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Sueldo millonario: diputado Bobadilla apitutó a funcionaria amiga en el Congreso pese a prohibición

Sueldo millonario: diputado Bobadilla apitutó a funcionaria amiga en el Congreso pese a prohibición

Martes 18 junio de 2024 | 06:00

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Agencia UNO | Edición Constanza Escobar (BBCL)

Carolina Arias Arévalo tuvo este verano una doble militancia: ocupó una jefatura a tiempo completo de un SLEP en Concepción y, al mismo tiempo, figuró como "asesora" del diputado Sergio Bobadilla (UDI). Su paso por ambas reparticiones le significó obtener remuneraciones por más de 20 millones de pesos en sólo tres meses. Todo proveniente, desde luego, de las arcas públicas. Todo, pese a una expresa prohibición que buscaba justamente cuidar los dineros del fisco. Bobadilla responde: "Si hay algún error en la contratación de algunos meses pasados, por cierto corregiré como corresponde hacerlo".

Pese a estar estrictamente prohibido y a tener un contrato a tiempo completo en otro servicio público, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, apitutó en el Congreso a una funcionaria amiga por casi 3 millones de pesos mensuales.

De acuerdo a antecedentes recopilados por BBCL Investiga, el parlamentario contrató por tres meses —y en calidad de “asesora”— a Carolina Alejandra Arias Arévalo. Parte del círculo de hierro de Bobadilla, la trabajadora social percibió de manera paralela una remuneración bruta de hasta 5,3 millones mensuales, como jefa de la Unidad de Participación y Vinculación Territorial del SLEP Andalién Sur, de Concepción, donde está contratada a tiempo completo.

Requerido por este medio, el congresista reconoció un estrecho vínculo con su colaboradora y afirmó que “de existir algún problema, por cierto lo corregiremos”.

“Pero jamás —añadió— se podría poner en cuestión su capacidad profesional”.

Los millones

Arias es una de las funcionarias que prácticamente abrió el Servicio Local de Educación Pública penquista. Llegó menos de un año después de su creación, en 2020, bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Sus redes políticas son amplias: desde su juventud estuvo ligada a la UDI, partido donde incluso conoció a quien fuera su marido, el exgobernador de Concepción y cercano a Jacqueline van Rysselberghe, Alejandro Reyes Schwartz. Desde hace 20 años que es un “pilar fundamental” del trabajo de Bobadilla, según él mismo desclasifica.

Precisamente, ese último nexo la llevó a ser contratada entre enero y marzo de este año en calidad de asesora externa del parlamentario. Ganó unos 8,4 millones de pesos durante su veraniego paso por el Congreso.

$2,8 millones por cada mes.

¿El problema? De manera paralela, se hizo de otros $12,1 millones por su trabajo permanente en el SLEP, el organismo a cargo de la administración de los jardines, escuelas y liceos públicos de Concepción, Chiguayante, Florida y Hualqui.

Según información obtenida por BBCL Investiga, el desglose va así:

$3,6 millones, en enero; $3,2 millones, en febrero; y $5,3 millones, en marzo.

En total, en sólo tres meses, recibió $20,5 millones provenientes de las arcas públicas. Ello, sin contar que en febrero hay receso legislativo en el Congreso.

La prohibición

Más allá de los dineros, su contratación pasó por alto el reglamento interno de la Cámara. El Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, entidad colegiada que justamente regula estas materias, impide expresamente la contratación de funcionarios públicos en calidad de asesores. El objetivo es justamente “propiciar un correcto uso de las asignaciones parlamentarias”.

“Queda prohibida la contratación, con cargo a las asignaciones parlamentarias destinadas a personal de apoyo y/o asesoría externa de un parlamentario, parlamentaria o comité parlamentario, de funcionarios públicos, lobistas o gestores de intereses”, reza la restricción.

La norma sólo establece una excepción: académicos y profesores de universidades estatales, para quienes no rige esta prohibición. Algo que no ocurre en este caso, puesto que Arias no cumple ninguna de esas funciones.

