La Fiscalía Metropolitana Oriente está pidiendo una pena de 15 años de cárcel para Marco Antonio Solís Castro, un ciudadano chileno que —en noviembre del año pasado— alcanzó infamia pública tras tomar como rehén a una ejecutiva de la AFP Provida en Las Condes.
Durante un periodo de seis horas, el individuo mantuvo amenazada con armas blancas a la mujer de iniciales D.A.C.R.D., exigiendo un pago correspondiente a la cuota mortuoria de su esposa fallecida.
Después de conseguir dos pagos en efectivo: uno inicial de $1 millón y un segundo de $12 millones, finalmente el sujeto pudo ser aprehendido por los carabineros que adoptaron el procedimiento.
De cara al juicio, el Ministerio Público lo acusó por el delito de secuestro con la agravante de “premeditación conocida” y ofreció como prueba los testimonios de 32 testigos y una perito.
“No te acerques o la mato”
De acuerdo con antecedentes contenidos en el expediente judicial, fue exactamente a las 12:20 horas del 11 de noviembre de 2024 cuando el hombre llegó hasta la sucursal de AFP Provida en Apoquindo 4251, Las Condes. No lo hizo con las manos vacías. Al interior de una bolsa que llevaba consigo iban tres armas blancas.
De entrada al tomar contacto con la víctima, le solicitó el pago del dinero correspondiente a la cuota mortuoria de su esposa fallecida. Ante la negativa, procedió a utilizar los elementos de la bolsa para intimidarla.
—No voy a hablar contigo —dijo el hombre, según lo que alcanzó a escuchar una colega de la víctima. Pese a su hostilidad, finalmente le explicó a la trabajadora del módulo 8 que quería que le entregaran todo el fondo de su señora, porque la pensión era muy baja. Ella le contestó que no se podía, que no estaba de acuerdo a la ley.
Fue entonces que Solís se levantó, tiró del pelo a la trabajadora y sacó un cuchillo cocinero de una bolsa de nylon. Apuntó directamente al cuello de la mujer.
—No te acerques, hueona, que si no la mato —le dijo a una guardia de seguridad que intentó intervenir.
De esa forma —reza la presentación de la fiscalía— consiguió mantenerla como rehén y bajo amenaza de muerte, solicitando en un primer momento la suma de $1 millón para liberarla. Esa primera suma le fue entregada de manos de uno de los carabineros que participó de las negociaciones. No obstante, el individuo exigió más.
Fue así como la AFP consiguió otros $12 millones en efectivo que fueron contados delante del captor. Una vez conforme con la cifra, procedió a soltar a la víctima a las 19:45 horas. En ese momento, funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros que se mantenían a la espera del avanza de la negociación lo detuvieron en el acto.
“Premeditación conocida”
Según expuso el órgano persecutor, los hechos ocurridos constituyen el delito de secuestro sancionado en el artículo 144 del Código Penal. En este caso, a Marco Antonio Solís Castro se le sindica como autor del ilícito cuyo grado de ejecución fue calificado, en criterio de la fiscalía, como consumado.
Además, el Ministerio Público planteó al tribunal que —a la hora de definir la pena del acusado— correspondía tener en consideración la agravante por el hecho de que obró “con premeditación conocida”.
Eso sí, se indicó que también corresponde la aplicación de la atenuante de irreprochable conducta anterior. Eso último, pese a que en su minuto desde su círculo cercano afirmaron que se habían alejado de él tras enterarse de que había abusado sexualmente de una menor de edad, un hecho que no fue denunciado ante la justicia.
Inicia juicio
Con todo, este viernes se desarrolló ante el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago la primera jornada del juicio a Marco Antonio Solís Castro.
En caso de ser declarado culpable cuando culmine el proceso, [destacador]el hombre de 56 años arriesga hasta 15 años de cárcel. Además, se solicitó que sea inhabilitado perpetuamente de sus derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos públicos durante el tiempo que dure su condena.
Se espera que a lo largo del juicio declare la mayoría de los 32 testigos ofrecidos por el Ministerio Público. Entre quienes podrían darse cita en el tribunal para entregar su testimonio están la víctima, varios de sus compañeras y compañeros de trabajo, además de los carabineros que participaron del procedimiento. Por último, se espera que también deponga una perito criminalístico del Labocar (Carabineros).