La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó el martes una ley que reconoce el derecho humano al agua.
No obstante, este cuerpo legal ha sido criticado por las organizaciones ambientalistas.
La normativa, cuyo anteproyecto fue promovido por el gobierno de Nayib Bukele y dejó afuera las iniciativas presentadas en el pasado por las organizaciones y la Iglesia Católica, fue aprobada con 65 votos de los 84 diputados.
La nueva legislación establece que “El Salvador reconoce el derecho humano al agua” y “al saneamiento” como “componentes del derecho a un nivel de vida adecuado”.
“El Estado, en todos sus órganos fundamentales de Gobierno y sus instituciones, tienen la obligación y la responsabilidad primordial de garantizar el goce efectivo a su población del derecho humano al agua potable y al derecho humano al saneamiento”, reza el primer artículo.
Este añade que el acceso se debe dar con “equidad e igualdad de género y sin discriminación alguna, asegurando la sustentabilidad ambiental, para las presentes y futuras generaciones”.
Nunca privada y creación de la Autoridad Salvadoreña del Agua
La Ley General de Recurso Hídrico también establece que “el agua no podrá ser privatizada bajo ninguna condición” y crea la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA).
“La ASA será la instancia superior, deliberativa, rectora y normativa en materia de política de los recursos hídricos”, indica la legislación.
Esta entidad estará conformada por un presidente, nombrado por el jefe de Estado, una junta directiva, una dirección ejecutiva, organismos zonales de cuenca y un tribunal sancionador.
Pero la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua alzó la voz al respecto.
Críticas a la ley
La instancia, que aglutina a organizaciones sociales, señaló que esta ley no incluye “lo propuesto por las organizaciones ambientales y sociales”.
A eso sumó que no contiene todos los “puntos no negociables”.
Estos puntos son que el agua se reconozca como bien público.
También que su gestión sea sustentable, incluya la participación de la población, más un régimen económico justo y equitativo.
Anteriormente, el Foro del Agua afirmó que la propuesta de ley del gobierno de Nayib Bukele “normaliza la injusticia hídrica”.
En octubre, la organización aseveró que la ley mantiene “los mecanismos enquistados en el Estado que generan injusticia hídrica, favorecen el robo y el despojo del agua” por grandes empresas.
De acuerdo a estudios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), se prevé que para 2022 el 80% del territorio del país registre niveles de “estrés hídrico” por la escasez de agua.
