La abogada experta en defensa de los Derechos Humanos, Karinna Fernández Neira, se sumó al concurso para determinar quien sucederá al exfiscal nacional Jorge Abbott, como cabecilla del Ministerio Público.
En entrevista con BioBioChile, la asesora del Forest Peoples Programme en Reino Unido y del espacio de memorias, Londres 38, centra su candidatura en lograr una propuesta no sólo individual sino colectiva, apuntando a escuchar y recabar percepciones de las comunidades y la academia.
A modo de diagnóstico, Fernández plantea que el Ministerio Público debe re-empoderarse de la dirección de las investigaciones. Respecto al crimen organizado, reflexiona: “Siempre lo vemos como un fenómeno que causara impactos externos y no hacia el interior de las comunidades”. Un punto a cambiar.
“El Ministerio Público acoge a las víctimas como evidencia”, critica la también consultora en derecho internacional, puntualizando sí, en que si bien hay cambios que han sido positivos, como las entrevistas videograbadas a menores de edad, es importante la creación de protocolos para la atención de víctimas, reconociendo las particularidades de cada una de ellas.
A juicio de Karinna Fernández, “es crucial que la nueva fiscal nacional sea mujer”. Luego de tres periodos consecutivos en que fiscalía ha sido liderada por hombres, la abogada sostiene que es tiempo de que llegue un “liderazgo femenino con perspectiva de género, sensible a las necesidades de las mujeres”.
Su motivación y opinión de Abbott
-¿Por qué decidió postular al cargo de fiscal nacional?
Tiene que ver con los desafíos que enfrenta esta institución hoy en día, en el contexto actual que enfrenta la criminalidad en Chile. Pero sobre todo, creo que está plasmada en dos aspectos fundamentales de lo que yo represento a través de mi carrera. En primer lugar, ser una defensora de derechos humanos y en segundo lugar, con una alta experiencia regional, y evidentemente mi calidad de mujer.
Pero sobre todo, como poseedora de una perspectiva de género y de conocimiento de los derechos de la mujer. Creo que son esas cualidades las que me llaman a, en el contexto de la situación que hoy día enfrenta el país en estas materias y los desafíos que enfrenta el Ministerio Público, los que me incitan o me mueven a realizar la postulación.
-¿Qué evaluación hace de la gestión del ahora ex fiscal nacional, Jorge Abbott?
Tal vez la primera evaluación que hay que realizar de la administración del fiscal nacional saliente se remonta justamente a su proceso de designación. Creo que muchas de las críticas surgen precisamente del proceso mismo. Por eso es tan importante que una persona externa, como yo, pueda participar de procesos (…) que requieren de escrutinios públicos. Fue tal la complejidad del momento y de las causas que caracterizaban la gestión del Ministerio Público, al inicio de la designación del fiscal nacional, que marcaron profundamente lo que fue después su desempeño con profundos cuestionamientos. En particular, respecto de transparencia, lo que se llama rendición de cuentas de los procesos de gestión.
Creo también que algo muy complejo que enfrentó el Ministerio Público, al ser una institución relativamente nueva, fueron las transformaciones sociales. Tanto de carácter criminal como también el propio estallido y la pandemia, que generaron una carga diversa a la que yo creo que la administración saliente no pudo ajustarse apropiadamente.
-Y sobre Abbott…
Me gustaría mencionar algo del fiscal, porque además yo tuve la posibilidad de tramitar muchas causas en el Ministerio Público y solicitarle diversas reuniones. Creo que sí era una persona de fácil acceso, que es algo que no caracteriza al Ministerio Público. O sea, llegamos al absurdo de que muchas veces era más fácil reunirse con el fiscal nacional Abbott, que con muchos de los fiscales locales. Entonces sí creo que hubo un problema desde el inicio de su nombramiento, que cuestionó toda su administración. Después diversas situaciones muy potentes en materia de criminalidad, que requerían un ajuste, que no se realizaron en su momento. También en parte, no sólo la administración de él, sino que la fiscalía en general como institución es un poco compleja de enfrentar nuevos cambios, de transformación. Entonces, no logró ese ajuste, pero por otra parte, sí creo que era un fiscal nacional que se puede caracterizar por un acceso dinámico.
