La Corte Suprema, en las próximas semanas, deberá elaborar la quina para proveer un codiciado e importante cargo al interior del Poder Judicial. Se trata del próximo fiscal judicial del máximo tribunal, puesto que ostentaba hasta hace unos días la abogada Lya Cabello Abdala, quien tras 42 años de servicio se despidió de las dependencias del Palacio de Tribunales al cumplir 75 años de edad.
Cerrado el ciclo de Cabello, nominada en 2017 por la entonces presidenta Michelle Bachelet, son varios quienes buscan llenar la vacante que dentro de sus competencias tiene la misión de fiscalizar a jueces y ministros. Es decir, investigar y sancionar cualquier atisbo de corrupción o de malas prácticas al interior de los tribunales.
Según el artículo 353 del Código Orgánico de Tribunales, al fiscal judicial le corresponde “vigilar por sí a los ministros o fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones, y por sí o por medio de cualesquiera de los fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones, la conducta funcionaria de los demás tribunales y empleados del orden judicial, exceptuados los miembros de la Corte Suprema”.
En la práctica, quienes conocen el trabajo que realiza el fiscal judicial comentan que su función radica en cárceles y en investigaciones administrativas. Por ejemplo, en medio de la pandemia se evacuó un informe titulado “Situación recintos penitenciarios en pandemia Covid-19”, en el que la ex fiscal Cabello concluyó que al interior de las cárceles no habían garantías para evitar los contagios de coronavirus entre internos.
Todo de nuevo
Es el mismo Código Orgánico de Tribunales el que da las directrices de cómo se elige el cargo, el que tiene tintes judiciales y políticos. Esto porque es la Corte Suprema la que elabora una quina desde la cual el Presidente de la República, en este caso Gabriel Boric, selecciona un nombre que somete a votación en el Senado. Lya Cabello Abdala, en su momento, fue aprobada por 30 votos a favor y una abstención del senador Iván Moreira (UDI).
Según ha conocido la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, hasta el lunes cinco de septiembre, serían 14 los nombres que han manifestado su interés en suceder a Cabello. Se trata de ministros de tribunales de alzada del país, fiscales judiciales en ejercicio y el secretario de la Corte Suprema. Uno de ellos es el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Manuel Muñoz Pardo (vea lista).
Muñoz Pardo, quien arribó al Poder Judicial como oficial tercero del 4º Juzgado del Crimen de San Miguel, ha sido ministro suplente del máximo tribunal y fue propuesto en diciembre de 2012 por el entonces Presidente Sebastián Piñera para ascender a supremo, nominación que fracasó. En su historial está el haber rechazado, como ministro de fuero, la demanda civil que interpusieron víctimas de Fernando Karadima contra el Arzobispado de Santiago.
Otro en la lista que ha tenido momentos mediáticos es Daniel José Calvo Flores, actual fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago. El ex juez Calvo ha sido relator de la Corte Suprema y ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Con una carrera con altos y bajos, un reportaje emitido por Chilevisión en 2003 echó por tierra su prometedor ascenso al interior del Poder Judicial.
En ese momento, mientras investigaba como ministro en visita el caso Spiniak, aquella pieza periodística reveló imágenes donde admitía que asistía a un sauna gay. Tras explotar el caso, la vida de Daniel Calvo nunca volvió a ser la misma. Un rol importante en el caso lo jugó Alejandro Guillier, entonces jefe de Prensa de la señal privada. En 2015 la Corte Suprema condenó a Chilevisión al pago de 120 millones de pesos por el concepto de daño moral a Calvo y su familia.
Jacqueline Nach Álvarez, fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, también postuló al concurso. Es, dicen, una funcionaria de carrera al interior de la judicatura. Ha investigado a magistrados de la V Región, uno de ellos, por ejemplo, el entonces magistrado de Isla de Pascua, Bernardo Toro Villarroel, a quien en 2019 indagó por su presunta responsabilidad luego de serios desmanes ocurridos al interior del Juzgado de Letras y Garantía de Rapa Nui.
