Fotografía: Archivo | CNN Chile

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  • Según el CDE, ex altos funcionarios de Gendarmería montaron una máquina para defraudar al fisco y así obtener cuantiosas jubilaciones para sus cercanos. El listado lo componen dos ex directores nacionales del organismo y Myriam Olate, la ex subdirectora técnica de la institución y ex esposa del otrora hombre fuerte del Partido Socialista, Osvaldo Andrade.

    El Consejo de Defensa del Estado (CDE) amplió la querella por fraude al fisco, a raíz de las millonarias e irregulares pensiones otorgadas por Gendarmería, entre las que figura Myriam Olate, ex subdirectora técnica de la institución.

    El caso estalló en 2016, cuando se descubrió que Olate, exesposa del otrora presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade (PS), percibía una pensión de 5,2 millones de pesos. Esa, sin embargo, fue la primera hebra de una trama mucho más compleja.

    A más de cuatro años de iniciada la causa judicial -la que ha mostrado escasos avances desde entonces-, el CDE volvió al ataque al ingresar ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una nueva acción legal en la que detalla la fórmula montada en el organismo para defraudar las arcas fiscales, engrosar sus sueldos y así obtener cuantiosos jubilazos.

    El escrito de 16 páginas singulariza con nombre y apellido a Myriam Olate y a los exdirectores nacionales de Gendarmería, Juan Letelier Araneda y Tulio Arce Cortes. También aparecen especificados otros 9 exfuncionarios de la institución implicados.

    La trama completa la revela en exclusiva la Unidad de Investigación de BioBioChile.

    El mecanismo

    En el documento presentado este miércoles ante los tribunales de justicia, el CDE detalla que al menos durante los últimos 10 años a la fecha, al interior de Gendarmería de Chile “se han realizado una serie de maniobras orientadas a la obtención fraudulenta de pensiones abultadas (…) constituyéndose al interior de este organismo una verdadera máquina de defraudación en perjuicio del Fisco de Chile”.

    Según se explica, la fórmula creada al interior de Gendarmería de Chile era simple: abultar de manera ilegal las remuneraciones de los implicados, previo a solicitar y acceder a la jubilación.

    Ello se podía lograr con dos mecanismos distintos, pero que podían ser empleados por un mismo funcionario. El primero -señala el escrito- consistía en la designación -sin existir razón alguna para ello- de cargos privilegiados de alto mando, como el de subdirector operativo, “lo que les permitía acceder a una remuneración mensual superior a la que hasta ese entonces recibían, para posteriormente solicitar su retiro y que su jubilación fuese calculada en base a esta remuneración abultada”.

    Puesto en simple, estos cargos de privilegio eran utilizados sólo por algunos meses por los funcionarios, “solicitando en el futuro más cercano a su nombramiento, el retiro de la institución, logrando una jubilación por un monto mucho mayor que aquel que les correspondería por ley”, versa el documento del CDE.

    El segundo mecanismo, en tanto, también está relacionado al abultamiento irregular de las remuneraciones. Esta vez, a través de la asignación de funciones críticas, las que están establecidas por la ley para que sean aplicadas a personas que tenían directa relación con unidades penitenciarias y en constante riesgo por estar en directa relación con los internos.

    ¿El problema? Resulta que al interior de Gendarmería se asignaban funciones críticas exclusivamente con la finalidad de que el beneficiado pudiese incrementar de manera considerable su remuneración para luego, semanas o meses después, simplemente renunciar, “logrando una jubilación abultada fraudulentamente en perjuicio del Fisco”, según consta en los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa consignados por el CDE en la querella.

    De acuerdo a lo precisado en la acción legal, ambos métodos de defraudación eran en muchos casos aplicados al mismo funcionario. En otras palabras, se le designaba un cargo de alto mando, aumentándole el grado y, además, se le asignaba un aumento en su remuneración por reconocer que éste cumplía una función crítica.

    La era Letelier

    Tal como se indicó, la ampliación de la querella apunta contra Myriam Olate y 11 ex altos funcionarios de Gendarmería.

    El primero en aparecer mencionado es justamente el exdirector nacional de Gendarmería, Juan Letelier Araneda, a quien se le acusa de acceder a una pensión de retiro por sobre el tope establecido por la ley y de aprovechar su calidad como mandamás del organismo para asignar fraudulentamente funciones críticas a funcionarios determinados que eran cercanos a él, entre ellos su jefe de gabinete, el querellado Freddy Larenas Durán.

