Fotografía:

0 visitas |


  • Cuatro casas y un colegio quemado marcaron el masivo uso de fuegos artificiales durante las celebraciones de Año Nuevo. Carabineros y Aduana sacaron de circulación varias toneladas en 2020, pero su contrabando sigue sin control. "Es rentable ser delincuente o narcotraficante en Chile, porque las penas son muy bajas o se cumplen en la casa", advierten expertos.

    En 2020 Carabineros decomisó más de 148 mil unidades de fuegos artificiales que lograron cruzar la frontera de nuestro país por distintos pasos, mientras que Aduanas, en 2019, impidió la entrada de otras 450 mil.

    Sin embargo, más allá de las cifras, el uso indiscriminado de fuegos artificiales ha tenido un explosivo y sostenido incremento durante el último tiempo. La poca fiscalización, junto a las bajas sanciones, han hecho que estos elementos sean cada vez más comunes en distintos barrios y poblaciones. Más de 20 años tuvieron que pasar para que la ley que prohibió su utilización fuera modificada y se establecieran sanciones más allá de una multa.

    Sólo en las últimas semanas del año, se reportó el incendio de una vivienda en San Bernardo que se atribuye a la caída de una bengala. Una situación idéntica ocurrió en Chiguayante la misma noche de Año Nuevo, donde una escuela comenzó a quemarse también por culpa de uno de estos elementos.

    En el mismo contexto, otras emergencias fueron registradas: en el sector Forestal Alto de Viña del Mar, donde ocurrió la quema de pastizal; y en Concepción, donde se reportó un caso similar en Alonso de Rivera, cerca de la pasarela de Cerro La Pólvora.

    Hacia el norte, en Iquique, se informó del incendio de dos casas cerca de la intersección de La Tirana con Chipana, mientras que en el extremo sur del país, en Punta Arenas, se registró el incendio de una vivienda en Cirujano Videla con Juan Salvo.

    Narco-cultura

    Se trata de una de las tantas manifestaciones de la “cultura narco”, que ve en la pirotecnia una forma más de ostentar poderío, sumándose así a las ráfagas de disparos al aire que varias muertes han provocado.

    Así lo manifiesta el consultor internacional de seguridad ciudadana y coautor del Plan Cuadrante de Carabineros, Sydney Houston, quien en conversación con BioBioChile revela su diagnóstico frente a esta problemática.

    “Las bandas de narcotráfico chilenas son distintas a las colombianas o a las mexicanas, donde tienen un líder del cartel. Acá son más horizontales”, indica el analista de seguridad, advirtiendo que esa falta de un liderazgo bien definido, ocasiona más disputas por el territorio.

    Además de demostrar dominio sobre un espacio determinado y avisar sobre la llegada de la droga, Houston señala que la pirotecnia es usada como anzuelo para atraer a los más pequeños del barrio y es que… ¿a qué niño no le llaman la atención los fuegos artificiales?

    “El fuego artificial atrae la atención de los niños, quienes al ver que sus ‘ídolos’ hacen cosas entretenidas, ven ellos también a un -muy mal- referente, pero no es perceptible a ojos de los niños”, complementa.

    En base a su experiencia, el también mayor (r) de Carabineros apunta sus dardos hacia el sistema penal chileno, tildándolo de “muy garantista” en comparación con otros países de la región, lo que favorece a la impunidad con la que los delincuentes hacen lo que se les antoja.

    “Es rentable ser delincuente o narcotraficante en Chile, porque las penas son muy bajas o se cumplen en la casa con reclusiones nocturnas que nadie controla”, recalca.

    Un delito simple

    Debido al creciente auge de la pirotecnia en manos no autorizadas, en mayo de 2019 el diputado de Renovación Nacional (RN), Gonzalo Fuenzalida, junto a otros dos parlamentarios de Chile Vamos, presentaron un proyecto para modificar la ley Nº 17.798 sobre el Control de Armas, buscando sancionar penalmente la fabricación, importación, comercialización, distribución, venta, entrega a cualquier título y el uso de fuegos artificiales.

    Finalmente fue el lunes 28 de diciembre recién pasado, cuando el Congreso dejó en condiciones de ser promulgada como ley la norma que tipifica como simple delito la utilización no autorizada de estos elementos, faltando aún la firma del decreto promulgatorio por parte del presidente, Sebastián Piñera, y la respectiva publicación en el Diario Oficial para su entrada en vigencia.

    Estas sanciones incluyen todo tipo de eventos en que usan generalmente fuegos artificiales, como funerales y cumpleaños ligados al narcotráfico, los festejos en partidos de fútbol y las protestas sociales.

    No vale la pena

    Hasta ahora, todavía sin la entrada en vigencia de la norma, la mala utilización de los fuegos de artificio es considerada una falta y su sanción no pasa más allá de una multa impuesta por el juez de policía local, lo que en la mayoría de los casos impide a la policía concretar la detención de la persona implicada.