“Levantar patrones criminales para la persecución”
-De llegar a resultar electa, ¿de qué manera buscará combatir la delincuencia?
La idea es que mi propuesta sea escuchada por la Corte Suprema en el momento procesalmente previsto para este efecto, en el contexto del concurso. Pero sí quiero anticipar que estoy recogiendo, a través de las comunidades que no son frecuentemente escuchadas, en particular poblaciones, cuáles son los aspectos que ellos consideran especialmente relevantes en la persecución penal, que no se ve al interior de las comunidades. Lo que yo quiero proponer va a ser una propuesta que refleje eso: las necesidades de las comunidades, de las víctimas, pero sobre todo distinguiendo la naturaleza de los delitos, sobre todo lo que se conoce como un análisis desde los patrones criminales. O sea, tener una capacidad de levantar patrones criminales para la persecución.
En estos momentos me encuentro haciendo diversas reuniones con diversos actores, como mundo académico, al interior del Ministerio Público y también organizaciones sociales y comunitarias, para ir levantando una propuesta que sea colectiva y no solamente individual. La idea es poner mi candidatura también al servicio de voces que no son generalmente escuchadas en este tipo de procesos.
-¿Cambiaría algo de la relación que tiene fiscalía con las policías?
Lo que he sostenido públicamente a nivel nacional e internacional es la relevancia de que el Ministerio Público mejore sus elementos de autonomía. Ese aspecto lo defino como “autonomía vertical” y “horizontal”. Justamente la relación con las policías es lo que denomino como “autonomía horizontal”. Creo que el Ministerio Público tiene que re-empoderarse de la idea de que ellos y ellas son quienes dirigen la investigación. Creo que más que cambiar las relaciones, es que el Ministerio Público reconozca su deber respecto de la dirección de las investigaciones.
-¿Cómo evalúa el trabajo actual que desarrollan las instituciones en conjunto?
Creo que existe, a modo de diagnóstico, muchas falencias. Tanto de coordinación interna del Ministerio Público, que se refleja -por ejemplo- en el hecho de que un mismo hecho o fenómeno criminal es denominado a lo largo de nuestro territorio nacional de distintas formas, por cada fiscalía local. O sea, hay fiscalías locales que un mismo hecho lo van a caracterizar con una denominación de ilícito y en otras, de otro. Y eso demuestra una falta de coordinación interna del Ministerio Público.
Y por otro lado, creo que existen grandes falencias de coordinación interinstitucional. O sea, un diálogo adecuado, en particular con el Poder Judicial, pero también respecto de lo que mencionaba: las comunidades. Incluso muchas veces cuando las comunidades colaboran con ciertas persecuciones, a lo mejor más estratégicas o investigaciones por parte del Ministerio Público, después estas comunidades no reciben un diagnóstico, o una rendición de cuentas por parte de fiscalía. Entonces muchas comunidades sienten que cuando colaboran es solo unidireccional. Eso como diálogo, creo que es absolutamente carente.
Otro aspecto importante de las carencias en la coordinación interna del propio Ministerio Público es con otros actores al interior del Ministerio Público, que no son fiscales. Creo que también una de las debilidades de fiscalía, es que tiene una relevancia muy importante en el fiscal y no necesariamente, en todos los profesionales que trabajan en su interior. Creo que las asociaciones gremiales han dado cuenta de eso, y hay que fortalecer el rol que tienen estas otras profesiones al interior del Ministerio Público. No sólo los abogados, y no sólo los fiscales. Eso en materia de derechos humanos se llama operativización de la persecución penal. O sea, no puede estar sólo enfocada en la figura de un fiscal, que efectivamente todos sabemos que faltan más fiscales, pero cuando hablamos de las carencias también es a otros profesionales y a todos los que integran fiscalía.
Sobre la reforma a las policías
-Volviendo a las policías. Actualmente, parece que la discusión está en si se les debe dotar de mayores atribuciones, cuando hace sólo un par de meses atrás el debate era cómo se reformaban ¿Qué opinión tiene al respecto?
