La Contraloría buscará recuperar más de 342 millones de pesos a las arcas fiscales, luego de que estableciera que la Municipalidad de Viña del Mar incurrió en una serie de irregularidades en la ejecución del evento “Año Nuevo en el Mar 2023”.
La situación quedó plasmada en un informe del ente contralor fechado el 24 de noviembre de este año, al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile. La medida tuvo como objeto presentar los resultados de una auditoría y un examen de cuentas efectuado en la entidad. Lo anterior, con el fin de “verificar los gastos de bienes y servicios para el desarrollo y ejecución del espectáculo”.
En simple, el escrito detalla la poca prolijidad que existió al momento de licitar la celebración. Actividad que en diciembre de 2022 terminó por cancelarse, luego de que la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) no autorizara los fuegos artificiales que se utilizarían para la fiesta de Valparaíso y Viña del Mar.
Lea el documento:
$342 millones
A lo largo de 60 páginas, la Contraloría Regional de Valparaíso desarrolló ocho puntos en los que establece faltas e incumplimientos por parte del municipio viñamarino.
Uno de estos responde al no cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato a la empresa Piromar FX Spa, que por ese entonces permanecía en unión temporal de proveedores con Pirotecnia SpA. ¿El motivo? Aquellos servicios acordados en la licitación del evento no fueron prestados y por los que la administración de Ripamonti debía reclamar más de $214 millones.
Por si fuera poco, la entidad tampoco cobró las multas por el incumplimiento del servicio pactado, sumando otros $128,5 millones sin percibir.
En vista de los antecedentes, el ente contralor procedió a formular un reparo por la totalidad adeudada. Acción equivalente a un paso previo para iniciar un juicio de cuentas que buscará restituir los fondos a las arcas fiscales.
“El proveedor no contaba con la autorización”
Otro de los errores detectados por Contraloría es la falta de acreditación de las certificaciones exigidas en las bases técnicas del proceso licitatorio, particularmente respecto a los fuegos artificiales.
En concreto, sobre las características de residuos, el calibre del explosivo de bajo ruido, la altura alcanzada y los decibeles generados por parte de la empresa adjudicada.
En esa línea, el organismo de control cuestionó que el municipio diera como fidedignas dichas cualidades del producto solamente a partir de una carta recibida por parte del proveedor.
“Yo, Xingming Che, como Director General de Liuyang Starlight Trading Co. Ltd., declaro que somos los proveedores de los artículos suministrados a Pirotecnia SpA y Piromar FX, los cuales están certificados con las normas ISO vigentes para ser presentados en las licitaciones que estime necesario”, rezaba la misiva.
La respuesta de la Contraloría fue tajante: “Tal certificación no hace mención si el calibre del explosivo era de bajo ruido, ni la altura alcanzada, como tampoco los decibeles generados, sin que conste cómo la comisión evaluadora dio por acreditado lo dispuesto” en las bases de la licitación.
Y es que el proveedor Pirotecnia SpA (unido a Piromar FX SpA) no contaba con la autorización del organismo competente para el uso de sus fuegos artificiales. En efecto, según detalla el informe, “los productos pirotécnicos a utilizar no reunían las condiciones exigidas por la Dirección General de Movilización Nacional”.
Esto, también significó un incumplimiento administrativo y técnico a las bases de la propuesta.
Es más, al momento de la adjudicación, la empresa Pirotecnia SpA incluso “se encontraba suspendida para ejecutar funciones por parte de la Dirección General de Movilización Nacional, entre ellas la de operar fuegos artificiales”.
Así, la responsabilidad recae sobre la Municipalidad de Viña del Mar, puesto que era su deber fiscalizar que el proveedor cumpliera los requisitos para operar.
Falta de capacitación
Una segunda debilidad por parte del municipio en el control interno del proceso, es la falta de capacitaciones realizadas a los funcionarios encargados de supervisar y fiscalizar el espectáculo.
Frente a la observación, el municipio reconoció al ente contralor la falta. No obstante, argumentó que “se dictó el reglamento que tiene como finalidad regular la actividad de los inspectores municipales, técnicos de obras, y a los de servicios, y que fue expuesto por profesionales de la Administración Municipal y de la Dirección de Asesoría Jurídica, el 26 de abril de 2023”.
Más allá de la defensa, ante el hallazgo de Contraloría, indicó que instruyó “la capacitación de los distintos inspectores de contratos en materia de normativa administrativa, compras públicas, contabilidad, etc. (Esto) con la finalidad de tomar las medidas pertinentes para poder levantar la observación efectuada por este ente contralor”.
Querella por estafa y demanda civil
Requerida por BBCL Investiga, la entidad viñamarina indicó que “como municipio compartimos el contenido del informe. Es más, este se construye en base a la información que el propio municipio proporcionó”.
Además, recordó que “tras conocer la situación sucedida hace 11 meses, deducimos una querella por delito de estafa e iniciamos las investigaciones internas para buscar a los responsables”.
En la misma línea, adelantó que están preparando una nueva acción judicial por infracción a la ley de armas. Esto, acusó, “debido a que se confirmó que el proveedor escondió y desobedeció órdenes expresas de la Dirección General de Movilización Nacional, exponiendo a un grave peligro a la comunidad”.
“El informe de Contraloría nos reafirma que debemos continuar impulsando el cobro de todos los perjuicios causados a la ciudad, a través de una demanda civil que ya está en curso”, puntualizó.
Por su parte, el diputado Andrés Celis (RN), una de las autoridades que denunció la situación, espera que el informe funcione como precedente para las futuras licitaciones del tradicional show de Año Nuevo. “Debe hacerse ajustado a la normativa y no al lote, pues aquí hay recursos que cautelar, sin contar la seguridad de todos los asistentes, que por supuesto es primordial”, argumentó.
“A mí me parece grave que tanto en Valparaíso como en Viña del Mar fueran incapaces de advertir que la empresa Pirotecnia SpA tenía suspensión de funcionamiento y operación de fuegos de artificio. Tenían elementos vencidos, que tenían que destruirse”, arremetió.
Con todo, en vista de los antecedentes, la Contraloría instruyó un procedimiento disciplinario en la Municipalidad de Viña del Mar. El objeto será determinar las responsabilidades administrativas involucradas en las irregularidades detectadas.
Asimismo, ordenó que la casa edilicia adopte las medidas de control necesarias para evitar que los errores vuelvan a repetirse. Acciones que deberá informar a la CGR, en los plazos de rigor.
