Fotografía: Contexto | Agencia UNO

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  • Una denuncia a la justicia reveló una trama de inhabilidades en la licitación para arrendar un software que modernizaría el 133 de emergencias. En ella la canadiense Émeres recibió un certificado de Motorola que apoyaba su postulación, porque el sistema informático que ofrecía se coordinaba con los productos que Carabineros mantiene contratados con la multinacional por cifras millonarias. Sin embargo, durante la tramitación del concurso se descubrió que un ingeniero miembro de la comisión evaluadora había prestado servicios a Motorola. Quien lo reemplazó resultó ser su socio. El hecho quedó al descubierto y también fue sacado del grupo revisor. El jefe de Compras Públicas de la policía uniformada, general Humberto Riffo, lo separó del puesto y lo cambió por quien funge como contraparte técnica de Motorola en la institución. La Fiscalía Oriente ya interrogó a la denunciante y dictó las primeras diligencias, mientras que Carabineros inició un sumario administrativo para aclarar por qué no se detectaron a tiempo las inhabilidades. El proceso de compra fue revocado en enero pasado y el argumento institucional es que después de un año, descubrieron que los términos de referencia no se condicen con las necesidades policiales. La historia y los documentos los revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

    La Fiscalía Oriente abrió una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias de civiles contratados por Carabineros, quienes integraron la comisión evaluadora de una licitación destinada a modernizar el número de emergencias 133, por 20 millones de dólares.

    De acuerdo a la información recabada por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, se trata de dos profesionales que aparecen ligados a empresas del grupo Motorola, firma que hoy mantiene decenas de contratos con la institución.

    El proceso concursal que se inició en enero de 2020 tenía como objetivo arrendar un software que permite a la institución -a través la Central Comunicaciones (Cenco)- administrar los efectivos cuando ingresa una llamada de emergencia o denuncia. Al recibirla el operador, el programa informático le señala la ubicación desde donde se realiza el contacto, permitiéndole conocer en línea las unidades policiales más cercanas para adoptar un procedimiento.

    El sistema computacional -conocido internamente como “CAD”- fue el año 2009 vendido por la canadiense Émeres y administrado por Telefónica hasta 2014. Posteriormente, la misma plataforma es manejada hasta hoy por la empresa Claro.

    Integración

    Antes de concurrir como oferentes, distintas empresas visitaron las instalaciones donde está instalado el CAD, tanto en Santiago como en regiones. Una de ellas fue precisamente Motorola, que finalmente no participó en la licitación.

    Quienes sí lo hicieron fueron Claro, Entel, Telefónica, Pegasus y por cierto Émeres. Esta última creó una sociedad en Chile y se alió con una empresa nacional de informática con miras a cumplir los requisitos formales. Al mismo tiempo, ejecutó un “trabajo de integración”, proceso destinado a establecer la compatibilidad del software con las radios de Motorola. Esta compañía mantiene un multimillonario contrato de arriendo de esos equipos radiales que vence en 2022.

    La fiscal Lorena Parra en tanto ya interrogó a la abogada que presentó una denuncia ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en marzo pasado y dictó las primeras diligencias.

    Lea la denuncia

    Sociedad secreta

    La Contraloría tomó razón de las bases de licitación de Carabineros a fines de 2019. En febrero de 2020 el director del Área de Compras Públicas de Carabineros, general Humberto Riffo, conformó la comisión evaluadora que revisaría a las firmas mencionadas y si estas cumplían con los requisitos técnicos y económicos.

    El grupo de control quedó compuesto por cuatro uniformados y dos civiles contratados por la entidad verde oliva.

    El documento rubricado por Riffo, advertía: “Se hace presente que en el evento que algún integrante de la Comisión Evaluadora se encuentre afecto a inhabilidades, conflicto de intereses u otras razones será debidamente reemplazado, dejando constancia en el informe de la Comisión Evaluadora”.

    Uno de los integrantes fue el ingeniero Claudio Molina Miranda. Este último, al momento de asumir como revisor, había prestado servicios -a través de Inversiones Geyser- a las firmas Mobilink e Interexport, ambas del Grupo Motorola, de acuerdo a las facturas a las que accedió este medio.

    No era la primera vez que tenía vínculos con la multinacional. Años antes, cuando trabajó en la PDI, fue precisamente la contraparte técnica de esta misma compañía.

    La situación quedó al descubierto por un reclamo en la web de Mercado Público, por lo que el mismo general Riffo debió relevar a Molina Miranda por otro civil. En el puesto quedó el ingeniero Francisco Barison Egert. Al igual que en el caso anterior, no debía estar inhibido para integrar la revisión.

    Sin embargo, en el mencionado portal fue posteada otra queja de similares características. Esta advertía que Barison Egert, era socio con Molina Miranda en Wireless Services Spa, constituida en abril de 2019, tal como lo comprobó este medio en el Diario Oficial.