Creo que los cambios en el discurso justamente reflejan un país que está en un constante debate interno respecto a sus posturas, y que quedan marcados tal vez por los diversos tránsitos electorales o de discusión. Y también más bien en cómo la comunidad está enfrentando constantemente el delito. Yo asesoré lo que fue la reforma policial en Ucrania, después precisamente del estallido social que enfrentó Ucrania y justamente ahí el debate a nivel internacional fue la importancia de fortalecer las instituciones civiles, las direcciones en materia de investigación penal y como mencionabas, la idea de refundar las policías con elementos más técnicos y que respondan también a lo que estamos hablando de los ajustes que se necesitan cuando los países van enfrentando ciertas dinámicas, tanto criminales como sociales. La pandemia también es algo a lo que debe ajustarse.
Otro elemento son los procesos migratorios, o nuevos debates en materia de las necesidades de las mujeres y de ciertas categorías vulnerables que enfrenta la persecución penal. Todos esos enfoques transformadores, que deben responder a ciertas diversidades, es importante enfrentarlas de manera dinámica. Desde mi perspectiva, eso significa fortalecer las direcciones de los organismos civiles encargados y otorgarles herramientas más técnicas para el desarrollo de la investigación y persecución. A las policías siempre, como además está en nuestra normativa, bajo la dirección del Ministerio Público.
-¿Cree que el Gobierno falló en impulsar la reforma a las policías?
Creo que es un tema aún pendiente y creo que también es un tema que voy a colocar en mi propuesta: cuál es el rol del Ministerio Público en estas evaluaciones y también en las proyecciones en este tipo de reformas.
En el estallido social “existía un desconocimiento de cifras útiles”
-Entendiendo que el derecho a la libertad de expresión y el derecho a reunión existen, y mirando a lo que fue el estallido social y a los juicios posteriores por Ley de Seguridad del Estado, ¿cree que se puede haber hecho algo manera diferente?
Creo que todavía es un tema pendiente. Todavía se están desarrollando muchos procesos, entonces es difícil evaluar -en este momento particular- si algo se pudo haber hecho distinto. Pero sí, creo que puedo mencionar un ejemplo concreto de cómo pudo haberse enfrentado una situación distinta, y tiene que ver con las cifras. Tiene que ver con el hecho de que mucho del debate legislativo, y también de persecución, que se trató de enfrentar en esos días o en la actualidad, pasó por el hecho de que existía un desconocimiento de cifras útiles, no sólo por parte del Ministerio Público, sino de las distintas instituciones que participan de la persecución penal. Eso tiene que ver con lo que podemos definir como indicadores útiles. Entonces yo creo que existía un desconocimiento precisamente de qué tipos penales se estaban persiguiendo, por qué tipo de situaciones existían o no querellas institucionales, e incluso hubo instituciones, como la Defensoría Penal Pública en su momento, que entregaron cifras contradictorias. Entonces podemos -a estas alturas, todavía existiendo procesos pendientes- sacar en limpio la necesidad de tener cifras desagregadas, útiles y uniformes, que nos permitieran hacer un análisis adecuado de lo que se requería en ese momento.
Sí me gustaría mencionar, en el contexto del estallido, una buena práctica que levantó el Ministerio Público, que a lo mejor no es muy mencionada…fue particularmente que, por ejemplo, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile -de la que yo además participé y participo- tenía muchos estudiantes desplegados en el territorio que estaban observando ciertos delitos y ahí el fiscal nacional autorizó, desde el Ministerio Público, que en las audiencias los defensores pudieran llenar un formulario de denuncia. También que la Universidad de Chile, a través de su defensoría jurídica, y supongo que otras clínicas de las distintas universidades del país, pudieran ir levantando de inmediato denuncias. Y eso seguramente es lo que permitió que el Ministerio Público recabara más de 10 mil denuncias en momentos especialmente complejos, donde muchas víctimas no se sienten con la tranquilidad de ir hacia las policías, o hacia una institución a generar denuncias. Generar vías alternativas de denuncias autorizadas por la propia autoridad fue lo que podemos denominar como una buena práctica.
