Los informes de actividades de Miguel Crispi por los que recibe $5,9 millones mensuales

Más de $5,9 millones de pesos brutos son los que recibe mensualmente Miguel Crispi Serrano (Revolución Democrática), el jefe de los asesores del Segundo Piso de La Moneda. El exdiputado —y uno de los fundadores del movimiento político universitario Nueva Acción Universitaria (NAU) y de RD— quedó en medio del fuego de la oposición, luego de que se negara a participar en dos oportunidades de la comisión investigadora del Caso Convenios.

Su ausencia abrió no sólo un nuevo flanco en el Ejecutivo, sino también una discusión técnica sobre si debe o no cumplir las obligaciones de un funcionario público. Tras su segunda inasistencia, fue el propio Gobierno el que planteó la tesis de que su incomparecencia no es motivo de sanción al estar contratado a honorarios.

“No está obligado”, argumentó la vicepresidenta de República, Carolina Tohá al ser consultada respecto de la situación del también ex subsecretario de Desarrollo Regional. Algo que en la derecha fue calificado como una defensa corporativa de La Moneda.

Los contratos

Más allá del debate —hoy alojado en la Contraloría—, lo cierto es que Crispi ya lleva cumpliendo labores en Palacio por más de un año.

En total, han sido dos contratos y una modificación de cláusulas los que ha firmado en su paso por un cargo considerado clave en el andamiaje de la jefatura de Estado.

El primero de ellos se concretó el 9 de septiembre para reemplazar en su puesto al entonces asesor del segundo piso y hoy ministro de Energía, Diego Pardow (Convergencia Social). El vínculo fue firmado por el propio Crispi y la directora administrativa de la Presidencia, Antonia Rozas Fiabane, para que prestara “asesoría especializada al Programa de Apoyo a las Actividades Presidenciales”.

Sus labores, según se lee textual en el contrato, eran cuatro. A saber: “prestar asesoría en materia de políticas públicas y seguimiento de compromisos”; “asesorar en la evaluación del cumplimiento de compromisos presidenciales y ministeriales”; “coordinar el seguimiento del cumplimiento de los compromisos presidenciales, a nivel nacional e internacional”; y “gestionar la coordinación interna del Equipo de Seguimiento de Compromisos”.

¿Su remuneración? El documento fijaba desembolsos totales por más de $19,3 millones, divididos en cuatro cuotas mensuales que en promedio rondaban los $4,8 millones. A cambio, eso sí, debía presentar un informe de las actividades desarrolladas durante ese periodo.

Su primer escrito es el más escueto de los que ha presentado. Se reduce a apenas dos líneas: “Reuniones de coordinación y conocimiento del equipo de seguimiento” y “revisión de compromisos de las carteras ministeriales”, escribió (ver imagen).

Aumento de funciones y sueldo

Septiembre fue un mes especialmente agitado para Crispi. Primero porque tuvo que salir como jefe de la Subdere, un cargo que permite movilizar multimillonarios recursos, para parchar la salida del ya citado Pardow. Y segundo, porque tras la polémica salida de Lucía Dammert, terminó ascendido a líder de sus colegas asesores del Presidente. Todo en menos de una semana.

Los movimientos en Palacio también significaron a Crispi un aumento en sus funciones y —consecuentemente— en su sueldo. A 22 días de la firma de su primer contrato, el sociólogo debió rubricar una modificación que le agregó una quinta responsabilidad: “Participar y asesorar en comités políticos con los distintos ministerios”. Sus remuneraciones, en tanto, subieron a los $5,9 millones mensuales.

Según explican en La Moneda, el ajuste se debió precisamente a que él había llegado primeramente en calidad de asesor de coordinación y seguimiento de compromisos, lo que otorgaba honorarios más bajos a los que le corresponden actualmente por su puesto como coordinador. De ahí que los ingresos se homologaran a los que percibía su antecesora.

Así las cosas, en octubre de 2022 —el primer mes en el que estuvo completamente como jefe— su informe de actividades es un poco más abultado. Aquí aparecen cinco tareas ejecutadas: reuniones semanales con los equipos comunicacionales de La Moneda; coordinación del gabinete presidencial; participación en comités políticos; elaboración de minutas; y preparación del material que sirvió de base para la gira que el 12 de mes concretaría Boric en la región de Antofagasta.