“Queda prohibida la contratación, con cargo a las asignaciones parlamentarias destinadas a personal de apoyo y/o asesoría externa de un parlamentario, parlamentaria o comité parlamentario, de funcionarios públicos, lobistas o gestores de intereses particulares registrados como tales en el Reglamento de Lobby del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados. Respecto de la prohibición de contratación de funcionarios públicos, esta no incluye a quienes se desempeñen exclusivamente como académicos o profesores de alguna de las universidades del Estado”.
Prohibición del Consejo Resolutivo

Según confidencian fuentes de BBCL Investiga, se trata de un impedimento ampliamente conocido entre los congresistas. “No hay forma de que Bobadilla no supiera de esto”, dice uno de los consultados que conoce al dedillo el funcionamiento de la Cámara.

De acuerdo a los mismos requeridos, Bobadilla es el único parlamentario para el que Arias ha prestado servicios de manera paralela a su trabajo en el SLEP y hoy no cuenta con un contrato activo en el Congreso.

Sea como sea, el propio Consejo Resolutivo tiene agendada una sesión para este martes, instancia en la que —según cuentan fuentes allegadas a la entidad— se someterá a análisis la contratación de Arias.

El mismo reglamento ya había salpicado a una correligionaria de Bobadilla, la exsenadora Jacqueline van Rysselberghe. La entonces representante de la UDI tenía contratada como asesora a Olga Osses Klein, quien al mismo tiempo figuraba en calidad de lobista, de acuerdo a un artículo de BBCL Investiga publicado en 2020.

“Si hay error corregiré”

Consultado el diputado Bobadilla, reconoce un estrecho vínculo con la asesora-funcionaria.

“Con la Caro tuvimos una relación laboral, de equipo, de confianza, de apoyo, desde hace más de 20 años, cuando comencé mis funciones públicas y parlamentarias. Siempre ha sido un pilar fundamental en todo el trabajo que he desarrollado en las comunas que me ha tocado representar”, sostiene.

Respecto de las labores que desempeñó la servidora pública, el parlamentario afirma que ésta realizó asesorías “en materia social y comunitaria”.

“En la práctica, trabajo en terreno, talleres, conversatorios con actores relevantes del distrito 20 para poder tener la opinión de los vecinos respecto a los distintos temas abordados en las comisiones que participo”, asegura.

—¿Por qué fue contratada como asesora pese a que existe una prohibición expresa en el Congreso para contratar funcionarios públicos?

—La contraté temporalmente considerando su vasta experiencia en trabajo territorial y siempre está aportando con ideas en distintos temas relevantes para mi gestión. Las actividades desarrolladas eran principalmente los fines de semana, en horarios no laboral de ella, y también en su periodo de feriados legales. En cuanto a su consulta de prohibición, lo analizaré en la Cámara con el departamento respectivo para corregir lo que pudo hacerse mal. Ella ya fue funcionaria mía años atrás a tiempo completo y si hay algún error en la contratación de algunos meses pasados, por cierto corregiré como corresponde hacerlo.

—¿Ven una incompatibilidad entre ambas labores, considerando que Arias está contratada a tiempo completo en el SLEP Andalién Sur?

—Carolina prestaba servicios conmigo los fines de semana, cuando no cumplía sus labores en el organismo. Para nosotros los parlamentarios los fines de semana son muy intensos en actividades, puesto son estos días en que nos encontramos en el distrito (…) De existir algún problema, como Ud. me comenta en su consulta podría ser administrativo, de contratación y que por cierto corregiremos si se nos observa por parte de la cámara, pero jamás se podría poner en cuestión su capacidad profesional.

SLEP “NO SABÍA”

Requerido el SLEP Andalién Sur se remitieron a indicar que nada sabían respecto de las asesorías parlamentarias de Arias, pero enfatizaron que ella puede disponer de su tiempo libre como mejor le parezca.

Consultados por la eventual apertura de un sumario, lo descartaron, al indicar que no existen denuncias por esta materia en su contra y que “nunca ha habido un problema” con ella.

BBCL Investiga intentó conseguir una versión de la funcionaria, sin obtener respuestas hasta el cierre de esta edición.

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