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Correos del Estado Mayor Conjunto develan temor a "otro Catrillanca" y "debilidad" de Inteligencia

Correos del Estado Mayor Conjunto develan temor a "otro Catrillanca" y "debilidad" de Inteligencia

Jueves 22 septiembre de 2022 | 06:00

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Correos internos, comunicaciones secretas y documentos reservados son parte de una filtración sin precedentes que afectó al Estado Mayor Conjunto, organismo asesor del Ministerio de Defensa compuesto por las tres ramas de las Fuerzas Armadas. La Unidad de Investigación de BioBioChile analizó cientos de páginas de información, que dan cuenta de los gastos que significó la ejecución de los estados de excepción y la preocupación de los uniformados por no repetir muertes de civiles como lo ocurrido con Camilo Catrillanca. Desde el Ejecutivo anunciaron el inicio de un sumario administrativo y los antecedentes fueron enviados a la justicia militar para buscar a los responsables. Los alcances de dicha vulneración aún no son transparentados.

“Se debe tener un especial cuidado en la posible búsqueda de la victimización de un delincuente por acción de las Fuerzas Armadas (…) lo que dejaría en muy mal pie las acciones desarrolladas, a los JDNs (jefes de la defensa nacional) y al Gobierno”.

Un hackeo liderado por el grupo hacktivista Guacamaya liberó más de 300 mil archivos reservados del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de la Defensa Nacional de Chile. Los documentos internos -analizados por la Unidad de Investigación de BioBioChile– detallan, entre otras comunicaciones, los cuidados, complicaciones y los gastos operacionales de las Fuerzas Armadas durante el Estado de Excepción instaurado en las regiones del Bío Bío y La Araucanía, bajo el mandato del ex Presidente Sebastián Piñera.

Según de desprende de los informes secretos a los que accedió este medio, la Armada y el Ejército de Chile desembolsaron, entre octubre de 2021 y abril de 2022, más de 1.200 millones de pesos. Todo ello, pese a que reportes internos evidencian la escasez de equipamiento básico para los uniformados desplegados en la zona.

Falta de chalecos antibalas y vehículos blindados, además de malas condiciones de vida de Carabineros forman parte de las falencias que experimentaron durante los operativos. Aunque, también transparentan al interior de sus filas el inicio de seis procesos judiciales por hechos ocurridos bajo el Estado de Excepción. Los más graves recaen en el Bío Bío: el homicidio del comunero Yordan Llempi y el homicidio frustrado del marino Carlos Delgado Lobo. Ambos ocurridos la misma jornada en las cercanías de Cañete.

BBCL se abstuvo de publicar información de carácter sensible para la seguridad de la nación, contenida en los informes analizados por este medio.

¿Cuánto costó el despliegue?

La medida constitucional inició el 13 de octubre de 2021 por orden del entonces Presidente Sebastián Piñera. Tras renovarse diez veces por decisión del Congreso, el Estado de Excepción finalmente se prolongó hasta el 26 de marzo de este año.

Así, al término de ese periodo, las jefaturas de Defensa en el Bío Bío y La Araucanía sacaron sus conclusiones y comunicaron de manera interna sus gastos.

En un correo intercambiado el 7 de abril de 2022 por dos altos funcionarios del EMCO, se da cuenta que la Armada desembolsó casi $693 millones durante los seis meses que se prolongaron los patrullajes en la denominada Macrozona Sur. A la institución le correspondió desplegarse en la región del Bío Bío. En total, el escrito estipula la participación de 1.300 efectivos y 41 medios de transporte.

De este modo, dentro de sus principales gastos, aparecen aquellos relacionados a las horas de vuelo ($309 millones), combustible (casi $230 millones) y viáticos y gratificaciones (más de $148 millones) (ver tabla).

El Ejército, en tanto, ocupó $523 millones en ambas regiones: $46 millones en el Bío Bío y más de $477 millones en La Araucanía. Empleó 212 medios de transportes y 978 uniformados (ver tabla).

Población flotante

El desglose de los gastos, sin embargo, no es la única conclusión que se hizo al interior del Estado Mayor Conjunto. Los jefes de la Defensa Nacional también sacaron sus cuentas del trabajo en la Macrozona Sur.

Con un saludo de “buenas tardes”, un asesor de la FACh compartió, el 6 de abril de este año, dos documentos con la caratula de reservados. Se titulaban “Informes de Experiencias JEDENAS MZS”.