    El diagnóstico del diputado Fuenzalida apunta a que eso mantiene de manos atadas tanto a alcaldes, como a Carabineros. Cuando los jefes comunales pedían presencia policial en algún sector donde se estaba lanzando pirotecnia, señala el diputado, desde la policía uniformada daban a entender que no valía la pena tomar el procedimiento.

    “El problema que tenían los alcaldes es que cuando (vecinos) llamaban y le decían ‘hagan algo’, ellos (los alcaldes) contactaban a las policías y les respondían ‘mire, tengo un problema porque lanzar un fuego artificial es una falta, no es un delito. Entonces tendríamos que ir a un lugar donde seguramente hay narcotraficantes, un lugar hostil donde voy a tener que ingresar con Carabineros o Fuerzas Especiales para pasar una multa y decirle que vayan al juzgado de policía local"”, explica el parlamentario.

    El análisis del congresista es que una vez que entrada en vigencia la normativa, las policías y la justicia tendrán mayores herramientas para combatir el fenómeno, ergo, los fuegos de artificio deberían comenzar a desaparecer de las calles.

    ¿Cómo y cuánto ingresa?

    El Servicio Nacional de Aduanas debe resguardar los intereses del Estado y de la ciudadanía. Entre otras funciones, tiene encomendado impedir que ingresen a nuestro país mercancías que puedan ser consideradas peligrosas.

    Consultados por BBCL al respecto, desde el organismo manifestaron que, cumpliendo con su rol de fiscalización y protección de las fronteras, han identificado una serie de áreas de riesgo críticas que requieren un tratamiento integrado de análisis, que permita delinear planes específicos de fiscalización.

    En este escenario, el Ministerio del Interior convocó la semana pasada a esta y otras instituciones para abordar la problemática y consolidar cifras en torno a una mesa de trabajo, que tiene por objetivo fortalecer la lucha contra el ingreso de armas, municiones, explosivos y fuegos artificiales.

    Sobre los números, desde Aduanas se excusaron de no poder entregarlos en detalle, argumentando que en el contexto de esta mesa de trabajo los datos solicitados por nuestro medio son “sensibles” y se usarán en la gestión e implementación del plan de inteligencia.

    ¿Cómo ingresan? Desde Aduanas indicaron que las incautaciones de fuegos artificiales y armamento realizados por parte de los equipos de fiscalización se generan frecuentemente en los controles habilitados, principalmente en control de pasajeros, vehículos, buses y cabinas de camiones de carga.

    “El análisis ha indicado que las principales fuentes de ingreso son mediante el contrabando utilizando similares modus operandi al del tráfico de cigarrillos o tabaco”, sostienen.

    Si bien durante 2018 y 2019 se verificó un alza de las incautaciones respecto a años anteriores, con cifras que bordeaban las 450.000 unidades confiscadas en los pasos habilitados, este 2020, a raíz de la pandemia y el cierre de fronteras, la tendencia se rompe, advierten.

    Este jueves recién pasado, durante una sesión especial del Senado convocada para analizar los últimos hechos de violencia en el país, el director nacional de Aduanas, José Palma Sotomayor, expuso que no sólo el ingreso ilegal, sino el regulado -con todas las de la ley- podría terminar en un mal uso.

    En efecto, en la instancia, de la que también participó Carabineros, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, Palma Sotomayor puso énfasis en la necesidad de hacer trazabilidad a los fuegos artificiales que ingresan legalmente a Chile.

    La idea es que las distintas instituciones involucradas tengan las herramientas y facultades pare revisar los stock de estos elementos una vez almacenados.

    Según profundizó el funcionario, entre 2018 y 2020 “se han importado legítimamente al país más de 388 toneladas de fuegos artificiales. Nosotros destacamos esto porque, en definitiva, esta cantidad de elementos de fuegos de artificio finalmente pueden representar, no tenemos ninguna duda respecto de ello, una mala utilización, un uso ilegítimo”.

    El director dijo también que en ese mismo periodo se logró la incautación -entre armas de fuego, municiones y elementos pirotécnicos- de más de un millón de unidades.

    Respecto a los puntos controlados donde hay mayor incidencia de hallazgos de fuegos artificiales de contrabando, el análisis de los datos de Aduanas indica que la mayor cantidad de incautaciones de los últimos 3 años se produce en las aduanas de Los Andes, San Antonio y Valparaíso, seguidas de las aduanas del extremo norte del país, es decir Arica, Iquique y Antofagasta.

    La trazabilidad

    La teoría de eventuales problemas con la trazabilidad de estos elementos ingresados legítimamente al país fueron descartados tajantemente por el gerente general de una de las empresas que realiza los eventos más grandes del rubro en nuestro país, Pirotecnia SPA.

