Un perjuicio de más de 2 mil millones, habría ocasionado la ocupación ilegal de un inmueble en el Parque Cantalao y la adjudicación de 30 contratos por parte de la consultora Ecogeo SpA. Los apuntados son Deborah Raby y Francisco Podlech. La primera, es la ex directora de la Asociación Municipal de Parques Cordillera y el segundo —su hijo—, el representante legal de la consultora. La actual administración de la entidad los denunció por administración desleal durante el período en que Raby encabezaba la dirección.
Esta asociación —financiada con aportes municipales y cobros de acceso a parques— se encarga de gestionar y administrar diversos parques de la precordillera: Parque Aguas de Ramón, Parque San Carlos de Apoquindo, Parque Puente Ñilhue, Parque Sebastián Piñera Echeñique, Parque Cantalao, entre otros espacios.
Un documento judicial al que accedió BBCL Investiga da cuenta de situaciones irregulares que se habrían concertado al interior de la entidad: la ocupación gratuita de un inmueble construido originalmente para fines educacionales por parte del hijo de la exdirectora y la contratación, en más de 30 oportunidades, de Ecogeo SpA —la consultora de Podlech— a través de subcontratos.
En el escrito revisado se revela que el desarrollo de los hechos denunciados habría generado millonarias pérdidas al patrimonio de la asociación. Según el libelo, las maniobras fueron realizadas desde 2013 hasta agosto del año 2024.
Más de $2 mil millones
Deborah Raby asumió la dirección de la Asociación Municipal de Parques Cordillera en 2012. Un año después, su hijo —el geógrafo Francisco Podlech— decidió fundar una consultora ambiental: Ecogeo SpA. Según su página web, corresponde a una empresa dedicada a la mantención, cuidado y creación de áreas verdes urbanas y silvestres.
Bajo esta línea, ofrecen distintos servicios de asesoría a empresas que buscan mitigar su impacto en el medio ambiente para cumplir con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Según el escrito —al que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío—, la AMPC estableció, a través de una auditoría externa, que la empresa de Podlech se adjudicó cerca de 30 contratos derivados de este tipo de asesorías.
Según versa el escrito, dichas operaciones habrían generado un perjuicio superior a los $2 mil millones de pesos. Desde la agrupación de municipios —que administra 10 parques en la Región Metropolitana— le solicitan al Ministerio Público que investigue a fondo la participación de Deborah Raby en los procesos de contratación que favorecieron a la empresa de su hijo.
La consulta de su hijo
Desde 2019 en adelante —según reza el libelo—, la Asociación Parque Cordillera, bajo la dirección de Raby, contrataba a distintas consultoras para que realizaran un proceso de reforestación. Todo esto en la línea de reducir su huella de carbono.
Hasta ahí todo parece ir en orden. “Lo llamativo está en que la contratación no es directa entre la empresa del querellado con la A.M.P.C.”, dice el documento judicial. En este punto recae el problema: las consultoras, luego de cerrar el acuerdo con la asociación —según la hipótesis planteada en la acusación—, no ejecutaban las labores para las que habían sido contratadas; es decir, no realizaban el proceso de reforestación.
Para llevar a cabo este proceso —versa la querella interpuesta por la AMPC—, subcontrataban a otra entidad. Coincidentemente, en muchos casos correspondía a la misma: Ecogeo SpA, nada más ni nada menos que la consultora de Francisco Podlech Raby, el hijo de la directora.
Mediante una auditoría externa, la AMPC determinó que la consultora ambiental del geógrafo se adjudicó, a lo menos, 30 contratos que habrían ocasionado un perjuicio superior a los $2 mil millones.
La casa que cedió el Ejército
Otra de las irregularidades cometidas por madre e hijo al interior de la AMPC fue la ocupación de una casa fiscal. Corría el año 2019 cuando —según detalla la denuncia revisada por BBCL Investiga—, Francisco Podlech se fue a vivir a uno de los parques administrados por la asociación que, en ese momento, dirigía su progenitora: el Parque Cantalao, ubicado en Peñalolén.
Durante el año 2016, el Ejército de Chile le concedió a la AMPC los terrenos del parque en comodato. Con la propiedad bajo su administración, la entidad construyó el Parque Cantalao con recursos públicos: se ganó un fondo de protección ambiental del Ministerio del Medio Ambiente por un monto equivalente a $100 millones. La obra fue entregada en 2018, según versa la querella.
En el lugar, bajo la venia de su madre —sin la autorización de un organismo competente—, Podlech se instaló junto a su familia en el Centro de Educación Ambiental ubicado al interior del parque. Lo hizo por cinco años, sin gastar ningún peso en servicios básicos ni arriendo.
Esta situación empañó los planes de reapertura que tenía la asociación. El geógrafo, al estar junto a su familia y usar el Parque Cantalao como si fuera el patio de su casa, no permitió que las instalaciones funcionaran con regularidad. Si bien las dependencias se abrían algunos días para fines educacionales e ingreso de público general, esto se daba de manera excepcional.
La fiesta no duró para siempre. Su madre, Deborah Raby, abandonó la dirección de la Asociación Municipal Parque Cordillera en junio de 2024. Tras su salida, asumió el cargo José Pedro Guilisasti. El nuevo director —mediante una carta certificada—, al constatar el uso habitacional, la inexistencia de pagos y de un contrato como tal, exigió el desalojo del hijo de la exdirectora a más tardar el 30 de agosto de 2024.
Finalmente, luego de pedir una prórroga, Francisco Podlech abandonó el lugar un mes después, el 29 de septiembre de dicho año. Luego de ser desocupado, la administración de Guilisasti inició un proceso de marcha blanca con miras a la reapertura del parque.
La auditoría externa arrojó que Podlech —en condiciones normales de legalidad— debió haber pagado $750 mil mensuales por vivir en la propiedad. La ocupación ilegal le habría ocasionado a la AMPC un perjuicio de más de 36 millones de pesos.
Sin respuestas
La querella presentada en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago califica los hechos como delito consumado de administración desleal. El Ministerio Público deberá determinar si los antecedentes expuestos configuran efectivamente un delito económico.
En conversación con BBCL Investiga, el secretario ejecutivo de la asociación, José Pedro Guilisasti se refiere a los hechos denunciados
—El hecho de que el hijo de la secretaría ejecutiva se adjudicara planes de compensaciones de emisiones dentro de la red de parques, es un hecho inaceptable y una ilegalidad. Es por eso que el directorio decide querellarse por administración desleal y esperamos que la justicia resuelva estos hechos y se tomen las acciones correspondientes —asevera.
Asimismo, Guilisasti comenta que como medida a corto plazo, no se aceptarán nuevos planes de compensación, al menos, hasta el año 2026. Añade que, una vez se retomen, estos se licitarán y ejecutarán bajo estrictos protocolos de transparencia.
—Esto es un proceso largo, que puede durar años, sin embargo con esta querella buscamos que se esclarezca todo, que exista transparencia, sin conflictos de interés y marcar un precedente respecto al buen funcionamiento de las asociaciones en el país —manifiesta el secretario ejecutivo Asociación de Municipalidades Parque Cordillera.
Tanto Francisco Podlech como su madre, Deborah Raby, no se refirieron al tema hasta el cierre de esta edicion.
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