La Contraloría General de la República (CGR) presentó un informe que evidenció el elevado numero de denuncias sin procesar por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2019: más de la mitad de ellas no tuvo ninguna gestión asociada a lo que establece la ley orgánica de ese organismo.
Según el documento, entregado el 8 de mayo, 2.508 denuncias de las 4.671 ingresadas a la superintendencia, que equivalen al 53,6%, no contaron con un proceso sancionatorio ni con fiscalización ambiental.
“La superintendencia no respondió, no respondió. Y como no respondió nos vimos competidos, como corresponde, a ingresar una denuncia a la Contraloría”, sostuvo Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad.
Por su parte, el superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza, señaló que cuando asumió el cargo – a fines de 2019 – ya había un alto número de denuncias que permanecían en formato físico, sin ser procesadas.
Además, aseguró que cuando comenzó sus funciones los tiempos de tramitación de una denuncia alcanzaban los 300 días en promedio.
La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, sostuvo que con la implementación de un sistema más moderno la respuesta a las denuncias durante el año pasado fue más efectiva.
“En 2020 gracias a la digitalización de todas las denuncias, sobre todo en regiones, fue el primer año que se superó la cantidad de respuestas a la cantidad de denuncias que se habían realizado”, destacó.
Ante su hallazgo, la CGR le exigió a la SMA ejecutar un catastro que incluya las denuncias pendientes.
Además, anunció que comenzará con un procedimiento disciplinario, eso con el objetivo de determinar las posibles responsabilidades administrativas por esta situación.
La respuesta debe ser informada a la Contraloría en un plazo máximo de 60 días hábiles, contados desde la entrega del estudio.
