Han pasado exactamente 76 días desde la última vez que fue vista con vida la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González (DC). Hasta el momento, se desconoce el paradero de la mujer de 73 años y su hija ha apuntado a un “femicidio político”, por las amenazas que la concejala había estado recibiendo por su rol fiscalizador en contra de la presunta corrupción en el municipio.

El caso, generó miedo y levantó las alarmas de distintos concejales a lo largo del país, y llevó a la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) a desplegar un análisis para conocer si otras autoridades comunales se encontraban bajo peligro. Los resultados fueron preocupantes.

Mientras que el año pasado solo levantaron dos casos, las amenazas de muerte a concejales que ejercen su labor de fiscalización y denuncia se han registrado 7 advertencias en distintas comunas de Chile en lo que va de este año. En algunos casos, la situación ha sido tan alarmante que se ha requerido desplegar protección policial, por ejemplo, en el caso de un concejal que comenzó a recibir fotos suyas, de su casa y su auto, junto a mensajes amedrentadores.

Las amenazas a concejales, usualmente buscan que el representante advertido deje de fiscalizar cierta irregularidad o apruebe algún tipo de patente para negocios de los cuales se sospecha que se están funcionando como fachada para delinquir. Las barberías, mall chinos y botillerías que crecen a escala imparable en distintos puntos del país han sido apuntadas por funcionar como puntos de acopio para el tráfico de drogas o casinos clandestinos, pero su fiscalización cada vez se vuelve más riesgosa para estas autoridades que no cuentan con ningún tipo de protección.

“Hoy los concejales y concejalas estamos en la primera línea del Estado, y el aumento de amenazas que recibimos no es casualidad: refleja la presión de grupos que buscan frenar la fiscalización y el avance en asunto de seguridad”, comentó a Radio Bío Bío Cristóbal Escobar, presidente nacional de concejales y concejalas de la AChM.

Un miedo que paraliza: concejales que dejan de fiscalizar

“Yo estuve cotizando para ponerle láminas blindadas a mi vehículo, hay unos chalecos también que pasan más desapercibidos (…) porque chuta, uno ve que cuando se trata de sicariato con estos tipos, con un monto de dinero que les pongan adelante no reparan en nada”, comentó en conversación con Radio Bío Bío Juan Francisco Rivera, concejal en San Bernardo.

En su caso, las amenazas las recibió por Instagram, con mensajes como “te vamos a mandar a los sicarios” e “igual te van a pitiar los sicarios”.

En conversación con Radio Bío Bío indicó que en su situación es difícil saber específicamente a qué hecho responden las amenazas, pero se puede inferir que en el caso de los concejales está íntimamente relacionado a su rol fiscalizador. En algunos casos, es evidente.

Así le ocurrió, por ejemplo, a una concejala de Copiapó, que en contexto de la posible aprobación o rechazo a la patente de alcohol de una botillería que se ha visto vinculada a actos delictivos, ha recibido múltiples llamadas y mensajes anónimos en los que la presionan y amenazan directamente para aprobar la patente. Así se lee en el parte policial de la denuncia, uno de los muchos que han ingresado en los últimos meses.

De acuerdo al concejal Rivera, este tipo de amenazas inciden directamente en la calidad del trabajo fiscalizador que realizan las autoridades. “Muchos concejales no denuncian por miedo a algún tipo de represalia, y se mantienen con un perfil más bajo”, comentó.

Así fue el caso de un concejal de Lampa, quien en ejercicio de su segundo periodo había estado participando activamente en las instancias de denuncia y fiscalización de barberías respecto a las cuales se sospechaba que funcionaban como fachadas para la venta de drogas, con clientes entrando y saliendo a altas horas de la madrugada.

En ese contexto, mientras caminaba un día por la calle Balmaceda, un sujeto extranjero le gritó desde una moto “tombo gonorrea, lo vamos a matar y picar a cuadritos (…) deje tranquilas las barberías o a la próxima se lo vamos a decir a tiros”.

Pálido y con miedo se retiró rápidamente a su casa, y decidió dejar de lado el asunto y no retomar la fiscalización sobre las presuntas narcobarberías en Lampa.

Los casos suman y suman. A un concejal de la Cisterna que entregó información sobre un vendedor de droga en la comuna a la PDI, le hicieron llegar el comentario que una conocida narcotraficante del sector lo había tildado de “sapo” y que le “harían llegar unos tiros” por denunciar a su “perro”. A una concejala en Lo Espejo, fueron a verla dos sujetos en persona para amenazarla, estacionando el auto para esperarla afuera de su casa.

Conocedores de la situación, han comentado que las barberías, las botillerías y los malls chinos, suelen ser focos del problema, por estar funcionando como fachada para otro tipo de comercio ilegal como el narcotráfico y los casinos clandestinos. Los posibles vínculos con el crimen organizado, hacen que el temor entre los concejales amenazados aumente.

“Cuando vemos barberías, casinos clandestinos o botillerías funcionando como fachadas, hablamos de algo mayor: el crimen organizado que infiltra nuestros barrios. Esa batalla no puede librarse sin que los municipios y especialmente las autoridades y vecinos estén protegidos”, indicó Escobar.

Expuestos y desprotegidos

“Yo hice la denuncia hace más de un mes, y hasta el día de hoy nadie ha tomado contacto conmigo, ninguna medida de resguardo”, comentó el concejal Rivera. “En definitiva, amenazas son amenazas, y si se trata de autoridades comunales, independiente de si es alcalde o concejal, debería existir un mismo trato”, agregó.

Escobar alzó la voz en la misma línea: “Mientras autoridades cuentan con resguardo policial permanente, los concejales pedimos condiciones mínimas de seguridad para seguir representando a los vecinos sin miedo”, indicaron desde.

Para enfrentar la situación, desde la Asociación Chilena de Municipalidades han solicitado reunirse con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y con el de Interior, Álvaro Elizalde, con el objetivo de crear una agenda pro-seguridad para concejales, ya que por el momento no existe un reglamento que establezca medidas de protección más rápidas para los representantes que se encuentran bajo amenaza.

“Nos reuniremos con autoridades porque la seguridad no es solo una tarea del Gobierno Central: requiere coordinación con los municipios y autoridades locales, que somos quienes vemos día a día cómo el narcotráfico y el crimen organizado penetran nuestros barrios”, concluyó Escobar.