la información?

    – No diría eso. A lo mejor no se dimensionó lo que podía pasar.

    – El 19 de octubre de 2019 el Presidente dijo que estábamos en guerra, además de la información que entregó el Ejército que estábamos infiltrados por venezolanos, cubanos y otro el informe Big Data que hablaba de jóvenes K-Pop. ¿Ustedes entregaron información en contrario?

    – Yo quiero ser bien responsable y voy a hablar como PDI. No me voy a meter con otras instituciones, porque no conozco la dinámica ni la información que ellos manejaban. Pero sí decirle que para nosotros el estallido social fue un hecho bastante complicado. Primero, porque tuvimos gente herida. Una joven de 21 años que la balearon, dejándola prácticamente inválida y no recibe apoyo de nadie, excepto de alguna gente del gobierno. Eso me dolió. Una detective que participa de la detención de unos saqueadores, delincuentes, porque tampoco son personas que estén luchando por alguna causa. Por eso cuando se habla de presos políticos me parece bastante difícil.

    “A mí me llamó la atención porque había una organización detrás. No la podemos describir porque no pudimos llegar, pero sí habían señales. Por ejemplo, cuando se apedreaba en Providencia, dejaban bolsas con piedras y eso es una logística, una planificación. Gente que venía desde lejos, traían sus bombas molotov y los incendios que se hacían no era gente que iba pasando por la calle y decía voy a aprovechar de protestar. Hay una preparación. Y eso nos dejó un sabor amargo de no haber podido haber llegado un poco más allá”.

    – Usted ha tenido más de un enfrentamiento con el INDH. En particular con su director Sergio Micco y al menos dos peticiones a la Contraloría para evitar que se les fiscalice la aplicación de sus protocolos. ¿Por qué ocurre aquello? ¿Es personal o institucional?

    – No tengo nada en contra del INDH. Yo tuve una diferencia profunda con don Sergio Micco pero no con la institución. De hecho nunca tuve mala relación con ellos. Ni siquiera con Sergio Micco, hasta cuando él nos dice que tenemos un centro de tortura de la PDI en el Metro Baquedano. Entonces por el respeto a toda mi gente no le podía aceptar ni a él ni a nadie.

    – Pero entiendo que la denuncia era que había un supuesto centro de tortura en la Estación Baquedano que era manejado por personal del Ejército.

    Pero a mí me llamó él por teléfono y me dijo que había un centro de tortura de la PDI. Entiendo que el Presidente le dijo que debía pedir disculpas y no lo hizo. Pero esto ya lo di vuelta, ya pasó. Lo que quiero decir es que no es solo con él, sino que cualquier persona nos trate de violadores de derechos humanos o que tenemos un centro de tortura y sabiendo que no es así, me tengo que defender, porque mis funcionarios no pueden defenderse solos. Si no lo hago yo ¿quién lo hará?

    – En una oportunidad usted sostuvo que si los atacaban vamos a disparar.

    – Tenemos un convenio de cooperación con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en Costa Rica y ellos tienen claro el uso de la fuerza. Las policías tienen derecho a usar la fuerza cuando está en peligro su vida, la de un compañero o personas inocentes. Y eso no va a cambiar nunca. Si alguien pretende que no usemos nuestras armas está absolutamente equivocado. No vamos a salir a matar porque no somos malos ni queremos destruir la sociedad. Queremos que nos respeten. Si alguien nos apunta con un arma tenga por seguro que va a recibir un balazo. Y tiene que ser así, porque se pierde el respeto. Y lo digo claramente: cuando un policía se defiende o a sus compañeros y personas inocentes ahí no hay violación de derechos humanos. Hay un acto que el policía tiene la obligación de hacer. No puede no hacerlo.

    Secretos son secretos

    – ¿Detectó la PDI el uso del territorio nacional de terroristas internacionales para coordinar sus operaciones, solo de paso?

    – Eso es materia de inteligencia y que no la voy a revelar.

    – ¿Pero hubo o no?

    – Siempre hay, pero hay que hacer algunas cosas para que eso no ocurra o para que se vayan luego, pero es mejor no decirlo para no alarmar a la sociedad.

    – ¿Y de espionaje?

    – Hemos detectado algunas cosas, pero prefiero llevármelas a la tumba.

    – En su experiencia ¿sirve de algo la Agencia Nacional de Inteligencia?

    – Lo que pasa es que nosotros tenemos una inteligencia dirigida al área operativa. La nuestra no está para prevenir. Que dentro de la información que se recibe se tomen antecedentes para prevenir hechos, por supuesto la traspasamos a donde corresponde. Y la ANI lo que hace es dar información de contexto al gobierno. Y cuando digo de contexto no digo que sirva para tomar decisiones, porque en realidad lo que se hace ahí es ver el panorama de lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir. Yo no conozco los informes que hacen y no le podría decir que no hagan bien su pega. Salvo algunos que sí me han enviado y son bastante buenos.

    – ¿Falta inteligencia o está mal hecha?

    – Lo que ocurre es que para hacer inteligencia no solo se necesita estructura, sino que además hay que tener recursos. Y en Chile a veces no se gastan los recursos necesarios en inteligencia.

    – Entonces falta plata.

    – Es que además falta mucho, porque hay mucha burocracia. Porque si tengo que comprar un equipamiento tengo que hacer una licitación, mejor no lo hago, porque no me va a servir de nada.

    – Pero tenemos los elementos tecnológicos.

    – Sí, tenemos los medios tecnológicos que además van variando y se van volviendo obsoletos y hay que reponerlos, pero si vamos a tener que hacer licitaciones, enviarlas a la Contraloría, va a pasar un año y cuando llegan los elementos no van a servir. Yo se lo he contado a las autoridades, no al Presidente, pero sí a las autoridades. Lo he dicho siempre: necesitamos menos burocracia para adquirir equipamiento.