Danza de nombres
Desde la Corte de Apelaciones de San Miguel, el ministro Roberto Ignacio Contreras Olivares también está en la lista. En los pasillos del Poder Judicial su nombre es conocido, pues no es primera vez que postula a cargos para llegar a la Corte Suprema. Sin ir más lejos, de forma paralela Contreras está en la quina para el cargo de ministro del máximo tribunal que dejó Guillermo Silva, donde corre con ventaja la ministra Jessica González Troncoso.
Pero antes de eso, Roberto Contreras buscó transformarse en supremo en el cupo que dejó Milton Juica Arancibia. En aquel concurso, la primera nominada por el entonces presidente Sebastián Piñera fue la ministra Dobra Lusic Nadal, carta que finalmente fue retirada por el Ejecutivo. En segunda instancia, la elegida fue la ministra María Angélica Repetto. Contreras, reconocen fuentes, sería cercano al ministro Sergio Muñoz Gajardo.
La fiscal de la 2º Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Javiera Verónica González Sepúlveda, también está en carrera. Fue ex ministra del tribunal de alzada capitalino y cuenta con una extensa carrera al interior de la judicatura. En 2015, mientras se desempeñaba como ministra, la Corte Suprema abrió una investigación administrativa en su contra por malos tratos, según dio cuenta el diario El Mercurio.
La indagatoria culminó con una sanción: amonestación privada por maltrato laboral. Luego de eso, y tal como dio cuenta BioBioChile, la magistrada González solicitó el cambio a fiscal judicial. En lo mediático, una de sus últimas actuaciones conocidas fue que quedó a cargo de un sumario instruido por la Corte de Apelaciones de Santiago contra un grupo de jueces que tramitaban el caso Soquimich (SQM).
Hernán Crisosto Greisse, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, y quien inició su carrera en 1984, también postuló al concurso. Antes de llegar a la capital, fue juez del tribunal de alzada de Puerto Montt, en la región de Los Lagos, donde ocupó el cargo de presidente durante más de un periodo. Dentro de su carrera, ya en la capital, fuentes judiciales destacan su actuación como ministro en visita en investigaciones de derechos humanos. Una de estas es la denominada “Operación Colombo”.
El fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Luis Norambuena Carrillo, es otro nombre. Al igual que a Crisosto, fuentes judiciales lo destacan por sus investigaciones ligadas a derechos humanos. Puntualmente “Colonia Dignidad”. “Gracias a él avanzaron las causas de Colonia Dignidad”, señala un abogado consultado. Y es que fue precisamente Norambuena quien estuvo tras los pasos de Paul Schäffer.
La ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Carolina Catepillán Lobos, es otra postulante. Es desde 2010 magistrada titular en el tribunal de alzada sanmiguelino. Es académica en la Universidad Alberto Hurtado (UAH) y no es primera vez que busca llegar a la Corte Suprema. Ha sido relatora suplente, interina y titular de la Corte de Apelaciones de Santiago; juez titular en el 17º Juzgado Civil de Santiago; relatora interina de la 1º Sala de la Corte Suprema; y relatora titular de la 3º Sala de la Corte Suprema.
De sur a norte
Carla Paz Troncoso Bustamante, fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel, cargo al que llegó en marzo de 2017, también presentó sus antecedentes. Tal como dio cuenta en su momento la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, Troncoso fue designada para dirigir una investigación disciplinaria que abrió San Miguel para indagar el nombramiento interino del operador político John Campos en la 5° Notaría de la comuna de San Miguel.
En la última cuenta pública que realizó la saliente Lya Cabello Abdala tuvo palabras para Troncoso y Jorge Norambuena. Dos quienes hoy buscan ejercer el cargo. “Desde la dictación del Acta 15-2018 y posteriormente el Acta 108-2020, hemos realizado 855 investigaciones disciplinarias implementando y mejorando permanentemente la plataforma SITINV, en que las realizamos. Gracias Carla Troncoso y Jorge Norambuena, San Miguel y Santiago por este estupendo trabajo”, dijo en aquella oportunidad.
Desde la región de Los Lagos, Jorge Benito Pizarro Astudillo, presidente de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, es otro candidato que busca llegar al cargo de fiscal judicial de la Corte Suprema. Misma situación que Rodrigo Padilla Buzada, fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Padilla no genera mayor atención por su perfil bajo, tanto que incluso algunos cuestionan que podría haber tenido una actuación más diligente a la hora de resolver casos que han pasado por su oficina. Ese actuar, en todo caso, podría convertirlo en el favorito.
