La ciudad de Seattle, en los Estados Unidos, implementó una nueva prohibición de tirar baterías usadas a la basura y fortaleció sus políticas de reciclaje, acusando riesgos de incendio y preocupaciones medioambientales. La capital del estado de Washington se suma así a los estados de Washington D.C. y California, que han tomado medidas similares.
La prohibición afecta a toda una serie de pilas, desde las que alimentan audífonos hasta bicicletas eléctricas, constató GeekWire, porque las pilas desechadas pueden inflamarse y suponer peligros como incendios o fugas de productos químicos.
El reciclaje de pilas no sólo aborda estos riesgos, sino que también contribuye a los beneficios medioambientales al recuperar materiales valiosos en lugar de añadirlos a los vertederos, argumentan.
Asimismo, durante los últimos tres años, los bomberos de Seattle han respondido a numerosos incendios en estaciones de transferencia de residuos en los que las pilas eran una causa probable; en los dos últimos años, han respondido a 79 incendios provocados por baterías de iones de litio, a menudo mal cargadas, almacenadas o eliminadas; y a escala nacional, las baterías de litio se han relacionado con 245 incendios en diversas instalaciones, como vertederos y plantas de reciclaje, según un análisis de datos realizado durante siete años por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos.
En lugar de los basureros, los residentes de Seattle deberán depositarlas en estaciones de transferencia o solicitar la recogida de artículos especiales por una tarifa de 5 dólares (cerca de 4.600 pesos chilenos). Otras opciones son utilizar Call2Recycle para localizar los puntos de venta que aceptan pilas usadas y suscribirse a Ridwell, una empresa privada que ofrece un servicio de 14 dólares al mes para recoger y reciclar artículos, incluidas las pilas.
Finalmente, para ampliar aún más las opciones de reciclaje de pilas, el estado de Washington aprobó una ley que obliga a los fabricantes de pilas a financiar un sistema de recogida más sólido, establecer objetivos de reciclaje y mejorar la educación pública. Sin embargo, estas normas no entrarán en vigor hasta 2027.