    También aparece singularizada otra funcionaria: Clodomira Núñez Pizarro. Se le acusa de lograr una mejor pensión tras recibir un aumento de grado luego de habérsele aceptado su dimisión. En efecto, la querella detalla que fue nombrada en un grado superior en calidad de suplente 5 días después de haber sido recibida y aceptada su renuncia a la institución.

    “Dichos aumentos de grados eran conversados previamente con el Director Nacional de Gendarmería, quien los aplicaba sin tener ningún criterio técnico”, apunta el CDE.

    En una situación similar está Margarita Cárdenas Soto, quien presentó su renuncia voluntaria 15 días después de haber obtenido un ascenso; y María Díaz Agurto. El CDE le acusa de obtener una remuneración aumentada en agosto de 2015, en septiembre presenta su renuncia y en octubre se jubila con una pensión abultada.

    A Luis Aravena Mardones se le imputa aparentar el cumplimiento de los requisitos para jubilar por DIPRECA. Esto último genera importantes beneficios a los funcionarios, “que se manifiesta especialmente en que su jubilación asciende al 100% de la última remuneración recibida”. De acuerdo al CDE, este funcionario no cumplía con ninguno de los requisitos para jubilarse a través de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.

    Asimismo, el CDE apunta al llamado a retiro temporal de Jessica del Carmen Espinoza Ramírez. Sólo 7 meses antes había comenzado a percibir remuneraciones extras por “cumplir supuestamente” funciones críticas.

    El rol de Tulio Arce

    En la querella aparece mencionado otro exdirector nacional: Tulio Arce Araya, a quien también se le acusa de abultar fraudulentamente las remuneraciones de algunos funcionarios.

    En ese periodo aparecen los nombres de Edita Cortés Cortés y Ricardo Quintana Montaya, a quienes se le asignaron funciones críticas el mismo mes que se les aceptó la renuncia, solo pocos días antes.

    “La firma de la resolución que acepta la renuncia y que asigna la función crítica corresponde al querellado Tulio Cesar Arce Araya, quien tenía una relación de cercanía con el querellado Quintana Montoya, desde la escuela de GENCHI, en la cual eran compañeros”, versa la querella.

    A lo anterior, se suma el caso del suboficial mayor, Pedro Pablo Hernández Pérez. Fue nombrado como jefe de la Unidad de Atención Ciudadana y sólo dos meses después fue llamado a retiro absoluto.

    Según apunta la querella, Hernández Pérez era dirigente sindical “lo que
    hacía que fuera imposible que éste pudiera efectuar las labores propias del cargo”.

    “En efecto, quien ejercía esta labor era la abogada Marcela Saavedra, quien hasta el día de hoy ejerce ese cargo. De esta manera, el nombramiento del querellado Hernández se trata de un nombramiento fraudulento puesto que nunca fue ejercido y sólo sirvió para lograr un aumento en sus remuneraciones y una consecuente mayor jubilación”, consigna el escrito del CDE.

    El caso Olate

    El listado lo completa Myrian Olate, la ex subdirectora técnica de la institución, a quién el 1 de diciembre de 2015 se le concedió una pensión de retiro ascendente a $5,2 millones. Según se le acusa, recibió improcedentemente una pensión de retiro, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos por la ley para ser jubilada en DIPRECA.

    Asimismo, el CDE advierte que en las remuneraciones percibidas por Olate Berríos durante 2015, y que sirvieron de cálculo a la pensión de retiro otorgada, se constató “el pago indebido de la bonificación compensatoria de la asignación de modernización”.

    “Es así como, la querellada, descontando las cuotas correspondientes a la asignación de modernización, percibía remuneraciones por sobre el tope imponible. De este modo percibió una bonificación indebida, lo que generó un aumento remuneracional que causa, a su vez, el efecto de aumentar la cantidad a pagar por concepto de jubilación”, señala.

    Consultado al respecto, el abogado Roberto Ávila, quien impulsó la apertura de esta investigación judicial en 2016, indicó escuetamente que “es muy significativo que el Estado se querelle”.

    “Este fraude es enorme, cuesta explicarse que la fiscalía deje pasar el tiempo a pesar de todos los antecedentes que dispone”, sostuvo.

    Hasta el momento, la máquina de defraudación descrita por el CDE ha significado un perjuicio indeterminado al fisco. El esclarecimiento de la cifra real dependerá del avance de la investigación.

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