La carrera judicial de María Loreto Gutiérrez Alvear, quien también postuló al cargo de fiscal judicial de la Corte Suprema, comenzó en 1979 como oficial segundo del Juzgado de Letras de San Bernardo. Con más de 25 años en la judicatura, actualmente es ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Ha fungido como oficial cuarto de la Corte de Apelaciones de San Miguel; relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago; como jueza del 36º Juzgado del Crimen de Santiago; entre otros cargos.
También desde el tribunal de alzada capitalino viene el ministro Mario Danilo Rojas González, abogado de la Universidad de Chile. Rojas, expresidente de la Corte capitalina en el año judicial 2022-2023, inició su carrera judicial en septiembre de 1974 como oficial tercero del 10º Juzgado del Crimen de Santiago. En 2005 asumió como titular de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Mario Rojas no ha estado en el centro de las polémicas como otros ministros de la misma Corte, pero sí fue cuestionado públicamente el año 2022. En medio de la campaña del plebiscito de salida, la Corte Suprema recomendó a las Cortes de Apelaciones del país prescindencia vía redes sociales frente a la votación. De hecho, el documento enviado se tituló “Recomendaciones para el uso de redes sociales por parte de los integrantes del poder judicial”.
Pero Rojas González fue más allá. Mientras presidía la Corte de Apelaciones de Santiago evacuó una resolución en la que solicitó información “dentro de 24 horas” sobre “jueces o relatores -según el caso- (que) hubieren incurrido en alguna de las conductas prohibidas por el Código Orgánico de Tribunales”. A quienes se identificara podrían ser objeto de sumario, cuestión que despertó malestar al interior de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados.
Jorge Sáez Martin, actual secretario de la Corte Suprema, es otro funcionario que postuló al cargo de fiscal judicial. Uno que por el momento realiza de forma subrogante, pues el Código Orgánico de Tribunales establece que “la falta de un fiscal judicial será suplida por otro del mismo tribunal cuando hubiere más de uno; por el secretario de la Corte, empezando por el más antiguo cuando hubiere dos o más”.
Sáez fue nombrado en 2015 por la entonces Presidenta Michelle Bachelet. Previo a su llegada al Palacio de Tribunales, en la vacante que dejó Rosa Pinto Egusquiza, se desempeñó como juez del 12º Juzgado de Garantía de Santiago. Antes, fungió como magistrado en el Juzgado de Letras de Pitrufquén y en el Juzgado de Garantía de Antofagasta.
Concentración de poder
No son pocos quienes recuerdan, al consultarles por el concurso, la situación que se dio con la ex fiscal judicial Lya Cabello Abdala y su pareja, el ministro de la Corte Suprema, Haroldo Brito Cruz, quien presidió el máximo tribunal durante el bienio 2018-2020. Y es que la llegada de Cabello no estuvo exenta de críticas que deslizaban posible nepotismo al interior del Poder Judicial.
La llegada de Cabello a fiscal judicial hizo que el ministro Brito dejara la Sala Penal de la Corte Suprema, trasladándose a la Sala Laboral y Previsional. Lo anterior, según explicó en la época el vocero Milton Juica, ya que Brito “después de haber conversado el tema, creyó que era mejor liberar a la sala de ese problema de instalación del tribunal permanentemente, por lo tanto con esta nueva destinación, ya la Segunda Sala no tendría esta dificultad que se produce, como decía, por un tema de incompatibilidad entre dos miembros de esta Corte Suprema, una fiscal judicial y un ministro”.
Pese a lo anterior, la situación siguió siendo un comentario que nunca dejó de recorrer los pasillos del Palacio de Tribunales e incluso se les apuntó de concentrar poder en tomas de decisiones propias y exclusivas del Poder Judicial. El plazo del concurso para ser el próximo fiscal judicial del máximo tribunal terminó. No obstante, quienes están al tanto de él comentan que mientras no se dicte la resolución que lo declare cerrado aún pueden presentarse postulaciones. Es más, los candidatos podrían aumentar.