    Carabineros indagó: todo era cierto. El general Riffo volvió a firmar un reemplazo en la Comisión Evaluadora el 30 de julio de 2020, designando a Ernesto Venegas Moreno. El 12 de agosto del mismo año Molina Miranda y Barison disolvieron Wireless Express Spa.

    Casualmente, a principios de octubre de 2020, Venegas Moreno recibió junto al jefe del departamento de Tecnologías de la Información de Carabineros (TIC), coronel Mauricio Poblete, a los representantes de Motorola: el CEO en Chile, Luis Valdivieso y su colega Ramón Bórquez Bustos. Este último es un oficial en retiro de la policía uniformada, cuyo hermano también trabaja en la tecnológica. Similitud que se repite con Molina Miranda, cuyo primo labora como jefe de proyectos en la firma.

    Para ver la reunión pinche aquí.

    Lo particular es que la reunión ocurrió mientras la licitación para modernizar el sistema 133 estaba en pleno desarrollo, algo que la Ley de Compras Públicas prohíbe de manera expresa. Coincidencia: Venegas Moreno es la contraparte técnica de Motorola en la institución.

    Cruces

    Uno de los detalles que constan en la tramitación del proceso concursal es un certificado emitido por Motorola en favor de Émeres, fechado el 3 de agosto de 2020, a pocos días que los ingenieros Molina Miranda y Barison Egert fueran desligados de la comisión evaluadora del proyecto.

    Lea el certificado

    “Tanto Motorola como Émeres asignaron a personal especializado para realizar esta integración (coordinación entre el software y las radios de la multinacional), la que concluyó con éxito y actualmente está implementada y funcionando en las dependencias de Motorola en Chile”, señala la certificación.

    Fuentes del departamento de Tecnologías de la Información de Carabineros (TIC) indicaron a este medio que las inhabilidades administrativas de los ingenieros, provocaron la molestia del general de Riffo y complicó el desarrollo de la licitación.

    Por lo anterior, en enero de 2021, el director de logística subrogante, coronel Mauricio Poblete, firmó una resolución donde revocó el concurso hasta nuevo aviso. Del documento se colige que la institución se percató después de un año que el proceso licitatorio estaba incompleto. La determinación, basada en la facultad que le entrega la Ley de Compras Públicas, implica que todo empezará de cero.

    Cómo ligar

    Previa pauta de preguntas enviada por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, la institución indicó que la anulación obedeció a una decisión “estratégica para optimizar los recursos fiscales”.

    Lea las respuestas de Carabineros

    Básicamente, porque en primera instancia no se incluyó en la licitación la vinculación técnica con el software de Carabineros conocido como Proservipol, como también que otro estamento institucional preparaba un proyecto similar.

    Respecto a los profesionales separados del grupo evaluador se inició una investigación interna para determinar las responsabilidades administrativas por los conflictos de intereses ya mencionados.

    El caso quedó en manos de la Fiscalía Administrativa de la Zona Metropolitana de Carabineros “cuyas conclusiones (…) se encuentran en etapa de notificación y posterior resolución del mando (…)”.

    Se aseguró que un nuevo proceso de adquisición será publicado en Mercado Público, pero antes será revisado para incluir “ajustes de los requerimientos técnicos, que permitan la incorporación del sistema Proservipol a la plataforma CAD”.

    Si bien no existe fecha definida, sería recién durante abril que la Dirección de Compras Públicas institucional remitirá eventualmente la nueva licitación para que la Contraloría la revise y dicte la toma de razón respectiva.

    Debido a que el concurso fue revocado, la empresa administradora del CAD seguirá siendo Claro.

    “Desde este punto de vista para la operación actual y transitoria del sistema, se tendrá en cuenta mantener las condiciones pactadas en el contrato original, consignando el mismo presupuesto y las mismas prestaciones”, respondió la entidad verde oliva.

    Este medio consultó a Émeres, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. Igual situación ocurrió con el CEO Valdivieso y Motorola.

    Más de una

    La empresa Motorola está en la mira de la Fiscalía Centro Norte. Lo anterior, en el marco de una investigación por delitos de corrupción, luego que se adjudicara la licitación convocada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, para proveer cámaras corporales destinadas a Carabineros por $378 millones.

    El caso surgió por una querella interpuesta por la tecnológica Pegasus que denunció irregularidades en el proceso, tal como lo reveló este medio a mediados de 2020.

    Para Carabineros, en tanto la licitación del CAD se suma a la fallida adjudicación de los sistemas de control de identidad, conocidos como Simcar.

    A finales de 2020 fue enviada a la Contraloría para que el organismo fiscalizador se pronunciara sobre la legalidad, pero hasta ahora está pendiente, luego de denuncias de presuntas anomalías.

    Previamente la institución cortó el servicio con la empresa GTD que mantenía operativos los aparatos de inestimable utilidad para conocer en línea si algún fiscalizado estaba dentro de los grupos de riesgo de Covid-19.

    Actualmente el control policial volvió a la antigua y se realiza por radio.

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