El sábado 1 de junio de 2024 a las 13:38 el corazón de decenas de habitantes de Villa Baviera –ex Colonia Dignidad– se paró por un momento. En su tercera cuenta pública, el presidente Gabriel Boric Font acababa de anunciar su expropiación para transformarla en un sitio de memoria. Mientras los asistentes en la sala aplaudían y vitoreaban, en la villa crecía la incertidumbre y el miedo sobre el futuro.

“Lo sentí como una condena a muerte”, expresó en conversación con Radio Bío Bío uno de los residentes del asentamiento alemán fundado en 1961 por Paul Schäfer Schneider, condenado por los abusos de 25 menores de edad en la villa conocida por funcionar como un centro clandestino de detención, tortura y asesinato durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Y es que para gran parte de quienes actualmente administran Villa Baviera –hijos de colonos–, el lugar no es solo su hogar, donde tienen sus viviendas, su sustento económico y su comunidad, sino que también es donde al llegar como niños o nacer en el fundo, vieron violados sus derechos durante décadas, con ausencia de la intervención del Estado. Fueron esos años que los tienen en una posición vulnerable económica, física y psicológicamente, con grandes trabas para insertarse en una sociedad fuera de la comunidad en la que se han levantado.

Sus peticiones son tres: que, por los abusos vividos durante su infancia, sean considerados víctimas de vulneraciones a los derechos humanos, ser escuchados y tenidos en cuenta en el proceso de expropiación al ser afectados directamente por la misma y que se conforme una mesa de trabajo en la que sean consideradas las necesidades y realidad de los habitantes de Villa Baviera.

Sin embargo, el contacto ha sido difícil, y los han estado “peloteando” de una institución a otra, con una decena de cartas y solicitudes de reunión rechazadas. Así, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), han indicado que el tema está a cargo de Justicia. Desde Justicia, han comunicado que los procesos de expropiación no corresponden a ellos. Desde Presidencia, les han dicho que el tema hay que verlo con la Subsecretaría de Derechos Humanos, y desde esa misma Subsecretaría, les han devuelto a Justicia, sin poderse concretar nada en meses.

En conversación con Radio Bío Bío, representantes de la administración expresaron: “No pedimos ningún trato privilegiado, sino solo ser escuchados y tenidos en cuenta en este proceso. La expropiación, tal como fue anunciada, afectaría directamente a la vida de muchas familias que hoy viven en la Villa, además de afectar también nuestro sustento económico”.

“Por eso, pedimos ser tenidos en cuenta. Que nuestra historia también importe”, concluyeron.

Es por ello que ayer enviaron una segunda carta al Presidente, con el proceso ya en marcha, sin ellos.

Somos víctimas

La Colonia Dignidad se fundó en Chile desde 1961, cuando el predicador evangélico Paul Schäfer junto a decenas de seguidores alemanes se instalaron en un fundo en la precordillera chilena a unos 40 km al este de la ciudad de Parral.

El asentamiento, estaba caracterizado por su hermetismo, y posteriormente se descubrió que hasta 2005 se cometieron graves delitos como la explotación y abuso sexual de los miembros de la colonia y sus hijos, y que Colonia Dignidad también funcionó como centro de tortura y asesinato durante la dictadura.

Hoy 123 personas residen en Villa Baviera, 64 son pensionados y el 25% de la población vive en edificios que se encuentran en situación de expropiación, entre ellos 12 personas instaladas en el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), que se encuentra en el ex hospital.

Además, hay un número total de 204 personas que trabajan en Villa Baviera. De este total, 175 restantes son personas externas, lo que equivale al 86% del total de trabajadores en la comunidad.

Hoy, Villa Baviera funciona como un pueblo para sus habitantes y también como complejo turístico, por la vista del valle, las montañas y los bosques nativos. Como turista, se puede ir a comer en el reconocido restaurante alemán, y recorrer la zona a caballo, bicicleta o unimog.

Sin embargo, al sentarse a conversar con residentes de la villa los crudos relatos chocan con el encanto del lugar. Así, las historias de hombres y mujeres que llegaron como niños muy pequeños o nacieron ahí y fueron separados de sus padres, esclavizados, maltratados y abusados sexualmente, no son raras, y los detalles de golpes, tocaciones y electrocuciones que sufrieron durante años, conmueven a cualquiera que los escuche. “Es una historia que a veces se parece olvidar”, comentaron a Radio Bío Bío.

