Macarena Diez Pallamar conoció de cerca la fallida compra de la casa del Presidente Salvador Allende. Para cuando el caso estalló, la abogada lideraba la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales. Según aseguró ante el Ministerio Público, fue ella quien advirtió a la Presidencia de la República de las “consecuencias morales, políticas y jurídicas” en caso de llevar adelante la transacción. Una versión que fue ratificada por la profesional al responder este martes el cuestionario que la Comisión Investigadora de la Cámara le hizo llegar.
En el documento de cinco páginas —al que accedió a BBCL Investiga—, la profesional no sólo confirmó las alertas sino también ahondó en los evidentes conflictos de legalidad detrás la transacción y en las “presiones de Presidencia” para apurar el trámite.
“Conflictos de interés”
De acuerdo a información recabada por esta Unidad de Investigación, en total fueron cinco las consultas remitidas a Diez por el diputado y miembro de la instancia, Luis Sánchez Ossa (Republicanos).
Según atestiguó la abogada, fue el 27 de septiembre de 2024 cuando encendió las alertas al interior del Gobierno, luego de que manifestara su “preocupación” por la adquisición del histórico inmueble.
Las observaciones —aseguró— correspondían a tres grandes puntos: el expediente estaba incompleto, la compra no estaba justificada y, en caso de dar luz verde a los desembolsos, existirían “consecuencias morales, políticas y jurídicas”.
“Se manifestaron eventuales conflictos de interés y falta a los principios de probidad y transparencia, que se encuentran establecidos en la Constitución Política de la República”, contestó Diez.
Rol de la Secom
Según contó, las observaciones se realizaron a la entonces ministra del ramo, Marcela Sandoval, de forma presencial. Lo propio hizo mediante correos electrónicos enviados al jefe de División de Bienes Nacionales, Pablo Maino, quien era la contraparte técnica de la cartera en el proceso.
En simple, la abogada confeccionó una minuta que luego compartió a los funcionarios de Gobierno, para preparar la reunión que tendría Sandoval con Presidencia, a fin de informar las “observaciones y preocupaciones” levantadas al interior de la cartera.
“Fue una minuta de conducción de reunión, donde se expusieron los puntos antes relatados. Esto es, falta de documentación, falta de motivación, y efectos jurídicos y políticos, por lo que no se entregó materialmente. Sin perjuicio de ello, el documento con dicha información fue revisada previamente por la ex jefa de gabinete y conocida por la ex ministra Sandoval (…) En dicha reunión no se generó acta”, acotó Diez.
De acuerdo a lo expuesto en sus respuestas, la reunión se concretó de manera presencial el 9 de octubre de 2024. Participaron de la instancia los hoy renunciados asesores del Segundo Piso de La Moneda, Leonardo Moreno y Bernardita Nazar; además de la ex jefa de gabinete del Ministerio, Denisse Hernández.
—¿Qué respuestas recibió de parte de las autoridades y funcionarios a quienes les comunicó de la inhabilidad? —le inquirieron.
—Las autoridades del Ministerio de Bienes Nacionales, en particular, la ex ministra Sandoval, solicitó inmediatamente a su jefa de gabinete, agendar una reunión presencial con Presidencia para relatar lo indicado por esta funcionaria —respondió.
Y ahondó:
—Respecto del último punto, consecuencias jurídicas y políticas, expuesto en dicha reunión por la ex jefa de gabinete Denisse Hernández, señalaron que de eso se iba a preocupar SECOM (Secretaría de Comunicaciones) junto con comunicaciones del MBN (Ministerio de Bienes Nacionales).
“Testigo de comunicaciones”
Según contó, eran justamente esas reparticiones las que iban a revisar las observaciones “con la familia”.
“Finalmente, Presidencia solicitó seguir con el trámite de forma prioritaria y urgente“, lanzó.
—¿Sabe usted si en la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) o en la Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB) se sabía de la inhabilidad (ya sea una autoridad, un funcionario o un asesor)?
—No, lo desconozco.
—¿Recibió o fue testigo de cualquier tipo de contacto de parte de altos funcionarios y/o asesores del Gobierno para acelerar la tramitación del proceso de compraventa?
—Solo en dos ocasiones recibí algún tipo de contacto por parte de altos funcionarios y/o asesores de Gobierno. La primera ocasión, corresponde a la única reunión que participé sobre este proceso, realizada el 09 de octubre de 2024, de manera presencial, donde participaron el Sr. Leonardo Moreno y Sra. Bernardita Nazar, de Presidencia y la segunda, mediante una consulta vía aplicación telefónica, realizada por un asesor de la División Jurídica Legislativa de Segpres, Sr. Ledesma, por el estado de avance de los borradores de los decretos autorizatorios.
En esa línea, aseveró que fue “testigo de comunicaciones entre altos funcionarios/as de Gobierno con altas autoridades del Ministerio, para acelerar dicho proceso”.
Respecto de quiénes sostuvieron esas conversaciones, la profesional dijo que —por el lado de Presidencia— se trataba de los entonces asesores del Segundo Piso. Es decir, Moreno y Nazar. Y por Bienes Nacionales, la jefa de gabinete Denisse Hernández, Pablo Maino y la ministra Sandoval.
Pese a lo mencionado por Diez, el Presidente Gabriel Boric contestó ante la misma comisión que nunca conoció “potenciales inhabilidades constitucionales” en el trato con la familia de su ministra.
“Apenas se me informó de las consecuencias que podría tener la adquisición, instruí que se examinara a fondo la situación y que se detuviera el proceso, tal como se informó a la opinión pública el pasado 3 de enero del presente año”, aseguró el Jefe de Estado.
“Coaching corporativo”
Para el presidente de la comisión investigadora, el diputado Andrés Longton (RN), las respuestas de Diez, dejan “en evidencia las presiones de Presidencia para llevar a cabo esta operación ilegal que fue advertida”.
“A estas alturas es evidente que eligieron desestimar las alertas, lo que agrava la posición de Presidencia ante un actuar que ya no es negligente sino donde derechamente hay mala fe y eventualmente doloso”, sentenció.
La congresista Paula Labra (RN), también integrante de la instancia, aseguró que el Gobierno “está faltando a la verdad”.
“Definitivamente las alertas estuvieron por todos lados y se corrobora, que directamente desde Presidencia se solicitó tramitar esto con urgencia, a pesar de conocerse las inhabilidades. Todo parece indicar que sería el propio Presidente Boric el autor intelectual de esta vergonzosa operación”, aseguró.
“Es claro que los ministros y otros funcionarios de gobierno que dieron sus declaraciones en la comisión investigadora, fueron alineados con un coaching corporativo, para instalar una versión que no se ajusta a los antecedentes. Es imperioso que La Moneda aclare quién le dio la instrucción a los funcionarios de Presidencia de hacer gestiones para acelerar este proceso”, cerró.
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