No ha pasado una semana desde que el Presidente de la República, Gabriel Boric, anunciara la salida de Marcela Ríos Tobar al cargo de ministra de Justicia y Derechos Humanos. La renuncia de la militante de Convergencia Social (CS) se dio luego que el mismo Mandatario reconociera “desprolijidades” en el proceso de indulto a 12 condenados por delitos en el contexto del “estallido social” y al ex frentista Jorge Mateluna.
Y es que el beneficio anunciado por el Jefe de Estado generó una verdadera crisis política, la cual derivó en que parlamentarios de Chile Vamos anunciaran y presentaran una acusación constitucional (AC) contra Ríos. El fundamento principal de dicha acción está en la “ilegalidad” y “negligencia” en el otorgamiento de los indultos.
“Se otorgaron infringiendo la ley siete indultos, es decir, se dejó en libertad a personas que tenían un prontuario considerable, que habían cometido graves delitos, y se dejó expuesta a la ciudadanía producto, precisamente, de que no se consideraron los antecedentes como hoy día reconoce abiertamente la ministra Vallejo”, señaló el pasado lunes el diputado Andrés Longton (RN), al anunciar el inicio del proceso.
Las palabras del parlamentario RN se dieron el mismo día en que la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo (PC), reconociera abiertamente ante los medios que si el Presidente hubiera contado con todos los antecedentes de los indultados la “situación habría sido distinta”.
El regreso de la vieja guardia
Ya alejada del Ejecutivo, la militante de Convergencia Social fichó al histórico socialista José Antonio Viera-Gallo para que asuma su defensa frente al Congreso Nacional. De esta forma, y en base a la experiencia de haber ocupado altos cargos en el Estado, la ex jefa de Justicia contará con un experimentado abogado que intentará echar por tierra los fundamentos de la acusación.
El asunto es que la defensa de Ríos se prepara alejada de los círculos de gobierno, por lo que se espera que los argumentos de la defensa estén focalizados en la verdad de los hechos, más que en salvaguardar las implicancias que el debate pueda tener al interior del Palacio de La Moneda.
Situación Jackson
Pero no solo Ríos está acusada por el Parlamento. A ella se suma ex el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), hoy en la cartera de Desarrollo Social y Familia (Mideso), Giorgio Jackson. Arremetida legal que vino desde el Partido Republicano a raíz de la entrevista de la ex Seremi de Desarrollo Social RM, Patricia Hidalgo, quien en conversación con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, acusó presiones para votar proyectos inmobiliarios.
Acusación, que a diferencia de la de Ríos, ha generado reuniones y análisis al interior del Ejecutivo principalmente por la posición de parlamentarios que estarían por aprobar el libelo acusatorio. Es más, según información que maneja Radio Bío Bío, desde el gabinete del ministro Jackson han intentado tomar contacto con legisladores, los cuales declinan algún tipo de diálogo sosteniendo que nunca fueron contactados y en otros casos escuchados en los tiempos que dirigió la Segpres. Será la abogada Claudia Sarmiento, socia del estudio Sarmiento, Walker, y Abogados, quien defenderá al ex dirigente estudiantil.