Crítica: “El Ministerio Público acoge a las víctimas como evidencia”
-¿Qué visión tiene del trato que reciben las víctimas -de distintos delitos- hoy en Chile?
En términos bastante concretos, creo que la evaluación -no sólo mía, sino también regional de los diversos organismos de derechos humanos que observan al Ministerio Público chileno- es que el Ministerio Público acoge a las víctimas como evidencia. No se cumple con la obligación, además normativa, que tiene el Ministerio Público de protegerlas. Tanto a las víctimas, como a los testigos. Entonces la visión es muy limitada, es cuánta información me puede transmitir la víctima o el testigo en su momento oportuno, y es eso. En situaciones muy excepcionales, y en general los querellantes -porque yo soy querellante de muchas causas- incluso en nuestras querellas tenemos que pedir específicamente que las Unidades Regionales de Atención a las Víctimas y Testigos (Uravit) participen del proceso, porque no es como de oficio que las víctimas sean atendidas en materia de protección por psicólogos o expertos en esta materia.
Muchas veces los fiscales son muy distantes y son percibidos, y así es, como autoridades. Entonces cuando la víctima de un delito, y sobre todo de delitos especialmente graves, no encuentran en el fiscal una atención, un reconocimiento a su calidad de víctima, eso es muy delicado.
Sí me gustaría mencionar como una buena práctica, el hecho de las entrevistas videograbadas que ahora van a operar en Chile, respecto de víctimas y testigos Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). Creo que eso también va dando luces de los estándares que tenemos que tener en esta materia. Pero claramente eso es consecuencia de un marco legal y es importante que el Ministerio Público vaya generando prácticas internas que protejan, como te mencionaba yo, a las víctimas.
-¿La responsabilidad es sólo de fiscalía o hay una responsabilidad compartida?
Los derechos de las víctimas es responsabilidad del Estado en su conjunto. El acceso que las víctimas tengan a la justicia es un esfuerzo colectivo y es un deber que tiene el Estado como una obligación internacional que le compete a cada una de sus instituciones. Pero cuando hablamos del acceso a la justicia penal, respecto de las víctimas, el Ministerio Público tiene un rol preponderante, porque la legislación le entrega a ellos esta primera atención y por eso es que fiscalía tiene esta unidad (Uravit).
Yo analizo en las situaciones en las que represento a víctimas, muchas veces tenemos enfrentadas varias dificultades en las entrevistas con las policías, en el primer acceso que tienen las víctimas a hacer su denuncia, o la respuesta que existe en situación de flagrancia. Por ejemplo, en delitos especialmente complejos y de violencia sexual el rol del Servicio Médico Legal. Claramente son instituciones que tienen que ir mejorando su atención hacia las víctimas, porque lo que no puede ocurrir es justamente que se sientan revictimizadas, o que se alejen de estas instituciones y de generar denuncias por el sólo hecho de sentir que son nuevamente atacadas o cuestionadas. Hay algo que se conoce como el “círculo perverso de revictimización”, que justamente surge de ciertas instituciones cuando responsabilizan a las víctimas. Entonces por eso la primera respuesta institucional, el primer rostro que recibe desde la institución pública tiene que ser un rostro que sea experto en estas materias y que no genere una nueva vulneración.
Pero también como decía, reconocer las particulares vulnerabilidades que tienen las distintas víctimas. Hay que romper con una lógica como institucionalizada en Chile y es que todas las víctimas son iguales, y eso no es así. Efectivamente hay personas que tienen categorías respecto a sus vulnerabilidades, como son los NNA, las mujeres o las personas con discapacidad. Un tema que yo he levantado y que BioBioChile lo abordó bastante bien en un reportaje, es el tema de las personas TEA. Muchas veces estas personas son especialmente discriminadas porque no presentan rasgos evidentes externos, entonces no existe el interior del Ministerio Público, ni tampoco de las policías un protocolo particular de atención a las personas con discapacidad ni en particular con este tipo de discapacidades, para otorgarles un trato distinto tanto como víctimas, testigos e incluso como imputados. Creo que ese es un tema muy importante que levantar a través de mi candidatura.
