El día 24 de mayo de 2025 llegó un sobre al Anexo Capitán Yáber, la cárcel que ha albergado a los imputados más mediáticos del último tiempo. La carta iba dirigida a Marcelo Rivadeneira, acusado de haber actuado como “jefe operativo” de la red defraudadora del Caso Primus.

La carta de ocho páginas era una declaración lista para presentar a la Fiscalía, a la que solo le faltaba la firma de Rivadeneira, la que era supuestamente una condición para que la parte querellante —Primus Capital S.A.– no se opusiera a la revisión de su medida cautelar en la que Rivadeneira esperaba salir de la prisión preventiva que ya cumplía casi un año.

De acuerdo a una querella ingresada en el 4° Juzgado de Garantía, en la lista de 32 preguntas ya respondidas se encontraban “afirmaciones falsas, manipuladas y ajenas a la voluntad del declarante” entre las que se incluían imputaciones directas en contra de Antonio Guzmán Neira, otro de los acusados de pertenecer al núcleo del fraude.

“La entrega del texto y la presión para firmarlo se realizaron en un contexto de total indefensión”, acusa la querella que fue admitida el pasado 4 de julio, en la que se acusa a Felipe Sepúlveda Araya –fiscal de la causa– y Francisco Velozo Alcaide –abogado de Primus– de presionar ilegalmente a Rivadeneira para dar la falsa declaración.

En la querella se describe que Rivadeneira habría manifestado que no tuvo a la vista los antecedentes sobre los cuales se le estaba pidiendo declarar (correos, chats, registros extraídos de sus dispositivos), que no pudo comunicarse con su abogado defensor previo a esta declaración y que el contenido del documento no había sido elaborado ni por él ni por su defensor.

Dos días después, Rivadeneira fue trasladado desde la cárcel en Santiago a la Fiscalía Local de Las Condes para prestar declaración. Al sentarse, se le habría presentado nuevamente el mismo documento, sin especificar la querella quién se lo habría entregado. En la ocasión, se habría negado categóricamente, manifestando que no firmaría porque los hechos relatados no eran ciertos. Al día siguiente, el juez modificó la prisión preventiva por arresto domiciliario total, decisión que fue finalmente revocada por la 5ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

De acuerdo a la querella, durante la audiencia de revisión de la medida cautelar en la que se mantuvo la prisión preventiva del imputado, su abogado defensor, Leonardo Battaglia, expresó: “Lo que el Ministerio Público y la querellante siempre han querido es que mi representado inculpe en estos hechos y le atribuya participación en los mismos, de manera concreta, expresa y categórica al señor Antonio Guzmán, cosa que mi representado no ha hecho o por lo menos no lo ha señalado en forma directa (…)”.

Sin embargo no fue Battaglia quien ingresó la querella, sino que Juan Pablo Hermosilla, abogado de Antonio Guzmán. En la acusación Hermosilla apuntó al fiscal Sepúlveda y al abogado Velozo por los delitos de obstrucción a la investigación, inducción a prestar testimonio falso, utilización de métodos prohibidos para obtener declaraciones y prevaricación de funcionario público.

“Los hechos relatados constituyen una grave afectación no solo a los derechos de mi representado, sino al sistema procesal penal chileno, al pretender obtener declaraciones falsas y fabricadas mediante coacción y manipulación del sistema, utilizando la prisión preventiva como mecanismo ilegítimo de presión”, sostuvo en la querella.

Aunque fuentes cercanas a Rivadeneira apoyaron la versión de Hermosilla, personas vinculadas a Battaglia negaron que haya habido presión alguna para firmar la declaración. Estas afirmaron que la minuta de puntos sí había sido previamente acordada con la parte querellante para colaborar con la investigación, pero que al revisarla Rivadeneira no habría estado de acuerdo con parte de su tenor, dejando pendiente volver a mirarla y declarar en un futuro. Posterior a aquella audiencia, Battaglia renunció a la defensa de Rivadeneira en común acuerdo con él por aparentes discrepancias sobre cómo enfrentar la defensa.

Desde el equipo de Cristian Arias, actual defensor de Rivadeneira, indicaron que: “Como defensa, queremos señalar que existen antecedentes que ponen en tela de juicio el actuar de la empresa Primus en este proceso. Estamos revisando cuidadosamente todos los elementos del caso y, por ahora, nuestro foco está en resguardar los derechos de nuestro representado y en esclarecer los hechos con la seriedad que el caso requiere”.

“Respecto de la querella recientemente presentada, no nos referiremos en detalle en esta etapa. Nuestra prioridad sigue siendo la construcción de una defensa sólida, basada en hechos, no en interpretaciones mediáticas”, agregaron.

Consultado por Radio Bío Bío, el fiscal Felipe Sepúlveda declinó referirse a la querella por ser parte de una investigación en curso.