    Zona roja

    – En relación a La Araucanía. Le llaman zona roja. Se habla de terrorismo, grupos organizados y narcotráfico. Parece el far west chileno. ¿Cómo la describiría usted?

    – Yo creo que La Araucanía es un problema político-policial. No es un problema solo político o solo policial. Y por supuesto no hay una política de Estado. Este tema lo conozco desde 2001 y nunca se ha tomado una decisión política para solucionar problemas, sino que son cosas de parche y esto ha escalado tanto que la gente (…) Al final no ha habido un trabajo eficiente para orientar esta problemática. En lo criminal les ayuda mucho el terreno. Es de difícil acceso, se mueven de noche, andan encapuchados, entonces los medios de prueba también son muy difíciles. Por ejemplo, a veces investigábamos y sabíamos que la persona que andaba en una camioneta de otra persona solo por el ruido del motor, pero eso no tiene validez, la prueba indiciaria es muy difícil de lograr. Y siempre lo he dicho, como policías tenemos una deuda porque hay hechos y casos muy complejos.

    – Ni mencionar la posibilidad de infiltrar.

    – Difícil, porque si lo llegan a descubrir no la cuenta nunca más.

    – La institución fue duramente cuestionada por el fallido procedimiento en Temucuicui. La Moneda le dijo algo, lo retaron.

    – No, pero fue muy difícil para mí. Uno nunca quiere que en un operativo pierda la vida un compañero de trabajo. Pero me molestó más la actitud de un sector político de no condenar la violencia. Ahí hay una deuda con la sociedad y con la PDI.

    – ¿Se pudo haber hecho mejor el procedimiento?

    – Todas las cosas se pueden mejorar.

    – Pero en este caso en particular.

    – Es que aquí hubo situaciones que se fueron dando e interpretando de una manera antojadiza. Por ejemplo la fecha. Nos dieron las órdenes judiciales el 31 de diciembre (de 2020) con diez días de plazo, por tanto se cumplía el 9 de enero (de 2021). Y nosotros lo hicimos el día 7 y un día antes supimos que al día siguiente se leía el veredicto (del caso Catrillanca). Entonces teníamos opciones. Lo hacíamos el día siete, el ocho porque el 9 ya teníamos que devolver las órdenes. ¿Que hubiera pasado si lo hacíamos después? Habrían dicho que fue revancha. Nosotros habíamos investigado el caso Catrillanca. Éramos los más interesados en que se aclarara y no íbamos a hacer nada como para que la comunidad no se enterara. Y estábamos cumpliendo una orden de un tribunal de la República. Sabíamos que era difícil entrar allí y por eso hicimos este operativo grande y menos mal que lo hicimos grande. ¿Se imagina con menos personas? Capaz que los hubieran matado a todos. No importa que hayan participado muchos funcionarios, lo relevante es que la gente respete a la policía, porque si se le pierde el respeto a la policía se le pierde el respeto al Estado de Chile. Además, no puede haber un lugar o un sector donde no pueda entrar la policía porque la gente no quiere que entre. No puede existir eso.

    La espina

    – El Ministerio Público mantiene abierta una investigación por lavado de activos en su contra. Fundamentalmente cuestiona la compra de una propiedad. La indagatoria la realiza el OS7 de Carabineros. ¿Qué le parece la investigación del fiscal Eugenio Campos?

    – Me parece extraña la pregunta, porque si es como usted lo dice, debería ser una investigación reservada y secreta. Y no debiera conocerla usted. Y si la conoce usted, quien le informó comete un delito.

    -¿Pero lo han citado, interrogado?

    -No me han interrogado, pero hubo una invitación y pedí más antecedentes y me cambiaron la fecha. Pero yo estoy tranquilo e iré a declarar cuando sea necesario obviamente cuando tenga los antecedentes de lo que me están imputando. Porque de todo esto me he enterado por la prensa. Es extraño que una investigación delicada, de un fiscal que se supone es un fiscal responsable, la esté filtrando a la prensa. Y sé que va a decir que no fue, pero él es el responsable de la investigación. Qué quiere que le diga.

    Los hermanos

    – ¿En perspectiva hubiera hecho otra cosa en vez de policía?

    – Difícil decirlo a esta altura. Quiero ser bien honesto porque cuando entré a la PDI entré por una necesidad de trabajo. Éramos nueve hermanos y necesitaba una carrera que no fuera muy larga. En ese tiempo eran dos años y podía liberar de gastos a mi padre. Después comencé a conocer mejor, aunque al principio estábamos absolutamente deslegitimados socialmente. Daba como verguenza decir que uno era detective, pero cuando llega Nelsón Mery en 1992, ahí se produjo un reencantamiento y había que ayudar a cambiar esto. Lo hice siempre pensando en que íbamos a ser una institución legitimada socialmente.

    – ¿Lo cumplió?

    – Costó muchos años cumplirlo. Y aún tenemos el tremendo desafío de no defraudar la confianza ciudadana. Y de ahí es todo lo que viene para el futuro, porque hoy todos los sondeos de opinión nos muestran como la institución mejor evaluada. La última Cadem, salió con un 75% de aprobación, cuatro puntos más que el mes anterior. Yo también me he fortalecido. Y eso también genera problemas.

    ¿Por qué?

    – Tengo muchos amigos en el mundo político y me dicen: hay que tener cuidado porque esto de repente te va a costar caro.

    Nuestros comentarios son un espacio de conversación y debate. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.
    Ver los comentarios (0)