Es por ello que una de sus peticiones, tras el anuncio del proceso de expropiación es justamente eso: ser considerados víctimas.

“Nosotros somos sobrevivientes de lo que fue Colonia Dignidad, del régimen del terror de Schäffer. Crecimos en una burbuja de terror y abusos, en una secta fuera de toda norma social y Estado de Derecho, abandonados por el Estado alemán y el chileno”, relataron. Agregando que, “eso no quiere decir que desconocemos que también acá hubo víctimas de la dictadura. No queremos competir con eso, sino que buscamos abrir espacios de respeto y diálogo. Queremos poder avanzar juntos”.

La expropiación de Villa Baviera

Es en base a estas violaciones y el aislamiento al cual estuvieron décadas sometidos que, según relatan, se les hace inconcebible poder reinsertarse en otro lugar, separados de la comunidad en que se apoyan.

Aún hay habitantes que no saben nada de español –sobre todo aquellos mayores– y gran parte de los residentes se encuentran bajo tratamiento psicológico y/o psiquiátrico. En el ámbito económico, la mayoría no tiene grandes ahorros y depende directamente de las empresas que se encuentran en el sector, las cuales podrían ser expropiadas.

“Nos preocupa qué pasaría con las familias que quedarían sin techo, obligadas a salir de un lugar que, a pesar de su oscuro pasado, eligieron para seguir viviendo, porque es su hogar. Dejar ese pasado atrás y mirar hacia adelante, buscando de una vez por todas poder vivir en paz”, expresaron.

“Nos preocupan los ancianos y adultos mayores que residen en la Villa, que son más del 50% de los habitantes, que tienen barreras de lenguaje, emocionales y físicas, producto del aislamiento y torturas del régimen, que les hace imposible sustentar sus vidas e insertarse en la sociedad. Nos preocupa también qué pasaría con las más de 150 personas a las que hoy la Villa emplea. Ellos también están preocupados, porque es su sustento”, indicaron.

Es por ello que desde el anuncio, han buscado participar en el proceso de expropiación, para que estas mismas preocupaciones lleguen a las autoridades competentes, y las decisiones sean tomadas en cuenta junto a ellos.

“Buscamos llegar a una solución que, por un lado, permita a las familias de las víctimas de la dictadura recordar a sus seres queridos, y que, por otro, nos permita también seguir viviendo en este lugar, que a pesar de su oscuro pasado, es nuestro hogar y es donde hemos puesto todo nuestro esfuerzo y esperanzas para tener finalmente una vida en paz”, explicaron.

Sin embargo, el camino no ha sido fácil, y es que tras meses de intentos para establecer un canal de diálogo con el Gobierno –asesorados por la agencia de comunicación estratégica Extend–, aún no lo han logrado, siendo rechazados y redirigidos de una institución a otra.

Meses sin respuesta

El primer acercamiento se llevó a cabo el pasado 20 de agosto de 2024 cuando los representantes de los sobrevivientes se reunieron con el equipo del ministro de Vivienda, Carlos Montes, sin la asistencia de este. En ese momento la recepción fue positiva, y según relataron los administradores de Villa Baviera, el ministerio informó que el proceso recién estaba en la etapa de evaluación, pronto a ejecutarse de la mano con el Ministerio de Justicia. La idea de ser considerados para una mesa de trabajo fue bien recibida.

Sin embargo, hasta ahí llegó la colaboración.

Nueve días después, se logró una reunión con el entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, quien habría recalcado que el tema estaba en manos del ministerio de Vivienda.

Asimismo se solicitó una reunión con la Subsecretaría de Derechos Humanos, la que fue agendada en primera instancia, pero posteriormente suspendida y postergada, y que sigue sin respuesta.

El 27 de septiembre, se solicitó una nueva audiencia por lobby con Vivienda. Esta vez fue rechazada. La respuesta fue la siguiente: “Estimados muy buenos días, junto con saludar cumplo con informar que se ha resuelto cancelar solicitud de audiencia, dado que los temas que se abordarán son competencia del ministro de Justicia. Se sugiere elevar solicitud a dicho ministerio por esta plataforma”.