Vea los informes de 2022

De acuerdo a información recabada por la Unidad de Investigación de BioBioChile, el contrato y su modificación fueron enviados a Contraloría para tomar de razón recién en enero de 2023. Es decir, cuando el vínculo laboral ya había quedado en el pasado. Se trata, en todo caso, de un trámite que revisa la formalidad del escrito y no así respecto del contenido de éste. Ambos recibieron la luz verde del órgano de control ya en marzo de este año.

Los informes de Miguel Crispi

El segundo contrato es el actual. Fue firmado el 1 de enero de 2023 y se prolongará hasta el 31 de diciembre de este año. El convenio fija honorarios totales por $71,3 millones, divididos en 12 cuotas mensuales de $5,9 millones.

Respecto de dónde y cuándo cumplir sus funciones, el acuerdo lo deja a criterio de su empleador.

“El prestador deberá concurrir a las dependencias de la Presidencia de la República, durante días y horas, hábiles o inhábiles, que determine la Presidencia, con el objeto de desarrollar las actividades para las que fue contratada. No obstante, concurrirá diariamente si de la naturaleza de tales servicios se deriva que su asistencia es necesaria todos los días, o que tales servicios deben ejecutarse en dependencias de esta Institución”.

Extracto del contrato

Sea como sea, el informe de enero de 2023 se limitó a cuatro actividades: coordinaciones con los equipos del gabinete presidencial; reuniones para definir las actividades presidenciales; participación y asesorías en los comités políticos con distintos ministerios; y asistencia a actividades protocolares.

El informe del mes siguiente es prácticamente un copy-paste del anterior. Corresponden a las mismas actividades, pero sólo cambió el orden de las tareas (ver imagen). Lo propio ocurre con los meses siguientes, salvo julio. A partir de ese mes, el formato gráfico de los informes fue modificado, pero el contenido sigió siendo el mismo.

No hay calendario

En resumen, los 12 escritos ingresados por Crispi para recibir su sueldo describen tareas a grandes rasgos pero no aportan detalles de cada una de éstas.

Este medio solicitó vía Transparencia un calendario del mandamás del Segundo Piso de Palacio que permitiera conocer las especificaciones de sus actividades, sin embargo, desde Presidencia respondieron que los servicios de aquellos empleados contratados a honorarios “no son materia de registro en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos o acuerdos de esta entidad, ni tampoco se trata de información elaborada con presupuesto público”.

“Lo anterior, debido a que no existe norma constitucional o legal que mandate a la Presidencia de la República a llevar un registro de actividades que realicen dichos prestadores de servicios. Por tanto, en razón de los fundamentos expuestos, corresponde informar la inexistencia de esta parte del requerimiento de información”, espetaron.

Vea los informes de 2023

Todo en manos de Contraloría

Más allá de los servicios prestados y los dineros percibidos por Crispi, ahora es la Contraloría la que deberá determinar si éste debía o no comparecer ante la comisión investigadora del caso Convenios.

Quienes conocen la interna del organismo fiscalizador cuentan a BBCL Investiga que todo indica que el ente finalmente determinará que el sociólogo sí tenía la obligación de asistir.

El sentir es que, más allá de la discusión de honorarios vs contrata, todos los que tengan alguna relación con el sistema público están sujetos al principio de probidad y —por tanto— están obligados a rendir cuentas por sus actos.

En todo caso, se trata de una materia que aún no ha sido definida completamente. El mismo contralor general Jorge Bermúdez ha sostenido numerosas reuniones en las últimas 72 horas con sus equipos directivos para establecer una postura clara que podría dar a conocer esta misma mañana en el Congreso.

Por contraparte, en las filas de la Corporación de la Cámara de Diputados la postura es completamente diferente.

Fuentes de esta Unidad de Investigación aseguran que el reglamento es claro respecto de quiénes están forzados a participar de estas instancias y que todo está reducido a los empleados públicos de planta y a contrata.

—¿Tiene que ir a declarar?

—No es funcionario, por lo que no está obligado —dice tajante uno de los consultados.

Con todo, desde la Presidencia recalcan que “el Gobierno ha colaborado en todo lo que está a su alcance para dilucidar los hechos investigados”.

Vea los contratos aquí