“Estaban borrando información importante”.
Susana Méndez es diseñadora gráfica. Prestó declaración en calidad de testigo el 24 de noviembre ante la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI. Todo en el marco del caso Convenios. Prácticamente un año antes de concurrir al cuartel en Independencia fungió como una de las encargadas de redes sociales de Democracia Viva.
En su alocución, desclasificó que Daniel Andrade, el presidente de la fundación, hizo desaparecer información luego de que el escándalo copara la agenda de la prensa nacional.
Pero no es lo único. Un informe policial destapó que el exseremi del Minvu, Carlos Contreras, también eliminó antecedentes que podrían haber sido relevantes para la indagatoria que este jueves será formalizada ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta. Todo ello, pese a que desde RD les advirtieron que cualquier movimiento de esas características podría ser “sospechoso”.
“Ellos necesitaban bajar información”
Méndez conoció a Andrade en 2017. Si bien aseguró que nunca tuvieron una relación de amistad, sí se ubicaban por su participación en la federación de la Universidad de Chile, donde ambos estudiaron.
Según contó, no fue hasta cinco años después, en 2022, cuando él tomó contacto con ella para ofrecerle colaborar en Democracia Viva para “levantar proyectos”. Le dijo que estaban siendo financiados por organismos nacionales e internacionales.
Tras meditarlo, y al no tener mayores antecedentes negativos de la fundación, accedió. Primero ad honorem y luego, cuando se adjudicaron el proyecto en Antofagasta, comenzó a ser remunerada. Allí cumplió la labor de diseñar y diagramar el material para redes sociales.
De acuerdo a su relato, la relación con todos los miembros de la institución se mantuvo sin sobresaltos. Pero, luego de seis meses, dejó el cargo por motivos personales. Los problemas para ella comenzaron apenas el caso explotó.
“Después me enteré de todo el revuelo causado por el caso fundaciones. No tuve contacto nunca más ni con Daniel Andrade, ni con ningún otro miembro de la fundación, a pesar de que seguía siendo parte del Área de Comunicaciones”, declaró.
Eso, hasta que al poco andar fue requerida por Daniel Andrade y Catalina Guzmán (fundadora de Democracia Viva).
“Me contactan para preguntarme si tenía acceso a la página web de la fundación y a un correo electrónico de la fundación y redes sociales, porque ellos necesitaban bajar información desde ahí (…) Le entregué las claves sin mayores preguntas, ya que no me interesaba tener relación con la fundación y luego me enteré de que estaban borrando información importante de las páginas”, atestiguó.
“Me avisas y borro”
Andrade no fue el único que borró información relevante, según apunta la investigación. También lo hizo el ex Seremi del Minvu en Antofagasta, detenido este miércoles, Carlos Contreras.
El peritaje a su teléfono celular reveló que mantenía mensajes valiosos para la investigación que fueron eliminados. Ocurrió, por ejemplo, con Paloma Larraín, miembro del equipo territorial de la diputada Catalina Pérez.
“Se logra observar una conversación de la cual fueron eliminados los mensajes por parte de ambas personas desde las 17:38 del 30 de mayo hasta las 18:09 del 31 de mayo”, versa el peritaje.
—Carlos Contreras: Me avisas y borro.
—Paloma: Todo OK, borra nomás. Tienes cuenta de Signal? Podríamos trasladar para allá esta conversa.
—Carlos Contreras: Ya la instalo.
Según el informe policial donde quedó estampada la diligencia, lo propio ocurrió con otras personas “que a lo largo de la investigación podrían aportar información relevante” y las cuales “cumplían un rol importante, tanto en la Seremi como en la fundación Democracia Viva”.
Aquí, entre otros, aparece el propio Daniel Andrade. Este último incluso fue instruido respecto de que no borrara mensajes por parte de Edson Dettoni, abogado y entonces secretario ejecutivo de Revolución Democrática. Al menos así quedó graficado en una conversación fechada la mañana del 12 de junio de 2023.
“Lo que tienes que tener en cuenta es que eventualmente les pueden pedir la entrega voluntaria de computadores y teléfonos, así como el alzamiento del secreto bancario (…) Por otro lado, todo lo que se pierda o se borre, levanta sospechas, como en el caso del celular de Pradenas”, escribió Dettoni.
También lo aconsejó: “Podrían estar buscando configurar dos delitos: cohecho (buscarán cualquier referencia a un beneficio para el funcionario o un tercero para que se realice el convenio) y tráfico de influencias (esto es más complejo, pero refiere a cualquier influencia indebida y aquí lo indebido podría ser la infracción al deber de abstención”.
Dineros de RD
Son decenas de personas las que han declarado en la investigación por el llamado “caso Convenios”, que explotó a raíz de las transferencias realizadas desde la Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, representada legalmente por Daniel Andrade, ex pareja de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez.
Uno de ellos, tal como reveló este miércoles Radio Bío Bío, fue el asesor parlamentario del diputado RD Jaime Sáez, Tomás Flores Saavedra. En su declaración en dependencias de la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI), Flores reveló un pago por una “estrategia” a Democracia Viva desde Revolución Democrática.
“Fui designado por Revolución Democrática, partido en el cual milito, como jefe de campaña para los candidatos a consejeros constitucionales del nuevo proceso constituyente. Una vez en el cargo solicité a Daniel Andrade que Democracia Viva realizara una estrategia de campaña, recibiendo al respecto un informe de focus group y un Powerpoint con el desarrollo de la estrategia”, dijo ante los policías investigadores.
Pero en la carpeta de investigación, que suma 21 tomos y miles de fojas, está la declaración de Javiera Martínez Henríquez, constructora civil, quien cumple funciones desde junio de este año como jefa de la División de Acceso y Desarrollo Social del Ministerio de Energía. En su testimonio, Martínez confirmó lo señalado anteriormente por su par Flores. Cabe señalar que Martínez también es militante de RD.
Sobre el vínculo con la fundación Democracia Viva, Martínez Henríquez dijo que “legalmente no hay vínculo, no obstante, en febrero del presente año me invitaron a participar en el directorio de Democracia Viva por Paulina Cabrera, no recuerdo el segundo apellido, quien conocía porque pertenecemos al mismo partido ‘Revolución Democrática’”.
A continuación, le consultaron si sabía de organismos o partidos políticos que le hayan pedido a Democracia Viva trabajos en torno a análisis del proceso constitucional o asesoría a los candidatos de RD. Acto seguido dijo: “En relación a la asesoría comunicacional de los candidatos constitucionales de Revolución Democrática, fue el partido Revolución Democrática quien los contrató para tal efecto, cuyos recursos para el pago de estos servicios entiendo salieron desde el mismo partido”.
El incendio de Rojas
Otro de los damnificados con la seguidilla de revelaciones de declaraciones de la causa fue el titular de Vivienda, Carlos Montes (PS). Fue la propia ex subsecretaría de Vivienda, Tatiana Rojas, quien encendió la pradera, reconociendo en una declaración voluntaria que entregó un informe “al ministro antes que el caso fundaciones saliera en la prensa”.
Y agregó: “El ministro Carlos Montes estaba al tanto de las problemáticas entre la Seremi y el Serviu de Antofagasta y de las problemáticas que se estaban subsanando en el Programa de Asentamientos Precarios. Yo le confeccioné al ministro un resumen de la situación en Antofagasta de todos los convenios, entre los que se encontraba el programa desarrollado por Democracia Viva”.
Testigo revela que Andrade hizo desaparecer información de Democracia Viva al estallar caso Convenios