Incorporar al debate la restitución de tierras
-Entiendo que la propuesta la va a guardar para la Corte Suprema, pero ¿hay algo que pueda adelantar respecto al combate del crimen organizado?
Mencionar la idea de que es un eje central hoy, de todos y todas quienes se presenten como candidato, porque es un tema que efectivamente tiene un impacto relevante en nuestro país. Pero también mencionar que, yo que he trabajo mucho en la región y en países como Colombia o México, creo que también es importante reconocer el momento en el que nos encontramos frente al crimen organizado y ser cautos al hacer una valoración adecuada del momento en que nos encontramos y de hacer las proyecciones.
Creo que lo crucial en este momento es el fortalecimiento del Ministerio Público, sin lugar a dudas. O sea, más allá de la propuesta específica que voy a realizar, creo que sí hay que ser enfáticos en la idea de que hoy día este tipo criminal hay que ubicarlo en su momento y desarrollo actual en Chile. La prevención de profundización del fenómeno pasa precisamente por fortalecer la institución. Y en eso el Ministerio Público tiene que ser una institución que se adecue a la relevancia del fenómeno y dar una respuesta adecuada. Sí me gustaría mencionar dentro del diagnóstico, el impacto del crimen organizado al interior de las comunidades. Porque siempre lo vemos como un fenómeno que causara impactos externos y no hacia el interior de las comunidades y de los procesos de daños que se están generando al interior de comunidades que socialmente eran bastante sólidas y que hoy día enfrentan muchas dificultades para justamente organizarse, convivir y desarrollarse.
-¿Qué opinión tiene del conflicto en la Macrozona Sur? ¿De qué forma cree que fiscalía podría aportar a solucionar la situación?
Es un tema especialmente complejo, pero creo que justamente varias de las complejidades se explican en, tal vez, las falencias de investigación que ha caracterizado las indagaciones penales en la Macrozona Sur. Entonces creo, de nuevo, que es un elemento que voy a salvaguardar para la presentación, pero sí creo que hay que enfrentar las dificultades investigativas que tiene y perseguir los delitos asociados. También en los concursos que se perpetran en la zona, una adecuada coordinación de los fiscales que están en la región y también tal vez con coordinaciones de nivel nacional.
También mencionar que a lo mejor hay elementos que han estado ausentes. La persecución tiene que ser penal, pero hay elementos que yo podría también incorporar desde mi experiencia como experta en estas materias, que se relacionan con, por ejemplo, los procesos de restitución de tierras. Creo que ese es un elemento que ha estado tal vez ausente de las complejidades del debate y que hay que incorporarlo. Pero sin lugar a dudas, la mejor forma de enfrentar el conflicto es con procesos penales claros, transparentes e inteligentes que obviamente se ajusten a las debidas diligencias.
“Hoy es difícil hablar de apoyos”
-¿Le costará salir de su área de expertise, es decir, DDHH, para orientarse a una carrera de fiscal nacional?
Interesante pregunta (ríe). Creo que no, porque justamente mi expertise es transversal. No sólo porque trabajé en el Ministerio Público, en particular en el área de extradiciones que se relaciona mucho también con los fenómenos criminales trasnacionales, sino también porque creo que lo que puede generar mi área de expertise es justamente hacerme cargo de los obstáculos que yo misma he evidenciado. (…) El hecho de que yo no fui fiscal, o no cumplí un rol directivo dentro de una institución que de cierta forma igual es pequeña, me permite plantear obstáculos que enfrenta la mayoría de las personas al acercarse a la persecución penal. Entonces, lejos de que tenga que salir de mi zona de expertise, creo que lo que hay que hacer es potenciar y hacer una propuesta que surja desde este conocimiento, desde el obstáculo, pero también de mi capacidad de dialogar con distintos actores que generalmente no son escuchados para poder darle total legitimidad a una nueva era, tal vez más transformadora, dotada de una nueva diversidad al Ministerio Público.
-Otro punto de la candidatura es el apoyo, ¿cree que cuenta con el de la Corte Suprema y del Gobierno?
