La Contraloría General de la República coordinó junto a 12 entidades fiscalizadoras de Latinoamérica, una auditoría para determinar la acción de los Estados en lo que se denomina pasivos ambientales mineros (PAM), en otras palabras, “faenas mineras abandonadas que podrían convertirse en potenciales focos de peligro para la salud de las personas y daño al medio ambiente”.
En el caso de Chile, algunos de los principales hallazgos “apuntan a la inexistencia de un catastro de este tipo de faenas en el país. Incluso más: en algunos casos no sabemos la composición de contaminantes y, por si fuera poco, se estableció la construcción de viviendas sociales en las proximidades de pasivos ambientales, lo que evidentemente genera un alto riesgo para la salud de quienes habitan allí”, resume el documento.
La auditoría, efectuada entre 2019 y 2021, se realizó para determinar si los gobiernos cuentan con una gobernanza y mecanismos para un manejo integral de residuos mineros.
La conclusiones en Chile
Según las conclusiones de la auditoría, en Chile, “la Ley de Cierre de Faenas Mineras y su reglamento son el principal instrumento normativo para prevenir la generación de PAM. Sin embargo, no hay una estrategia de largo o mediano plazo para el tratamiento de ellos”.
Además, se detectó la ausencia de herramientas que garanticen la participación ciudadana en el manejo de los PAM y procesos relacionados con la gestión de los sitios potencialmente contaminados.
En ese sentido, Chile no cuenta con un inventario de los PAM a nivel nacional ni con una priorización de dichas estructuras. Tampoco existe una evaluación con miras a su tratamiento, expresa el documento.
Por último, se verificó que en el país las entidades públicas competentes no han mapeado las acciones desarrolladas en los objetivos de desarrollo sostenible y que, a julio de 2020, los mecanismos de coordinación para la implementación de la Agenda 2030 se encontraban inactivos.
Comparación con el resto de latinoamérica
En América Latina, Perú se destaca por poseer una estructura de gobernanza definida respecto a la gestión preventiva y correctiva de los PAM, lo cual se expresa en un nivel de desarrollo del 76,5% de los aspectos evaluados. Mientras que Ecuador, el segundo mejor evaluado, alcanza un desarrollo del 54,4%, con foco en la prevención y restauración.
Argentina, en tercer lugar, alcanza un desarrollo del 54% sobre el modelo de gestión mínimo, orientándose a la prevención de estos
pasivos, seguida por México, el más destacado de América Central, que alcanza un desarrollo del 52,2%, con avances en la prevención y en la restauración de pasivos ambientales.
Luego viene el salto en porcentaje, con Chile, que tiene un desarrollo del 22%, con mecanismos de gestión preventiva. Mismo porcentaje tiene Brasil, orientándose a un modelo preventivo de estos pasivos.
Más atrás los sigue Bolivia con 17%, El Salvador con 14,7%, Colombia con 13,2% y Honduras con 12,5%.
El último lugar lo ocupa Guatemala, que tiene un desarrollo del 8,1 %, con foco en la prevención de pasivos ambientales.
Conclusiones en la región
La auditoria llegó a la conclusión de que en general, la región carece de un marco legal y definiciones normativas en torno a los PAM. “Salvo en Perú, Ecuador y México, donde hay acciones correctivas, las políticas públicas y los instrumentos existentes se orientan a la prevención de nuevos PAM, pero no se hacen cargo de los existentes”, se explica.
Respecto a los mecanismos de participación ciudadana en los países estudiados, “son débiles e insuficientes”. Las personas no pueden acceder a información de calidad ni a proponer soluciones, aclara el informe.
Por lo anterior, las entidades partes hacen una serie de recomendaciones a las naciones involucradas: Generar marcos e instrumentos regulatorios y definir estándares de regeneración de medio ambiente. Asignar recursos para financiar iniciativas relativas a los PAM, favorecer acceso a datos ambientales desarrollo de inventarios de los PAM y fortalecer mecanismos de de seguimiento y evaluación de ODS.
Finalmente, el documento informa que “la problemática ambiental y social carece de planificaciones estratégicas en la región, provocando que las iniciativas implementadas propongan un accionar débil, fragmentado y descoordinado, situación que deberá ser revertida en el corto plazo, por los gobiernos auditados”.