En ambos, los encargados del despliegue militar coincidieron en la falta de equipamiento para ejercer sus labores. Ejemplo de esto es la necesidad de vehículos blindados en algunas de las unidades de la zona, a lo que se suma la falta de chalecos antibalas y equipamiento para desarmar barricadas instaladas en los cortes de ruta. Esto último, fue particularmente notificado en el Bío Bío, bajo la firma del jefe de Defensa de la época, el contraalmirante Jorge Parga.

“Se recomienda adquirir vehículos que cuenten con las protecciones adecuadas ante posible emboscada en zonas de conflictos o en su defecto, blindar vehículos, en cabina y camada para protección del personal”, escribió el uniformado en su informe.

En tanto, la falta de stock para los repuestos de los medios de transporte afectó al equipo de La Araucanía. El entonces jefe de la Defensa Nacional, Edward Slater, reconoció que el “prolongado tiempo de respuesta en los respectivos procesos administrativos” repercutió en la eficiencia. Por ejemplo, al momento del relevo de un carro Mowag, el vehículo llegó sin su inventario, lo que retrasó las labores de la Defensa Nacional.

Incluso el informe de experiencia de La Araucanía, fechado el 25 de marzo de 2022, notifica que desde el primer día del Estado de Excepción, “no se ha recibido apoyo para solucionar las distintas necesidades de infraestructura” utilizada por los uniformados.

En buenas cuentas, el espacio no era suficiente para satisfacer las necesidades de alimentación, habitabilidad y recreación del personal, considerando el notable aumento en la población flotante que significó la movilización de tropas.

Controles sin policías

Dentro de las situaciones que más condicionaron las operaciones en el territorio, el informe de Slater resalta la escasez de personal de Carabineros, algo que el general de brigada atribuyó principalmente al Plan Cosecha Segura.

Este último, se lee en el escrito, generó complicaciones en la coordinación de turnos y de apoyo policial, ya que demandaba el soporte constante de la policía uniformada para su ejecución.

Según se desprende del documento, la baja disponibilidad de efectivos policiales provocó descoordinaciones en los relevos de turno. Así, en su informe, Slater enaltece la planificación de los militares, quienes dispusieron patrullajes 24/7.

“Lo anterior, se diferencia con personal de Carabineros de Chile, ya que ellos se circunscribieron a turnos de 8 horas, dejando incluso puntos de control sin presencia, en momentos que ameritaba mantener una presencia de manera continua”, señala.

Es más, califica “la falta de personal de Carabineros para la ejecución de las tareas de control” como “la mayor dificultad” presentada. La situación llevó a que “solo se realizaron patrullajes con medios materiales y humanos de origen militar, sin posibilidad de poder realizar un control más exhaustivo”.

“Esto se vio afectado producto de las múltiples funciones que cumple la policía uniformada, dentro de las cuales el Plan Cosecha Segura que obligaba a desviar esfuerzos para esa actividad, además de los múltiples procedimientos policiales propios que efectúan en forma habitual”, argumenta.

Con todo, ambos jefes de la Defensa sacaron cuentas positivas del periodo. Para Parga, por ejemplo, fue relevante el trabajo durante el Estado de Excepción para “adquirir experiencia en operaciones militares distintas de la guerra, las que sin duda serán un gran aporte para futuros Estados de Excepción independiente de las características de cada uno de ellos”.

“Otro Catrillanca”

Más allá de la visión del uniformado, el recuento también considera los procesos judiciales derivados del despliegue durante el Estado de Excepción. En La Araucanía, Slater destacó que no hubo mayores sobresaltos. En total, se abrieron tres causas a cargo de la Fiscalía Militar por dos accidentes de tránsito y una por el fallecimiento -sin intervención de terceros- de uno de los efectivos.

Todo lo contrario a lo ocurrido en el Bío Bío. Aquí también figuran tres indagatorias. ¿Las de mayor revuelo social? Lo sucedido en el caso del comunero asesinado Yordan Llempi. El Ministerio Público mantiene a funcionarios de la Armada formalizados por dar muerte al joven que residía en las cercanías de Cañete, mientras que la institución se querelló contra el fiscal del caso. En tanto, el marino Carlos Delgado se querelló por homicidio frustrado. En un hecho ocurrido esa misma jornada, el cabo denunció a un comunero mapuche de embestirlo con un vehículo.