    Desde el otro lado del teléfono, Jorge Cayumán asegura que “son elementos que están sometidos a fuertes regulaciones. La Ley de Control de Armas para las empresas inscritas y responsables es muy estricta. Una pirotecnia para la DGMN es como manipular un arma”.

    En esa línea, recalca que “para las empresas de pirotecnia es casi imposible perder la trazabilidad de los elementos pirotécnicos, porque nosotros estamos controlados durante la importación, durante el traslado, en los almacenes, durante el espectáculo y post espectáculo”.

    Cayumán remarca que constantemente son fiscalizados e inventariados producto por producto, advirtiendo que los elementos que se ven en las calles “entran en contenedores o entran desde Argentina, Perú y Bolivia. Es muy simple verificar, basta que se vea la procedencia (…) cuando viene directamente de China llega a través de contenedores”.

    Los números de la destrucción

    Otra de las instituciones citadas por Interior fue la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), organismo asesor del Ministerio de Defensa en materias como el control de armas y explosivos.

    La DGMN tiene la obligación, según la Ley de Control de Armas y Explosivos, de colaborar con la seguridad pública supervigilando estos elementos y destruyéndolos tras las incautaciones.

    Los números no dejan de llamar la atención. De acuerdo a datos a los que tuvo acceso BioBioChile, en 2019 el organismo destruyó 3,1 millones de unidades de fuegos artificiales, mientras que en 2020 esa cifra apenas alcanzó las 322.177 unidades.

    Además de datos duros, se intentó obtener una vocería de parte de la DGMN con la finalidad de ahondar en las cifras, lo que no fue posible coordinar hasta el cierre de esta publicación.

    Preocupación gubernamental

    La sensación de inseguridad que genera en la ciudadanía el lanzamiento de fuegos artificiales es un tema que preocupa y mucho al Gobierno. Así al menos lo indica el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado Mocarquer.

    Consultado por la problemática, el secretario de Estado indicó que como Gobierno les “preocupa hace mucho tiempo lo que ocurre en torno a la pirotecnia en todo el país”.

    “Como se sabe, existe una relación directa en los barrios entre fuegos artificiales, droga y otros delitos. Esto, porque muchas veces se utilizan para avisar que llegó droga o para atacar a otras personas o a las policías, generando una alta sensación de inseguridad entre los vecinos”, sostuvo.

    Respecto a la mesa de trabajo, donde participan Aduanas, la PDI, Carabineros y la DGMN, el ministro Delgado detalló que buscan hacer un completo levantamiento de toda la información disponible sobre la pirotecnia, pero también abordando el control de armas, armas hechizas y a fogueo.

    “Dicha información deberá estar enviada esta semana para que se desarrollen planes de acción separados para cada uno dependiendo de los fenómenos que es cada caso se detecten. Esta acción será fortalecida con la pronta promulgación de la ley que sancionará con cárcel el uso ilegal de los fuegos de artificiales. He solicitado actuar con sentido de urgencia en esta materia, debemos estar preparados para cuando entre en vigencia la ley de fuegos artificiales”, subraya el titular de Interior.

    Incautaciones de Carabineros

    Ricardo Yáñez, dio a conocer el registro acumulado de incautación de fuegos artificiales en 2020, destacando que esos números “dan cuenta del trabajo que estamos haciendo 24/7 de forma permanente”.

    Según las cifras expuestas por la máxima autoridad de la policía uniformada, a lo largo del año se lograron sacar de circulación 148.966 unidades de fuegos artificiales, de los cuales más de 60 mil estaban en la región Metropolitana y otros 86 mil en el resto del país.

    Sin considerar la Metropolitana, Arica y Parinacota es la región que registró más incautaciones con 42.876, dando luces de por dónde estarían ingresando este tipo de elementos hacia nuestro país, pese al cierre de pasos fronterizos que recordó Aduanas.

    Así se ve el panorama general del país:

    No obstante las grandes cantidades decomisadas, durante 2020 sólo se contabilizan 112 infractores de la Ley de Armas y Explosivos. Ya sea por comercialización en la vía pública, venta en locales comerciales o uso no autorizado de fuegos artificiales.

    Por no considerarse -todavía- un delito, los quebrantadores de la norma no debieron enfrentar cargos del Ministerio Público y el problema, seguro, se solucionó con el eventual pago de una multa que para quienes vendían está fijada entre 10 y 650 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, entre 500 mil y 2,5 millones de pesos.

    Instituciones y autoridades coinciden en que la nueva normativa permitirá combatir el fenómeno de mejor forma, lo que todavía está por verse.

    Nuestros comentarios son un espacio de conversación y debate. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.
    Ver los comentarios (0)