Tengo la esperanza intacta (ríe). Creo que es difícil hoy hablar de apoyos, mientras una no tenga planteada su propuesta concreta. Creo que el momento decisivo es precisamente el Pleno. Confío en que quienes integren nuestro máximo tribunal también vayan observando las ideas diversas y más novedosas que se puedan plantear a una institución que hoy día, como dije, está en un momento que requiere un particular fortalecimiento. Pero también creo que hay que ver el pool de candidatos y candidatas, para que alguien pueda afirmar dónde van a estar los apoyos o no.
Confío en que los apoyos están tanto en la experiencia, en las capacidades que me caracterizan, en mi formación y también desempeño profesional. Como así tal vez los nuevos elementos que represento y que vendrían a fortalecer una institución.
-¿Sabe si hay sectores que apoyan su candidatura?
No, no lo sé. Como digo, he estado más (enfocada) en la idea de transformación y diversidad que caracteriza mi candidatura. He estado abocada justamente a escuchar ciertos sectores que no tienen generalmente una voz preponderante como los sectores comunitarios y la academia, para poder ir planteando la candidatura, evidentemente también ciertos fiscales territoriales… Entonces, creo que no es el momento de centrarse en los apoyos, sino en una candidatura que genere y sea capaz de reflejar voces distintas y ejes transformadores.
“Es crucial que la nueva fiscal nacional sea mujer”
-A modo de micrófono abierto ¿algo que agregar?
Tengo esta confianza de que, a diferencia de los procesos anteriores, este sea un proceso que tenga más escrutinio público. También, espero, que esté caracterizado por liderazgos femeninos. Que al menos tengamos una quina profundamente marcada por estos liderazgos femeninos, pero en particular me gustaría mencionar la importancia de que las mujeres participen de estos procesos. Tiene que ver justamente con que las mujeres estén presentes en todos los espacios, pero visibilizarlos también. Creo que la presencia de liderazgos femeninos en estas campañas no sólo fortalece la idea de que las mujeres representamos otra visión, que tiende justamente a transformar y colaborar en el fortalecimiento de ciertas instituciones, sino superar la idea de que ciertos ejes son percibidos como especialmente masculinos, como es la persecución penal. Entonces, creo que es muy importante lo que podemos hacer las mujeres que participemos de este proceso, que es visibilizar que hay espacios que sí podemos disputar desde la experiencia -por la competencia y la formación- pero también con esta perspectiva de mujeres, con perspectiva de género sensible a las necesidades de las mujeres.
También es importante mencionar que la persecución penal afecta particularmente a las mujeres, tanto víctimas como imputadas, desde una perspectiva distinta que tiene que ser visibilizada. Todas las afectaciones de las mujeres, a través de la persecución penal, terminan afectando no sólo a sus familias, sino también a las comunidades. Es importante que se vaya reflejando desde candidaturas y liderazgos femeninos. No sólo significa ser mujer, sino tener una perspectiva sensible a las necesidades de las mujeres.
-¿Debe entonces el o la siguiente fiscal nacional ser mujer?
Desde mi perspectiva es crucial que la nueva fiscal nacional sea mujer. Esto es algo que estamos mencionando también al interior de los organismos de Naciones Unidas, por ejemplo. Por eso también yo me presenté como candidata a relatora de Naciones Unidas en materia de torturas. Porque justamente hoy es un eje transformador y que tiene que reflejar los tiempos actuales en que las instituciones generen espacios de campaña para mujeres pero también de elección. Esto tiene que ver con una igualdad y supuestos que se llaman “formales, sustantivos y transformadores de igualdad y diversidad”.
Hoy día yo creo que en nuestro país se dan todas las características y condiciones, a partir de una institución tan relevante como lo es el Ministerio Publico, que ha sido liderada durante tres periodos consecutivos por hombres, (para que) sea liderado por una mujer. Mi expectativa es que además sea una mujer con liderazgo femenino y sensible a las necesidades de las mujeres, pero obviamente además de las competencias y formación. Hoy día que exista una mujer, es crucial desde mi perspectiva.
