María Soledad Ramírez Herrera y Astrid Pereira Fernández, propietarias de caballos fina sangre, ingresaron una denuncia ante la Contraloría General de la República. ¿El objetivo? Que el organismo fiscalizador inicie una investigación al interior del Ministerio de Hacienda, por la falta de vigilancia —según acusan— a la hípica nacional.
De acuerdo al escrito de 19 páginas dirigido a Dorothy Pérez, ambas abogadas aseguran que la cartera presidida actualmente por Nicolás Grau no ha fiscalizado —como lo mandata la ley— la venta de transmisiones de carreras nacionales a empresas extranjeras.
Según el documento, los hipódromos han exportado la señal a plataformas que registran vínculos con casas de apuestas, industria que fue declarada ilegal en Chile y que ha significado cuantiosas perdidas para la actividad.
“¿Está la autoridad enterada de esto?”
Según consta en el expediente judicial que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Oriente y artículos de prensa, los hipódromos se asociaron a firmas como Betmakers, ARC, LARC y SIS. El problema es que al menos esta última registra vínculos con Estelarbet, casa de apuestas que fue declarada ilegal en Chile —junto al resto de la industria— por la Corte Suprema a mediados de 2023.
“El proveedor de juegos SIS hace su entrada en el mercado chileno tras su acuerdo con el operador local Estelarbet para entregar su contenido de carreras las 24 horas del día”, reza una publicación difundida por esa misma compañía.
Según detallan las denunciantes, al menos desde 2019, los hipódromos chilenos comercializan la señal en vivo de carreras a operadores extranjeros. Éstos aceptan apuestas en sus jurisdicciones con las que arman “pozos paralelos” que no alimenta el fondo de premios que luego se reparte en Chile y —según el reclamo— se realiza “sin una supervisión sectorial”, con riesgos de “subdeclaración y desalineamiento tributario”.
“¿La autoridad está enterada de eso?”, se preguntan las propietarias en el escrito.
A través de su denuncia, las abogadas también cuestionan que los contratos son desconocidos por los actores hípicos y también para los accionistas.
“Debe auditarse el fondo de premios y esos contratos secretos para todos los que no han sido parte de ellos, y que —sin embargo— lucran con la inversión y trabajo de los estamentos hípicos”, sostienen.
Solicitud de sumario
En vista de estos antecedentes, Ramírez y Pereira solicitaron una auditoría especial al Ministerio de Hacienda, respecto de su relación con el Consejo Superior de Hípica Nacional (CSHN) y que se ordene un sumario administrativo al interior de la cartera.
Además, solicitan oficiar al Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar los ingresos por venta de señal y tributación de operadores extranjeros.
“De acuerdo con lo anterior es que formulamos esta denuncia ante este órgano contralor para que fiscalice, instruya sumario administrativo y envíe antecedentes al Ministerio Público, en caso de así estimarlo, si de la investigación de los hechos se acreditan que existen responsabilidades por falta de control, probidad y otros emanadas de la obligación de supervigilar a los hipódromos del país y velar por el cumplimiento normativo”, sentencian.
La ley
Consultados por BBCL Investiga, desde el Ministerio de Hacienda declinaron profundizar en la materia, al no haber sido notificados de requerimiento alguno.
“El Ministerio de Hacienda no tiene directamente atribuciones fiscalizadoras, sino que las mismas son ejercidas por los respectivos servicios dependientes o relacionados”, detallaron.
Y agregaron:
“En el caso de la hípica es el Consejo Superior de la Hípica Nacional el órgano superior de esta actividad, creado en virtud del Decreto Nº 1588, de 1943, del Ministerio de Hacienda, según el cual le corresponde:
a. Asesorar al Ministerio de Hacienda en el cumplimiento de la obligación de supervigilancia de los hipódromos.
b. Informar al Ministerio de Hacienda sobre las reformas legales que se propongan y digan relación a las leyes por las cuales se rigen los hipódromos.
c. Proponer modificaciones al Reglamento de Carreras.
d. Interpretar el Reglamento de Carreras cuando fuere requerido en tal sentido por algunos de los integrantes del Consejo”.
“Se hace presente que, por tanto, es el propio Consejo quien debe adoptar las medidas necesarias cuando detecta alguna anormalidad o infracción a las reglas, dentro de las cuales puede incluso recurrir al Ministerio Público; y alertar al Ministerio de Hacienda”, sentenciaron. Todo ello, pese a que la normativa establece expresamente que “la supervigilancia de los hipódromos será ejercida en lo sucesivo por el Ministerio de Hacienda”.
El lobbista
La presentación de las abogadas se da justo en medio de la intervención de Carlos Baeza ante el Congreso. El lobbista de Betano, Betsson, Betwarrior, Coolbet y Latamwin aseguró haber llegado a un acuerdo con “uno de los más importantes hipódromos de Chile y que, prontamente, alguna de las compañías que integran la agrupación permitirá a los jugadores apostar, de acuerdo con la Ley de Hipódromos, a través de las plataformas en línea”, recogió La Tercera.
Su intervención no cayó bien y es mirada con sospechas al interior de la actividad hípica, justamente por tratarse de una industria que -como ya se dijo- fue declarada ilegal por la máxima magistratura chilena.
Estas mismas declaraciones fueron denunciadas por la mismas abogadas Ramírez y Pereira ante el Consejo Superior de la Hípica Nacional y el ministro Nicolás Grau para que se investigue cuál fue el acuerdo anunciado por Baeza y en qué condiciones se selló ese pacto.
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