El 8 de noviembre se envió una carta al presidente Gabriel Boric, solicitando una reunión, ser incluídos en el análisis de la expropiación y ser considerados víctimas. En respuesta, se indicó que: “No fue posible otorgar la reunión con el presidente. Sin embargo, se informa que se ha derivado su presentación a la Subsecretaría de Derechos Humanos, la que, en el marco de sus facultades y competencias le brindará una respuesta directa”.

Es por ello, que el 18 de noviembre se envió una carta a Daniela Quintanilla, subsecretaria de Derechos Humanos, ante lo cual recibieron como respuesta que: “En cuanto al proceso expropiatorio, este es de competencia legal del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), por lo que la Subsecretaría de Derechos Humanos no es el órgano competente en la materia”.

Contactadas ambas instituciones el 16 de enero: desde el Minvu les indicaron que “se rechaza la solicitud de audiencia, ya que corresponden a materias del Ministerio de Justicia”, mientras que en la cartera liderada por Gajardo, les respondieron que “se rechaza la solicitud de audiencia, ya que los procesos de expropiación no corresponden a materias de competencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.

En conclusión, o existe un desconocimiento sobre qué institución está realmente a cargo del proceso, o por alguna otra razón, no los han querido recibir.

A pesar de esto, el Ministerio de Justicia en su cuenta de X publicó este lunes a las 8:26 AM que en marco del Plan Nacional de Búsqueda, “el ministro Jaime Gajardo se reunió con representantes de las diversas organizaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico militar en la ex Colonia Dignidad, a quienes dio a conocer específicamente los terrenos que serán expropiados por el Estado, con el propósito de establecer un sitio de memoria”. Reunión para la cual los administradores de la villa no fueron considerados.

Con sus pelos rubios, ojos claros y español con un marcado acento alemán, han confesado experimentar prejuicios respecto a personas que los ven como los vulneradores y continuadores de las violaciones de derechos humanos cometidas por los colonos ya fallecidos.

Algunas personas involucradas en el proceso, sospechan que estos estereotipos ligados a los habitantes de Villa Baviera podrían estar jugando un rol político en la negativa a recibirlos, según señalan ellos, en una especie de respuesta a su búsqueda.

Consultados por Radio Bío Bío, desde el Ministerio de Vivienda afirmaron que el acuerdo realizado entre ministerios estableció que sería Justicia el que estaría a cargo de la temática de esta expropiación, y no el Minvu, aunque este sí se encuentra colaborando en el proceso.

La respuesta desde la Subsecretaría de Derechos Humanos fue similar, indicando que la vocería y respuestas oficiales están a cargo del equipo del Ministerio de Justicia.

Finalmente, desde el Ministerio de Justicia respondieron que el proceso “se encuentra en desarrollo, de acuerdo a la planificación establecida y en coordinación con las respectivas instancias involucradas, considerando diversos antecedentes y opiniones sobre el impacto que la materialización de esta iniciativa tendrá, tanto desde el punto de vista de las personas que actualmente habitan en los sectores afectos, así como de la relevancia que tiene para el fortalecimiento de la memoria país en cuanto a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en ese lugar”, sin detallar en la negativa a reunirse con la agrupación aludida.

Carta Pública

Ante la problemática representantes de los sobrevivientes de Colonia Dignidad ingresaron una carta pública a la oficina de partes de La Moneda. En esta, volvieron a relatar su situación de víctimas, acusando al Ejecutivo de invisibilizarlos, adquiriendo un tono más duro que en las comunicaciones anteriores.

“Lo que pedimos, como hemos manifestado a autoridades de gobierno en los últimos meses, es simple: que nuestra voz también sea escuchada; que nuestra historia también importe. Eso, hasta el momento, no ha ocurrido”, acusaron.

“No puede ser que preservar la memoria sea a costa de todos quienes fuimos abusados por décadas bajo el régimen de Schäffer. (…) Creemos en la posibilidad de una solución justa, que honre la historia sin condenar nuestro presente. Consideramos que para esto es necesario ser parte del proceso”, concluyeron.