Disquisiciones policiales aparte, el caso de Llempi se dio pese a que ya en 2020 otro correo del Estado Mayor Conjunto advertía el temor al interior de las Fuerzas Armadas por causar la muerte de civiles.

El 25 de junio de 2020, en el marco del Estado de Catástrofe decretado en todo el territorio nacional por la pandemia, el entonces subsecretario de Defensa, Cristián De La Maza Riquelme, visitó las regiones del Bío Bío y La Araucanía.

La minuta de las conversaciones con los jefes de Defensa quedó registrada en un correo enviado menos de una semana después de la cita. En ella, queda de manifiesto la inquietud del Estado Mayor Conjunto.

“Se debe tener un especial cuidado en la posible búsqueda de la victimización de un delincuente por acción de las FAs (Fuerzas Armadas), produciendo un segundo Catrillanca, lo que dejaría en muy mal pie las acciones desarrolladas, a los JDNs (jefes de Defensa Nacional) y al Gobierno”, se lee en el escrito.

Ello, pese a que a lo largo del proceso investigativo se demostró que Catrillanca fue asesinado por Carabineros mientras estaba desarmado y sin haber participado de ilícito alguno.

Inteligencia es una debilidad

Otro de los puntos abordados durante la visita fue la evaluación de Inteligencia en la zona. De acuerdo al documento, en la instancia, el general de brigada del Ejército, Luis Sepúlveda Díaz, quien entonces lideraba la Defensa en La Araucanía, reconoció que “la Inteligencia sigue siendo una debilidad”.

Ello, pese a que han logrado avances en términos de identificar horarios e incluso personas vinculadas a los hechos de violencia. Con todo, fuentes de este medio ligadas a la materia coinciden en que Inteligencia sigue siendo un problema para la prevención de delitos. Esto, derivado del reordenamiento obligado, especialmente en Carabineros, por el desastre que significó la Operación Huracán.

En la misma línea, Sepúlveda manifestó su preocupación por “los aspectos comunicacionales”, señalando que “debiesen ser centralizados a nivel gubernamental”. Entre los aspectos que la minuta destaca están, textualmente, los siguientes puntos:

– Referirse a esta como Delincuencia-Terrorista
– Desarrollar una campaña de protección de las víctimas de esta violencia por parte del gobierno.
– Se requiere de una Batalla Comunicacional del gobierno, para que las Fuerzas Armadas les vaya bien en las actividades que se están desarrollando.

En tanto, el contraalmirante de la Armada, Jorge Parga, el entonces encargado de Defensa en el Bío Bío, coincidió en que pese a los esfuerzos por “producir una inteligencia lo más adelantada posible”, el “donde y cuándo no existe, en cuanto a poder establecer la ocurrencia de actos terroristas y delictuales”.

Manifestó a su vez preocupación por personal de Carabineros, quienes habrían presentado “alto desgaste, en malas condiciones de vida y sin una adecuada protección”. Esto, por ejemplo, se reflejaría en “solo contar con armamento disuasivo (escopetas) para repeler y enfrentar ataques con armamento de guerra por parte de subversivos y delincuentes”.

El miedo a que se entienda el refuerzo del contingente en la zona, como una militarización consta también en el documento. Por esto, argumentan que “el incremento de medios militares en presencia debe venir acompañado de un amplio respaldo político de su empleo”.

De vuelta a Chile

El hackeo que afectó a las casillas de los altos mandos del Estado Mayor de las FF.AA, llevó a que este miércoles el Presidente de la República instruyera el retorno a suelo nacional de la ministra de Defensa, Maya Fernández, en vuelo comercial. Autoridad que participaba -junto a Gabriel Boric- de la Asamblea de la ONU desarrollada en Nueva York, Estados Unidos.

Además, el Gobierno ordenó el inicio de un sumario administrativo “para determinar responsabilidades correspondientes”.

“Los antecedentes han sido puestos a disposición de la justicia militar para dar pie a la investigación penal”, espetó la cartera mediante un comunicado en su sitio web.

Se espera que la titular de Defensa aterrice por la mañana en el país y se interiorice del trabajo que el ministro de Defensa (s), Gabriel Gaspar, ha estado realizando en las últimas 48 horas.

La Unidad de Investigación de BioBioChile consultó al Ministerio de Defensa el alcance de la filtración, para ponderar la situación. No obstante, desde la cartera solo hicieron énfasis en la declaración pública que dieron a conocer este día miércoles.

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